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Bajo el título «Legaltech 2.0: cómo la IA generativa impulsa el trabajo legal», Irene Fidalgo Fernández, Legal Engineer en Cuatrecasas, nos ofrece su visión sobre cómo estas tecnologías están transformando la práctica jurídica, mejorando la eficiencia, la precisión en el análisis documental y la gestión del conocimiento en los despachos.

La proliferación de tecnologías y herramientas legaltech ha revolucionado la gestión del conocimiento en el ámbito legal. Aunque sería imposible mencionarlas todas en un solo artículo, hablar de tecnología, a día de hoy, implica hablar de inteligencia artificial (IA) y en concreto de inteligencia artificial generativa (IA Generativa).

Da igual en qué ámbito nos encontremos o a qué nos dediquemos, desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en noviembre de 2022, no podemos evitar toparnos con este tipo de herramientas. La abundancia de cursos, ensayos y artículos dedicados a esta tecnología, y su protagonismo en eventos como el Mobile World Congress en Barcelona, son prueba de ello.

Como no podía ser menos, el ámbito del derecho también ha adoptado como suyas este tipo de herramientas y, en concreto, los Large Language Models (LLMs), como GPT-4o de OpenIA, han supuesto una revolución a la hora de hacer más eficiente el trabajo de los abogados.

Eficiencia y Precisión con Modelos de IA Generativa

Por una parte, los modelos de IA Generativa de uso general mejoran la eficiencia a la hora de extraer información de documentos, analizar y resumir textos e, incluso, al empezar a trabajar sobre un documento en blanco, ya que reducen significativamente el tiempo que se emplea para estas tareas en comparación con el trabajo manual, mejoran la precisión en tareas específicas y permite centrarse en tareas de valor añadido. Además, los LLMs “entrenados” en lenguaje jurídico o adaptados a casos de uso específicos del ámbito legal ofrecen mejores resultados.

Integración de IA Generativa con Herramientas Legaltech

Por otra parte, si en lugar de hablar de modelos “stand alone”, que toman como fuente de conocimiento todo el ideario disponible en la “World Wide Web” en un momento fijo en el tiempo (no actualizado necesariamente) y, a lo sumo, tienen un “fine- tuning” para adaptarlos al mundo jurídico, hablamos de modelos integrados en otras herramientas legaltech, como bases de datos jurídicas o con el propio conocimiento interno de un despacho, la revolución que supone para la gestión del conocimiento jurídico es aún mayor.

A día de hoy la gran mayoría de las herramientas de legaltech que existen pueden integrarse o ya están integradas con algún modelo de IA, tanto tradicional (machine learning, deep learning,…) como generativa, haciendo estas herramientas más precisas a la hora de realizar búsquedas y analizar datos y textos entre otras funcionalidades.

La integración con bases de datos supone tener un “asistente” que ayuda en las búsquedas de doctrina y de jurisprudencia y que es capaz de analizar y resumir textos y contenido jurídico de valor comprobado, puesto que la IA generativa conecta con el motor de búsqueda clásico de este tipo de herramientas legaltech y acota las búsquedas a su contenido curado y seleccionado, eliminando todo el ruido que aporta la inmensidad de internet. Además, estas herramientas pueden incluir flujos de trabajo pre-creados para casos de uso concretos (“prompts” de calidad que reflejan tareas habituales), lo que hace que el trabajo de búsqueda se simplifique más, ya que no tenemos que idear un prompt cada vez que necesitamos hacer este tipo de tareas.

En esta misma línea, la integración con el conocimiento interno de la firma, ya sea simultáneamente a la integración con bases de datos jurídicas, o como integración única, permite mejorar la precisión de la respuestas significativamente, ya que la aplicación de IA generativa tomará como base para responder a las consultas que se le planteen, aquellos documentos que los propios abogados del despacho han seleccionado como conocimiento estratégico (modelos, estándares e incluso criterios propios que se hayan emitido para resolver dudas jurídicas), dando una respuesta ajustada a los criterios sentados por los expertos en cada materia.

Igualmente, la integración de IA generativa con herramientas de redacción y gestión de contratos y con nuestro conocimiento interno implica que no estamos solos mientras redactamos un contrato u otro documento jurídico, ya que tenemos un “asistente” que analiza lo que escribimos y puede sugerirnos mejoras o cambios basados en documentos propios, que siguen las pautas y estándares de calidad del despacho.

Limitaciones, Riesgos y la Importancia del Factor Humano

Por supuesto, toda esta “ayuda” que presta la IA generativa debe ser revisada integramente por un experto en la materia, ya que, aunque cada modelo de IA generativa nuevo mejora al anterior, todavía existen riesgos inasumibles para el sector legal como las alucinaciones o el hecho de que la información disponible para la herramienta pueda estar desactualizada, entre otros.

En definitiva, la IA generativa nos hace más eficientes y productivos y permite a los abogados centrar su trabajo en tareas de mayor valor añadido. Los LLMs son excelentes en tareas de análisis de texto, resúmenes, traducciones y, en general, en cualquier tarea que implique trabajar con el lenguaje, no obstante, hay margen de mejora en cuanto a las respuestas generadas. Incluso de aquellos modelos especialmente diseñados para el sector jurídico.

Sin embargo, no podemos olvidar que las respuestas generadas por la IA generativa no son respuestas razonadas, basadas en conocimientos teóricos y prácticos, como las que daría un humano, sino que son respuestas generadas utilizando relaciones y patrones aprendidos para predecir el siguiente elemento de una secuencia mediante un cálculo probabilístico.

Más allá de mejorar los modelos y la forma en la que analizan texto, ahora mismo, la mejora en la usabilidad de estas herramientas pasa por integrarlas con materiales de calidad y acotar sus búsquedas para que no se extiendan a la totalidad de material con el que se le ha nutrido para “enseñarle a procesar el lenguaje natural”, sin olvidar la imprescindible revisión y adaptación del resultado obtenido por un abogado experto en la materia.

Por ello, podemos concluir que actualmente es imprescindible estar al día de las nuevas tecnologías que pueden hacer nuestro trabajo más eficiente, pero que el factor humano del abogado especializado es fundamental para asegurar que estas herramientas operen de forma precisa y segura.

El pasado 27 de abril, Inés Vallín Cifuentes, Team Leader Big Ticket en Zelsior, ofreció una tribuna de opinión para Confilegal bajo el título «La digitalización de la Justicia madrileña en 2026: ¿un fracaso anunciado?».

Cuando uno se imagina un Juzgado, piensa en togas, personas corriendo y esperas en pasillos; pero también piensa en torres de papel, en carpetas llenas de folios y en maletines repletos de expedientes.

La Comunidad de Madrid afirma que para 2026 este escenario desaparecerá, dejando paso a un sistema judicial cien por cien electrónico o de papel cero, donde los documentos físicos se verán sustituidos por el expediente digital, asumiendo la Administración el compromiso de renovar la infraestructura tecnológica.

Este ambicioso proyecto, fija en el horizonte la idea de una Administración ágil y eficaz, para la que el ejecutivo regional ha decidido destinar un presupuesto de más de 53 millones de euros en dos años. Sin embargo, aunque loable, este objetivo no está exento de desafíos y retos que se deben tener en cuenta para que la implantación sea real y eficiente.

Enfrentándonos diariamente a los medios tecnológicos precarizados de los Juzgados, parece difícil creer que en un año se vayan a unificar los sistemas informáticos y que, además, dicha unificación y digitalización no suponga un lastre en el quehacer diario de los profesionales y particulares.

Ya hemos visto los intentos de digitalización en otras Comunidades, y lo cierto es que las reticencias de los operadores son notables, puesto que, partiendo de un sistema creado para lo analógico, lo presencial y el papel, se pretende un giro de ciento ochenta grados, generando en muchas ocasiones una gran resistencia al cambio. Ya ocurrió así con la implantación del sistema Lexnet, y previsiblemente ocurrirá con este proyecto también.

En esa línea, parece interesante revelar los posibles costes ocultos que conlleva la digitalización, pues hablamos de cambiar el trabajo de miles de personas, desde jueces, fiscales o funcionarios, hasta abogados o procuradores. Un cambio que conlleva una pérdida de productividad en el proceso de aprendizaje y adaptación y que es probable que ahogue más a un sistema que ya está suficientemente colapsado.

Por otro lado, en un sistema donde las diferentes Administraciones regionales interaccionan continuamente, asombra la inexistencia y la falta de previsión de la gestión de los datos compartidos, así como la creación de un marco digital común que haría más eficiente el flujo de datos e información.

No debemos olvidarnos de los márgenes, y en los márgenes de este proyecto se quedan personas que interactúan constantemente con la Administración: personal con carencias tecnológicas, personas mayores o sin recursos.

Cuando hablamos de digitalizar la Justicia, un trámite necesario y urgente, no lo podemos hacer solamente desde el punto de vista del cambio de los sistemas informáticos, sino que inexorablemente debemos hacerlo también desde el cambio en la parte humana y en sus costumbres.

En relación a lo anterior, algo que suele fallar en este tipo de proyectos, es la falta de evaluación y control del impacto de los mismos. No se incluye a los operadores jurídicos en las posibles reformas o mejoras y no se mide el grado de satisfacción de los usuarios con el nuevo sistema. Así pues, se hace imperativa la medición del rendimiento, pues por muy alto que sea el coste de la evaluación, la inversión en la digitalización, si no tiene retorno, es una inversión perdida.

Otra de las figuras más controvertidas de este proyecto es el llamado “Buscador 360”. Esta herramienta, permite que los empleados públicos puedan buscar todo lo relacionado con un expediente judicial a la vez. Para ello, incorpora 60 millones de documentos y 500.000 videos transcritos automáticamente mediante inteligencia artificial.

Los principios de esta herramienta convergen directamente con lo regulado en la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que prohíbe las decisiones automatizadas en ciertas materias más sensibles como la Justicia. Aunque no queda clara la convivencia de esta figura con la norma, lo que sí que está claro, es que del error o del mal uso de esta herramienta se pueden derivar consecuencias jurídicas con gran impacto para el ciudadano.

Puedes leer la tribuna completa publicada por Confilegal a continuación: La digitalización de la Justicia madrileña en 2026: ¿un fracaso anunciado?

Bajo el título «¿Vida después de la muerte? Hablemos de patrimonio digital», Helena Palomino Moraleda, Profesora de Derecho Civil en Universidad de Castilla-La Mancha, nos ofrece su visión sobre un tema cada vez más relevante: la sucesión del patrimonio digital tras el fallecimiento. Reflexiona sobre cómo la huella online que dejamos plantea nuevos desafíos jurídicos y sucesorios.

¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrirá con tu perfil de redes sociales cuando fallezcas? O, en caso de invertir en monedas virtuales, ¿cuál será su destino tras tu muerte? Considero erróneo afirmar que hoy en día vivimos una revolución digital. Al menos datar esta cómo algo novedoso de nuestros días. Ya en el nuevo siglo, la presencia de Internet, las redes sociales, los asistentes virtuales e incluso los coches autónomos forman parte de nuestro día a día y conquistarán más terreno gracias a los avances de la tecnología. En España conviven los llamados nativos digitales y quienes, no siempre por propia elección, se han adaptado a la nueva realidad digital. Pero ¿qué impacto tiene esta inmortal vida online cuando la naturaleza del ser humano se abre paso?

Tradicionalmente, el patrimonio que una persona transmitía a sus sucesores estaba formado por sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguían con su muerte. Estos elementos no han variado, pero sí lo ha hecho su naturaleza. La irrupción de la digitalización ha introducido nuevos factores en el proceso sucesorio. Las personas ya no son titulares, únicamente, de bienes tangibles, sino que, debido a que nuestras vidas tienen lugar -la mayor parte del tiempo- online (interacción en redes sociales, comercio electrónico, banca digital, etc.) dejamos una huella digital que será imborrable; una presencia que perdurará después de nuestra muerte. Este hecho ha generado numerosos interrogantes entre los juristas españoles quienes, ante la pregunta de qué ocurrirá con esta identidad digital cuando ya no estemos, debatimos sobre la necesidad de crear nuevos instrumentos jurídicos para ordenar la sucesión de estos bienes digitales o si es suficiente con los ya existentes.

Aunque la cuestión no está exenta de polémica, considero que nada obsta para interpretar que el Código Civil español permite que la herencia, cómo objeto de sucesión mortis causa, comprenda tantos bienes analógicos cómo digitales (artículo 659). Lo que hace irrelevante para la cuestión, más allá de la esfera conceptual, diferenciar entre unos y otros. Por lo tanto, no existe duda de que el patrimonio digital será objeto de transmisión a la muerte de su titular. Igualmente, los instrumentos que el ordenamiento jurídico dispone en la actualidad para ordenar la sucesión (voluntad del causante y ley) resultan válidos para tal fin.

Uno de los principales problemas que se plantean es el conocimiento del legado digital. Cómo es habitual, el otorgamiento de testamento reduce el foco de oscuridad. El titular de bienes digitales puede determinar cuáles son sus bienes digitales y ordenar su destino para cuando él ya no esté, así como comunicar las claves de acceso para acceder a ellos o imponer cargas a sus sucesores sobre el modo en el que estos deben ser gestionados. Sin embargo, no siempre quien fallece ha otorgado testamento, lo que complica la cuestión. En este escenario resulta fácil conocer, por ejemplo, los bienes inmuebles del fallecido a través del Registro de la Propiedad, pero la inexistencia de una institución similar para los bienes digitales obstaculiza su transmisión. Además, la existencia de sistemas de auto custodia cómo las billeteras propias (wallets) en materia de criptoactivos pueden suponer una barrera para la sucesión hereditaria, aumentando las posibilidades de que se pierdan para siempre si su titular no ha comunicado su existencia o las claves privadas.

En todo caso, el patrimonio digital puede observarse desde dos perspectivas, la patrimonial o como protección de datos personales. Aunque solo esta última ha sido objeto de regulación, a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos, habrá ocasiones en que ambos escenarios converjan cómo es el caso de los perfiles en redes sociales monetizados. Para la transmisión del patrimonio digital se debe tener también en cuenta la presencia de los prestadores de servicios o bienes digitales, encargados de permitir el acceso. El art. 96 LOPD legitima a un amplio número de personas para acceder a los contenidos digitales de la persona fallecida. No se reconoce legitimación únicamente a sus herederos sino también a las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o, de hecho. En caso de que se haya dispuesto en testamento, considero que debería primar la voluntad del causante (et voluntas illius lex sit) por encima de tal regulación y reconocer solo cómo sucesores en los contenidos digitales a las personas que este hubiera designado.

Sin embargo, la cuestión no es tan clara cuando la sucesión está ordenada por ley, pudiendo generar controversias, en especial, con respecto a la intimidad de la persona fallecida. Aunque es cierto que el derecho a la intimidad, al ser personalísimo, no se extiende tras la muerte, sí existe una protección a la personalidad pretérita del fallecido que puede verse afectada. Esta amplia legitimación puede generar también otros conflictos en la praxis, cómo por ejemplo la falta de unanimidad entre los legitimados en cuanto a las decisiones de gestión de ese patrimonio o la incompatibilidad con la voluntad que expresó el fallecido a las plataformas. Compañías cómo Apple prevén que pueda designarse en vida un representante digital que estará legitimado para acceder a los datos almacenados en la cuenta tras el fallecimiento del titular. ¿Debe Apple reconocer el acceso a estos contenidos digitales únicamente a quien la persona haya designado cómo representante o a todos a quienes la LOPD reconoce legitimación? Considero que solo quien haya designado el fallecido debe estar legitimado para acceder.

Cómo se observa la sucesión del patrimonio digital plantea interesantes retos de futuro en los que el papel de los Notarios será fundamental, así como la creación de depósitos de contraseñas o registros de bienes digitales que faciliten la transmisión. Estaremos expectantes al alumbramiento de nuevas figuras que aporten seguridad jurídica a la cuestión.

Anunciamos la incorporación de Pablo de la Viña Muhlack como nuevo CEO. Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, de la Viña se suma a la dirección de la compañía tras la fusión total de Atlante y Proinvest bajo la marca Zelsior.

Pablo de la Viña Muhlack cuenta con una amplia experiencia en estrategia y análisis de cobros, habiendo ocupado puestos clave en reconocidas instituciones financieras y bancarias (Link Finanzas, Savia Asset y Citibank). A lo largo de sus más de 20 años de carrera, ha liderado con éxito equipos en la implementación de soluciones innovadoras para la optimización de procesos de recuperación de deuda, contribuyendo significativamente al crecimiento y la eficiencia de las organizaciones en las que ha trabajado. Con un enfoque constante en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, su experiencia será fundamental para llevar a Zelsior hacia nuevos horizontes, consolidando su liderazgo en el sector y abriendo oportunidades de expansión en el sector judicial, principalmente el de recuperación de deuda.

Asimismo, su fichaje coincide en el año de la celebración del décimo aniversario de la empresa, un hito que refleja diez años de crecimiento, innovación y compromiso en el sector de la recuperación de deuda.

Crecimiento y transformación

Fundada en 2015, y gracias a la combinación de tecnología propia basada en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning como herramienta estratégica para automatizar procesos, y a sus profesionales altamente cualificados, Zelsior se ha convertido en la compañía líder en el ámbito de los servicios de gestión procesal y uno de los principales referentes Legaltech en España. La firma ofrece servicios legales 360º en el ámbito de la gestión del crédito gracias a la aplicación de la tecnología avanzada propia (software Lyra) que permite la gestión y automatización de procedimientos masivos y la optimización de recursos mediante la IA aplicada al ámbito legal, transformando la lentitud burocrática en un servicio ágil y al alcance de todos.

La reciente integración de Atlante y Proinvest ha supuesto la consolidación de todas las áreas productivas y equipos, así como la homogeneización completa de sus servicios, impulsando la eficiencia operativa del Grupo a través de la centralización y reorganización de la estructura de soporte y dirección, manteniendo sus dos sedes en localizaciones estratégicas como Madrid y Barcelona. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 200 empleados, y recibe más de 18.000 notificaciones judiciales al día. Zelsior, cerró su facturación en el año 2024 con un incremento del 15,72% respecto al año anterior.

“Nos complace enormemente dar la bienvenida a Pablo. Su liderazgo y amplia experiencia serán fundamentales para impulsar nuestro crecimiento continuo”, afirma Sonia Benito, managing director de Zelsior. “Este décimo aniversario, además, nos ofrece la oportunidad ideal para reflexionar sobre los logros alcanzados y mirar al futuro con optimismo”, añade.

Por su parte, Pablo de la Viña Muhlack asegura que afronta con gran ilusión su incorporación a “una empresa innovadora y moderna, que ofrece un servicio exquisito y de máximo nivel a sus clientes”. “Espero que mi experiencia y esfuerzo ayuden a consolidar aún más los logros de Zelsior en esta nueva etapa de madurez de la compañía”, asegura.

Puedes leer más sobre esta incorporación en Confilegal: La ‘Legaltech’ Zelsior incorpora a Pablo de la Viña Muhlack como nuevo CEO

Bajo el título «La Inteligencia Artificial en la Justicia Penal: ¿Hacia un futuro automatizado o una herramienta de apoyo?», Miguel Bueno Benedí, Letrado de la Administración de Justicia, nos ofrece su visión sobre el impacto de la IA en el sistema judicial, sus beneficios, desafíos y la necesidad de una regulación clara para garantizar transparencia y equidad.

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración de Justicia no es una cuestión futurista ni un argumento de ciencia ficción. En la actualidad, múltiples sistemas judiciales en el mundo ya están utilizando herramientas basadas en IA para optimizar su funcionamiento. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología en la Justicia Penal plantea interrogantes cruciales sobre la transparencia, la ética y la protección de los derechos fundamentales.

La IA en la Justicia: Más que Ciencia Ficción

El uso de la IA en la Justicia ya es una realidad en diversos países. Herramientas como COMPAS en Estados Unidos o VICTOR en Brasil han sido diseñadas para apoyar la toma de decisiones en procesos judiciales, especialmente en la evaluación de riesgos y la clasificación de casos. En Europa, el sistema OLGA en Alemania ayuda a jueces y fiscales a acceder a bases de datos sobre crimen organizado, acelerando el análisis de expedientes complejos.

En España, encontramos ejemplos como VioGén, un sistema de IA que evalúa el riesgo de violencia de género y optimiza la distribución de recursos policiales para proteger a las víctimas. A su vez, el uso de robots para la tramitación de expedientes de nacionalidad o la cancelación de antecedentes penales muestra cómo la automatización mejora la eficiencia administrativa en la Justicia.

¿Jueces Algorítmicos? Riesgos y Desafíos

El desarrollo de la IA en la Justicia Penal trae consigo múltiples beneficios, pero también plantea riesgos significativos. Entre los principales desafíos destacan:

• Falta de transparencia: Muchos sistemas basados en IA operan como «cajas negras», sin que los operadores judiciales puedan comprender del todo cómo llegan a sus conclusiones.
• Sesgo algorítmico: Como se ha observado con COMPAS, los sistemas pueden reproducir y amplificar desigualdades preexistentes, afectando de manera desproporcionada a determinados grupos sociales.
• Responsabilidad legal: ¿Quién responde por un error cometido por una IA? ¿El juez que la utiliza, el programador que la diseñó o la institución que la implementó?
• Pérdida del juicio humano: Si bien la IA puede ser una herramienta de apoyo, la toma de decisiones judiciales requiere una sensibilidad y ponderación que una máquina no puede replicar.

Un aspecto interesante a considerar es que los jueces y magistrados ya utilizan modelos y referencias previas para fundamentar sus sentencias, siempre adaptándolas al caso concreto. Si esto es así, ¿no sería más eficiente que una herramienta de IA procesara las opciones disponibles y ofreciera la mejor solución en un tiempo récord? Esto plantea un debate crucial sobre hasta qué punto la tecnología puede, o debe, sustituir la labor de interpretación y valoración del juez humano.

Regulación y Estándares Internacionales: Un Marco Necesario

Para evitar estos riesgos, es imprescindible desarrollar un marco normativo robusto. En la Unión Europea, el Reglamento sobre Inteligencia Artificial busca establecer principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana en la toma de decisiones automatizadas. A nivel internacional, iniciativas como la Convención Marco del Consejo de Europa y la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO buscan garantizar un desarrollo responsable de esta tecnología.

Algunas recomendaciones clave para una regulación efectiva incluyen:

1. Transparencia y auditabilidad: Las decisiones basadas en IA deben ser comprensibles y revisables por operadores humanos.
2. Supervisión humana obligatoria: La IA debe ser una herramienta de apoyo, nunca un sustituto del juicio humano.
3. Cooperación internacional: La delincuencia transnacional exige soluciones globales, como la integración de sistemas de intercambio de información a nivel internacional.
4. Capacitación continua: Jueces, fiscales y abogados deben recibir formación en IA para comprender sus implicaciones y usos adecuados.

Hacia una Justicia Orientada al Dato y al Compliance

Uno de los retos fundamentales es cambiar la mentalidad jurídica para transitar hacia una Justicia orientada al dato. Esto implica adoptar modelos de trabajo basados en la recopilación, análisis y utilización eficiente de datos judiciales, asegurando que las decisiones sean fundamentadas en información precisa y no únicamente en documentos estáticos.

En este contexto, el compliance y las auditorías jugarán un papel esencial. Las instituciones judiciales que implementen IA deberán contar con mecanismos de auditoría permanentes para garantizar que las decisiones algorítmicas sean equitativas, transparentes y alineadas con los derechos fundamentales. Además, los sistemas de IA deberán estar sometidos a controles rigurosos para evitar que refuercen desigualdades o actúen de manera discriminatoria.

El compliance tecnológico en el ámbito judicial será clave para establecer criterios claros de supervisión y responsabilidad. La creación de organismos independientes encargados de auditar periódicamente estos sistemas asegurará que la IA no se convierta en una amenaza para la imparcialidad y la equidad del proceso judicial.

La digitalización judicial y el uso de IA pueden mejorar la eficiencia del sistema de Justicia, pero siempre dentro de un marco ético y regulado. Como toda herramienta poderosa, su uso debe estar guiado por principios sólidos de equidad, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.

En definitiva, la Inteligencia Artificial en la Justicia Penal no es un sustituto de los jueces, sino un aliado potencial. Su éxito dependerá de nuestra capacidad para diseñar sistemas transparentes, justos y supervisados que fortalezcan, y no debiliten, la confianza en el sistema judicial.

Bajo el título «De Napoleón a la Inteligencia Artificial: La revolución en la captación de clientes en el sector legal», Yahaira Agredo Velásquez, Directora de Marketing en Economist&Jurist Group, nos ofrece su punto de vista sobre cómo la evolución tecnológica está transformando el sector legal.

Napoleón Bonaparte, el estratégico general que conquistó Europa, no solo fue un genio militar, sino también un visionario en la forma de abordar los problemas. En 1793, en la reconquista de Toulon, demostró que la clave del éxito no siempre está en atacar de frente, sino en identificar la debilidad del enemigo y enfrentarlo desde otra perspectiva. Su estrategia no se basó en la tradición, sino en el análisis de datos previos, el conocimiento del entorno y una ejecución precisa. Curiosamente, la transformación digital que está modificando el sector legal sigue principios similares: dejar atrás los métodos tradicionales y adoptar una estrategia data-driven.

El sector legal, por décadas, ha confiado en el boca a oreja y en modelos de negocio tradicionales para captar clientes. Sin embargo, al igual que Napoleón en Toulon, hoy las firmas que desean conquistar el mercado deben entender que las reglas del juego han cambiado. La digitalización del conocimiento, la estructuración de datos y la personalización de servicios son los nuevos pilares para diferenciarse y crecer estratégicamente.

De la captación tradicional a la estrategia Data-Driven

En el pasado, la captación de clientes en el sector legal dependía de la reputación, recomendaciones y estrategias de marketing convencionales como anuncios en revistas especializadas y directorios legales. Sin embargo, este enfoque no solo es ineficiente y anticuado, sino que impide una segmentación precisa del mercado real.

Hoy, gracias a la tecnología, los despachos pueden obtener y analizar datos sobre sus clientes potenciales, conocer sus necesidades y ofrecer soluciones adaptadas a cada asunto. Tal como Napoleón estudió las derrotas pasadas para formular su estrategia, las firmas inteligentes deben analizar los patrones de comportamiento de sus clientes para optimizar su captación y retención de cartera.

El poder de la Inteligencia Artificial en la captación de clientes

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el sector legal en varios frentes, pero uno de sus impactos más relevantes es en la captación de clientes. Herramientas de automatización permiten reducir los tiempos de conversión de potenciales clientes en clientes reales. Hoy, con un simple formulario online, un despacho puede obtener datos clave y ofrecer un diagnóstico inmediato del caso mediante algoritmos predictivos.

Este cambio no solo optimiza la captación, sino que también aumenta la eficiencia operativa, permitiendo que los abogados se centren en tareas de mayor valor, como la estrategia legal y la relación con el cliente.

Segmentación y personalización: la clave del éxito

En la era de la información, la personalización es la diferencia entre un despacho que crece y uno que desaparece. Tal como Napoleón adaptó su estrategia según el enemigo y el terreno, los despachos deben adaptar su oferta según el perfil del cliente.

La segmentación permite identificar clientes potenciales y dirigirse a ellos con mensajes adecuados. Un despacho especializado en litigios penales no necesita el mismo enfoque de captación que uno orientado a derecho de familia. La IA permite analizar datos y predecir qué tipo de cliente es más propenso a contratar un servicio, optimizando así los recursos y mejorando la tasa de conversión (CTA).

Digitalización del conocimiento: un requisito para la innovación

Uno de los mayores errores que cometen los despachos al intentar digitalizarse es pensar en la tecnología como un fin en sí mismo. Antes de implementar IA o herramientas digitales, es crucial estructurar el conocimiento del despacho: organizar bases de datos, categorizar información y establecer flujos de trabajo eficientes. Este punto daría para un artículo independiente.

La digitalización del conocimiento no solo permite una mejor gestión interna, sino que también mejora la experiencia del cliente. Al estructurar la información, los abogados pueden acceder rápidamente a casos similares, ofrecer respuestas más rápidas y mejorar la calidad de sus servicios. En otras palabras, tener una base de datos organizada es el equivalente a que Napoleón tuviera mapas detallados antes de cada batalla: la información es poder.

Conclusión: abrazar el cambio o quedarte atrás

La revolución en la captación de clientes en el sector legal ya está en la cocina de muchos y en la mesa de otros. Aquellos despachos que sigan confiando exclusivamente en métodos tradicionales se enfrentarán a la misma suerte que los generales que ignoraron las estrategias innovadoras de Napoleón.

La transición a un modelo data-driven no solo es necesaria, sino que es la clave para el crecimiento sostenible. La segmentación y personalización de servicios, combinadas con la digitalización del conocimiento, permitirán a los despachos diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo y volátil.

Napoleón no inventó nada nuevo, pero supo combinar lo que ya existía de una manera diferente. De la misma manera, los despachos del presente (que no del mañana) no deben reinventar la rueda, sino aprovechar la tecnología que existe para evolucionar y prosperar día a día. El momento de actuar es ahora.

Ayer, martes 5 de febrero, Daniel Jaume Pérez, Head of Sales & Business Development en Zelsior, participó en la entrevista organizada por Open Hub News, bajo el título: «La digitalización de Justicia: el impacto de las plataformas en la reclamación judicial».

La integración de nuevas tecnologías en los sectores legal y judicial siempre ha sido un proceso más gradual. A pesar de que se ha avanzado notablemente en esta materia, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la digitalización de estos sectores para lograr una adaptación transversal.

En una industria donde muchos de los procedimientos y métodos tradicionales todavía prevalecen de manera imperante, se están abriendo las puertas para los profesionales y consumidores que abogan por una justicia rápida, ágil e inmediata. Del mismo modo, la regulación está progresivamente apoyando dicha transformación.

En este contexto, se consolidan como un pilar fundamental las plataformas digitales de reclamación judicial. Estas soluciones tecnológicas facilitan la experiencia judicial a pequeños negocios e individuos profesionales. Son muchos los beneficios que ofrecen, hecho que explica la amplia aceptación por los usuarios, pero es innegable su vigente coexistencia con los métodos tradicionales.

Plataformas digitales vs despachos tradicionales

Daniel Jaume Pérez, Head of Sales & Business Development en Zelsior, identifica con claridad los factores diferenciadores: “Las plataformas online de reclamación judicial son más rápidas, accesibles y económicas, enfocándose en simplificar y automatizar el proceso judicial para casos más sencillos”. En este sentido, Óscar César Iroa, Socio Director de Desarrollo de Negocio e Innovación en Ka Recovering, añade: “Ofrecemos un canal ‘nuevo online’ para los clientes donde pueden subir sus facturas, realizar el seguimiento del expediente e interactuar tanto con nosotros como con sus clientes para la consecución de un acuerdo de pago y su correspondiente pago”.

Por otro lado, Daniel Jaume Pérez prosigue: “La reclamación de cantidades se realiza a través de procedimientos relativamente estandarizados y los supuestos están bastante tasados, de modo que se pueden desarrollar procesos muy eficientes y ofrecer condiciones a las pymes y autónomos como las que disfrutan los grandes tenedores y gestores de deuda”.

Rápidas, económicas y accesibles

Autonomía, sencillez, inmediatez y abaratamiento de coste son los principales beneficios que presentan estas plataformas. En las palabras de Daniel Jaume Pérez, “se ha facilitado el proceso de reclamación, permitiendo que más personas puedan defender sus derechos sin necesidad de grandes inversiones de tiempo y dinero”.

José A. Caballero, co-Founder y CEO en RedClaimer, profundiza en cada uno de estos beneficios. Con estas plataformas, “el cliente es el que, a través de la plataforma, sube la información, siendo él mismo el que arranca el proceso”. Además, “cualquier perfil puede iniciar un proceso judicial o amistoso, ya que hemos reducido los datos necesarios para comenzar”. No sólo eso, sino que: “El proceso arranca el mismo momento en el que el usuario sube la información”. Finalmente, “para el usuario es muchísimo más barato ya que hemos eliminado la intervención humana no necesaria, así como procesos que no aportaban valor”.

En este sentido, el directivo de Zelsior enumera las virtudes que aportan estas plataformas: “la accesibilidad sin necesidad de desplazamientos; la reducción de costes económicos; la rapidez, ya que detrás de la plataforma hay detrás una gran compañía de servicios de recuperación”. Así pues, estas plataformas han instaurado una facilidad que hasta ahora era desconocida en este ámbito. Tal y como resume Óscar César Iroa: “Por fin reclamar una factura judicialmente ya no es ni caro ni lento ni complejo.

Superando obstáculos

Aunque estas plataformas ofrecen numerosas ventajas, también abordan ciertos obstáculos. José A. Caballero identifica su origen: “Los principales desafíos son de índole comercial y procesal”. Bajo esta premisa, las plataformas digitales deben realizar un esfuerzo para consolidarse frente al modelo tradicional. “Esto supone o puede suponer, la ‘evangelización’ entre determinados tipos de usuarios como son autónomos y pymes, aunque ya está siendo bien acogido”, apunta el CEO de RedClaimer.

Por otro lado, Daniel Jaume Pérez suma el factor de la confianza: “Es nuestro deber saber comunicar y hacer sentir al cliente que detrás de una experiencia digital como la que ofrecemos, existe el trabajo de profesionales altamente cualificados y con gran experiencia”. Y sabe cómo lograrlo: “Con atención al detalle en la información que le llega en su experiencia de usuario, con resultados y con una atención al cliente cercana”.

La regulación es otro de los retos que enfrentan estas plataformas. “Se realizan diferentes auditorías y pruebas de seguridad para garantizar todo el cumplimiento legal ofreciendo información al cliente clara para su tranquilidad”, comenta Óscar César Iroa. También destaca la importancia de la transparencia: “Es importante que nuestros servicios sean claros, y eso se consigue gracias a una capacidad de experiencia del usuario donde el cliente es partícipe del proceso, tanto desde el punto de vista operativo como informativo, y por lo tanto formando un equipo único con nuestros clientes”.

A pesar de que existen limitaciones, cómo por ejemplo la gestión de casos complejos, Óscar César Iroa tiene claro cuál es el aliado: “Toda esta innovación nos permitirá trabajar aquellos casos más difíciles con mayor seguridad y eficacia, pudiendo dedicar más tiempo los abogados y especialistas en aportar su valor y experiencia en la gestión de cada caso”.

Puedes leer la entrevista completa a continuación: La digitalización de la Justicia: el impacto de las plataformas en la reclamación judicial

Ayer, 27 de enero, Leticia Nevado Ramos, Team Leader Back Office en Zelsior, ha ofrecido una tribuna de opinión para El Economista bajo el título «Digitalización y retos legales de las empresas de recobro: el uso masivo de datos sensibles».

Hace ya años que entre juristas se comenzaba a hablar de una nueva plataforma digital que revolucionaría el mundo jurídico, ya que iba a ser de obligado cumplimiento para todos los profesionales que se relacionasen con la Administración de Justicia: Lexnet.

Comenzaba así el largo camino de la «era de la digitalización». Varios años después, nos encontramos de lleno dentro de un entramado de datos y metadatos que nos impactan en nuestra profesión día a día.

Efectivamente, la adaptación a las nuevas tecnologías es de vital importancia para todos los sectores, incluido el de las empresas dedicadas al recobro de deuda, siendo la automatización la clave de la digitalización. La implementación de tecnologías como la IA y el machine learning permiten personalizar estrategias de cobros, identificando comportamientos comunes a determinados tipos de deudores, aumentando así la efectividad de recuperación de la deuda, reduciendo tiempos de gestión, dando un servicio óptimo al cliente que desea un proceso judicial rápido y con reducción de costes.

Una cuestión nada baladí si se tiene en cuenta que la morosidad es un indicador crítico del desempeño financiero para bancos y fintechs y la salud financiera de un país. En concreto, según un informe de la consultora Gloval y Prime Yield con cifras de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), las entidades bancarias suman 76.200 millones de euros en estos préstamos, con datos hasta mitad de año 2024. El informe pronostica, además, que este año las entidades financieras españolas cerrarán operaciones de venta de carteras de préstamos dudosos por 22.300 millones.

En este contexto, los últimos avances tecnológicos están marcando una nueva era en la mitigación de riesgos crediticios. No obstante, esta transformación también trae consigo una serie de retos legales que se deben tener en cuenta para garantizar un funcionamiento efectivo y ético en un entorno cada vez más competitivo.

La digitalización nos enfrenta al desafío de gestionar grandes volúmenes de expedientes. Por eso, uno de los grandes retos de las empresas de recuperación de deuda es implementar medidas de seguridad adecuadas en materia de protección de datos, ya que, el incumplimiento de estas normas puede generar sanciones severas y afectar a la reputación de la empresa. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, complementado por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) clasifican estas sanciones en leves, graves y muy graves dependiendo de la infracción cometida, alcanzando las leves la cuantía de 40.000€; las graves, de 40.001€ a 300.000 y las muy graves de 300.001 a 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual de la empresa, imponiéndose en este caso, la que tenga mayor cuantía.

Por citar algunos ejemplos de empresas que han sido sancionadas en los últimos años, podríamos hablar de gigantes como Amazon, con una sanción de 746 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo en el año 2021; o WhatsApp con una multa de 25 millones de euros, impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en el año 2021. Solo en España, podemos citar a Vodafone España con una multa de 8,1 millones de euros en 2021, a BBVA con una multa de 5 millones de euros en el año 2018 o CaixaBank con una multa de 6 millones de euros.

Entre los motivos de estas sanciones destacan el incumplimiento de los requisitos de consentimiento libre e informado, la carencia de base sólida a la hora de ceder los datos a otras entidades o la comisión de infracciones en las comunicaciones electrónicas y telefónicas con los clientes donde no siempre existe una autorización previa por escrito para tratar determinados datos.

En aras de evitar estas altas sanciones, entre las medidas que deben llevar a cabo las empresas podemos enumerar algunas como cifrar los datos confidenciales; realizar copias de seguridad de forma periódica; implementar un plan de respuesta a incidentes; contar con un CMP o plataforma de gestión del consentimiento; o incorporar a la plantilla a un delegado en protección de datos que vele por el cumplimiento de la normativa, etc.

Habida cuenta de la obligatoriedad de cumplir con la normativa en materia de protección de datos, conviene no olvidar que es necesario implementar un sistema de seguridad interno que se adapte a las fintech, puesto que gracias a las facilidades de pago que las plataformas digitales nos ofrecen, debemos comprobar que, efectivamente, los pagos realizados son seguros y que no hay riesgo de un posible fraude. En este sentido, las plataformas de pagos digitales son vulnerables a ataques BIN (número de identificación bancaria), puesto que una filtración en sus sistemas puede tener una repercusión perjudicial para las empresas y sus clientes; pueden también sufrir robos de datos personales, ataques de phishing o de malware introducido en la infraestructura de pago. Esto se puede evitar mediante análisis de comportamiento, tokenización y cifrado de datos, el uso del 3D Secure 2 para la realización de transacciones en línea y, como hemos apuntado anteriormente, mediante la figura del delegado de protección de datos en este tipo de empresas para la realización de un plan de medidas de seguridad adaptadas a la normativa vigente.

En definitiva, la digitalización y automatización de procesos trae considerables ventajas para la eficiencia y desarrollo del sector, al mejorar la experiencia con el cliente y posicionarnos como un buen competidor de mercado. Pero esto también implica una serie de retos que debemos ir superando para no quedarnos atrás. Aún queda mucho camino por recorrer, pero debemos tener en cuenta que la clave de todo es alcanzar el equilibrio entre una buena propuesta de digitalización que nos permita el correcto cumplimiento en materia de protección de datos y mediante la cual brindemos la mayor seguridad a los datos con los que trabajamos.

Puedes leer la tribuna completa publicada por El Economista a continuación: Digitalización y retos legales de las empresas de recobro: el uso masivo de datos sensibles

Las compañías Atlante y Proinvest han culminado su integración y comenzado a operar bajo una única marca, Zelsior, acometiendo un «profundo cambio de imagen y de renovación de su identidad corporativa», según ha indicado en un comunicado este lunes, 11 de noviembre.

En concreto, la integración ha supuesto la consolidación de todas las áreas productivas y equipos, así como la homogeneización completa de sus servicios, al tiempo que se ha impulsado la eficiencia operativa del Grupo a través de la centralización y reorganización de la estructura de soporte y dirección, manteniendo sus dos sedes en Madrid y Barcelona.

Como parte de esta evolución, la compañía ha pasado a operar bajo una marca única, Zelsior, que refleja la visión de futuro del Grupo y su «apuesta por la innovación».

IMAGEN MÁS ALINEADA CON DIGITALIZACIÓN Y VANGURDIA

Esta renovación se ha acompañado, además, de un cambio de logotipo y la actualización de su identidad corporativa, logrando, según ha señalado la firma, «una imagen más moderna y alineada con los valores de digitalización y vanguardia que caracterizan a la empresa».

Cabe recordar que Proinvest, compañía especializada en la prestación de servicios jurídicos, recuperación de deudas y gestión documental de créditos, fue adquirida por Atlante, «legaltech» especializada en servicios legales en el ámbito de recuperación integral de la deuda, en el año 2022.

Dicha operación permitió a Atlante sumar nuevos servicios, a la vez que fortalecer líneas de negocio, con lo que la creación de Zelsior representa una nueva etapa de madurez en la compañía, que adapta su identidad a su «apuesta para liderar la transformación digital del sector legal, mejorando la eficiencia en la gestión procesal y utilizando la tecnología para ofrecer servicios más eficaces».

Por su parte, Zelsior, fundada en 2015, ofrece servicios legales 360º en el ámbito de la gestión del crédito gracias a la aplicación de la tecnología propia (software Lyra) que permite la gestión y automatización de procedimientos masivos y la optimización de recursos mediante la Inteligencia Artificial aplicada al ámbito legal, transformando la «lentitud burocrática en un servicio ágil».

Puedes leer la noticia completa a continuación: Atlante y Proinvest culminan su integración y renuevan su identidad corporativa bajo la marca Zelsior

Hoy, 9 de julio, Javier Gasalla Palla, responsable del departamento de Procura en Atlante, ha ofrecido una tribuna de opinión para Expansión bajo el título «Tendencias y retos a los que se enfrentan los procuradores en un entorno judicial cada vez más digitalizado».

No hace falta remontarse mucho en el tiempo para descubrir el hecho que lo cambió todo en el mundo de la procura: la obligatoriedad de uso de la plataforma LexNET. Este hecho dejó atrás la rutina del procurador de salir por la mañana de su despacho con el maletín cargado de escritos y demandas para presentar en papel, para volver pasadas unas horas con el mismo maletín, pero esta vez cargado de notificaciones.

Por aquel tiempo, pocos imaginarían que solo unos años más tarde la tecnología habría evolucionado hasta el punto en el que estamos ahora, dejando a un lado el maletín para echar mano de las múltiples herramientas digitales que hacen que todos los procesos se realicen de forma cada vez más eficiente.

Los requisitos marcados por los Juzgados, así como los estándares de calidad que exigen los clientes hoy en día tanto a procuradores como a sociedades de procura, han obligado al procurador a mantenerse en constante evolución, poniendo a prueba su capacidad de adaptación, y aquellos que decidan no subirse al barco de la digitalización corren el riesgo de quedar obsoletos. La adaptación a las nuevas tecnologías no solo es una necesidad para cumplir con la normativa vigente, sino también una ventaja competitiva que permite ofrecer un servicio más eficiente y preciso.

Procesos, datos y metadatos, ciberseguridad, eficiencia, inteligencia artificial, interoperabilidad, machine learning… son términos que utilizamos prácticamente a diario en nuestro trabajo y que se han convertido en nuestra rutina. Términos que muchos podrán pensar que están provocando o provocarán una deshumanización del proceso judicial, aunque mi opinión es totalmente opuesta: esta eficiencia en los procesos hará que el trabajo del humano sea más humano, dejando a un lado las tareas más repetitivas y monótonas para centrarnos en otras que realmente aporten valor al proceso, la atención personalizada a los clientes, el análisis de los casos en profundidad y la toma de decisiones estratégicas. De esta forma, la tecnología se está convirtiendo en un aliado que potencia nuestras capacidades y nos permite dedicar más tiempo a aspectos fundamentales que requieren juicio, empatía y demás habilidades humanas que siempre son y serán irremplazables.

Puedes leer la tribuna al completo a continuación: Tendencias y retos a los que se enfrentan los procuradores en un entorno judicial cada vez más digitalizado