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Las compañías Atlante y Proinvest han culminado su integración y comenzado a operar bajo una única marca, Zelsior, acometiendo un «profundo cambio de imagen y de renovación de su identidad corporativa», según ha indicado en un comunicado este lunes, 11 de noviembre.

En concreto, la integración ha supuesto la consolidación de todas las áreas productivas y equipos, así como la homogeneización completa de sus servicios, al tiempo que se ha impulsado la eficiencia operativa del Grupo a través de la centralización y reorganización de la estructura de soporte y dirección, manteniendo sus dos sedes en Madrid y Barcelona.

Como parte de esta evolución, la compañía ha pasado a operar bajo una marca única, Zelsior, que refleja la visión de futuro del Grupo y su «apuesta por la innovación».

IMAGEN MÁS ALINEADA CON DIGITALIZACIÓN Y VANGURDIA

Esta renovación se ha acompañado, además, de un cambio de logotipo y la actualización de su identidad corporativa, logrando, según ha señalado la firma, «una imagen más moderna y alineada con los valores de digitalización y vanguardia que caracterizan a la empresa».

Cabe recordar que Proinvest, compañía especializada en la prestación de servicios jurídicos, recuperación de deudas y gestión documental de créditos, fue adquirida por Atlante, «legaltech» especializada en servicios legales en el ámbito de recuperación integral de la deuda, en el año 2022.

Dicha operación permitió a Atlante sumar nuevos servicios, a la vez que fortalecer líneas de negocio, con lo que la creación de Zelsior representa una nueva etapa de madurez en la compañía, que adapta su identidad a su «apuesta para liderar la transformación digital del sector legal, mejorando la eficiencia en la gestión procesal y utilizando la tecnología para ofrecer servicios más eficaces».

Por su parte, Zelsior, fundada en 2015, ofrece servicios legales 360º en el ámbito de la gestión del crédito gracias a la aplicación de la tecnología propia (software Lyra) que permite la gestión y automatización de procedimientos masivos y la optimización de recursos mediante la Inteligencia Artificial aplicada al ámbito legal, transformando la «lentitud burocrática en un servicio ágil».

Puedes leer la noticia completa a continuación: Atlante y Proinvest culminan su integración y renuevan su identidad corporativa bajo la marca Zelsior

Hoy, 9 de julio, Javier Gasalla Palla, responsable del departamento de Procura en Atlante, ha ofrecido una tribuna de opinión para Expansión bajo el título «Tendencias y retos a los que se enfrentan los procuradores en un entorno judicial cada vez más digitalizado».

No hace falta remontarse mucho en el tiempo para descubrir el hecho que lo cambió todo en el mundo de la procura: la obligatoriedad de uso de la plataforma LexNET. Este hecho dejó atrás la rutina del procurador de salir por la mañana de su despacho con el maletín cargado de escritos y demandas para presentar en papel, para volver pasadas unas horas con el mismo maletín, pero esta vez cargado de notificaciones.

Por aquel tiempo, pocos imaginarían que solo unos años más tarde la tecnología habría evolucionado hasta el punto en el que estamos ahora, dejando a un lado el maletín para echar mano de las múltiples herramientas digitales que hacen que todos los procesos se realicen de forma cada vez más eficiente.

Los requisitos marcados por los Juzgados, así como los estándares de calidad que exigen los clientes hoy en día tanto a procuradores como a sociedades de procura, han obligado al procurador a mantenerse en constante evolución, poniendo a prueba su capacidad de adaptación, y aquellos que decidan no subirse al barco de la digitalización corren el riesgo de quedar obsoletos. La adaptación a las nuevas tecnologías no solo es una necesidad para cumplir con la normativa vigente, sino también una ventaja competitiva que permite ofrecer un servicio más eficiente y preciso.

Procesos, datos y metadatos, ciberseguridad, eficiencia, inteligencia artificial, interoperabilidad, machine learning… son términos que utilizamos prácticamente a diario en nuestro trabajo y que se han convertido en nuestra rutina. Términos que muchos podrán pensar que están provocando o provocarán una deshumanización del proceso judicial, aunque mi opinión es totalmente opuesta: esta eficiencia en los procesos hará que el trabajo del humano sea más humano, dejando a un lado las tareas más repetitivas y monótonas para centrarnos en otras que realmente aporten valor al proceso, la atención personalizada a los clientes, el análisis de los casos en profundidad y la toma de decisiones estratégicas. De esta forma, la tecnología se está convirtiendo en un aliado que potencia nuestras capacidades y nos permite dedicar más tiempo a aspectos fundamentales que requieren juicio, empatía y demás habilidades humanas que siempre son y serán irremplazables.

Puedes leer la tribuna al completo a continuación: Tendencias y retos a los que se enfrentan los procuradores en un entorno judicial cada vez más digitalizado

El pasado 22 de mayo, Atlante celebró junto con el Global LegalTech Hub una webinar bajo el título: «Los contratos del futuro», en la que reunieron a especialistas de instituciones públicas y empresas privadas para analizar el impacto de los ‘Contratos Inteligentes’ en los consumidores.

“Es necesario un marco regulatorio específico que garantice la protección del consumidor en el ámbito de los Contratos Inteligentes o Smart Contracts, a través de información clara, la transparencia y la comprensión de las condiciones generales de contratación”. Así lo han asegurado expertas del sector jurídico-legal en el encuentro organizado por la compañía Legaltech Atlante junto con Global Tech Hub (GLTH), en el que pusieron de manifiesto que “si bien los consumidores se beneficiarán de esta nueva tecnología autoejecutable que permitirá reducción de costes y tiempos, también se plantean nuevos desafíos con respecto a la protección y la garantía del equilibrio entre las partes que ofrecen los contratos tradicionales”, por lo que auguraron “una sinergia muy interesante entre tecnología y Derecho para avanzar en materia de Contratos Inteligentes”.

El encuentro, que reunió a profesionales de instituciones públicas y empresas privadas del sector jurídico-legal para analizar la situación en España de estos mecanismos que utilizan la tecnología Blockchain, estuvo moderado por Dagania Fraile, responsable de dirección letrada en Atlante, que sostuvo que “el uso de Contratos Inteligentes no implica que se dejen de lado los contratos tradicionales, sino que ambas formas de contratación pueden y deben convivir”.

Por su parte, Marisa Protomártir, responsable de servicios jurídicos en ASUFIN, señaló la especial atención que se debe poner en las condiciones de la contratación en este tipo de contratos. A este respecto, aseguró que “existe una jurisprudencia y una legislación comunitaria que permite que nos adaptemos a este tipo de contratos».

A su juicio, desde el punto de vista del consumidor, existen tres aspectos preocupantes. En primer lugar, la claridad y sencillez que deben acompañar a las condiciones generales de la contratación para que el consumidor comprenda qué es lo que está contratando. De ahí que, en su opinión, ahora “se abre una oportunidad de revisar cómo se presentan las condiciones de la contratación, y como el empresario se cerciora de que el consumidor ha leído y comprendido estas condiciones y, por lo tanto, el consentimiento que ha prestado. Se deben establecer medios y formas que garanticen esa claridad y sencillez que obliga la ley” apostilló. En segundo lugar, desde su punto de vista, otro tema que preocupa especialmente en relación con los derechos de los consumidores en estos contratos autoejecutables es “cómo se puede garantizar el derecho de desistimiento”. Como tercer punto, Protomártir señaló la dificultad de detectar sesgos existentes durante desarrollo de los Contratos Inteligentes. Para concluir, aseguró que “aún existe una brecha digital”, y defendió que “una contratación a través de internet debe tener en cuenta el poder llegar a todo el mundo”, de modo que el uso de los Contratos Inteligentes “sea posible para todos los ciudadanos sin importar dónde residen o las dificultados de conectividad que tengan”.

Durante el encuentro, Irene Fidalgo, Legal Engineer en Cuatrecasas, planteó los desafíos legales que se deben considerar, “a pesar de las ventajas en términos de eficiencia y seguridad que conllevan los Contratos Inteligentes”. Una de las características principales que destacó la experta es la inmutabilidad de estos contratos. Señaló que la tecnología Blockchain que se utiliza para su almacenaje plantea varios problemas, “ya que cualquier error en la codificación o término abusivo se automatiza y se ejecuta sin posibilidad de intervención humana, eliminando la flexibilidad de subsanación como tiene en la actualidad un contrato tradicional”. Por ello apeló a la necesidad de “desarrollar marcos regulatorios específicos para abordar sus particularidades y que garanticen la protección de los consumidores”. En este contexto, añadió que “es vital promover la transparencia, la comprensión de esos contratos asegurando que los consumidores no queden en desventaja frente a las empresas”.

En este sentido, Dagania Fraile, aludió a que la legislación actual de consumidores y usuarios implica, en cierto modo, un traslado de la responsabilidad a quien emite un Contrato Inteligente frente al consumidor, aunque, apostilló, “no debe olvidarse que es el usuario quien finalmente decide utilizar un sistema y adquirir un producto de una determinada manera frente a las múltiples opciones del mercado”.

También intervino la profesora ayudante de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, Helena Palomino, que animó al uso de «todas las nuevas herramientas que supongan agilizar tiempos, ahorrar costes y otorguen seguridad y confianza en las transacciones”. Y coincidió en que “se deben articular una serie de mecanismos en el marco de los Contratos Inteligentes que garantice la protección del consumidor que ya está regulada en las relaciones de consumo, y que no se traslade en un perjuicio a la parte más débil, es decir al consumidor”.

Asimismo, Palomino puso de relieve que entre los problemas que los Smart Contracts pueden plantear a los consumidores “se encuentra el de su anonimato, una de sus principales características, lo que puede llevar a que se desconozca la condición de consumidor de una de las partes”, así como “los conflictos que puede generar la discrepancia entre el lenguaje máquina generado por el programador y el lenguaje natural”.

En conclusión, todas las especialistas auguraron un auge de este tipo de contrataciones vía Smart Contract bajo el amparo del marco regulatorio actual.

Puedes acceder a la nota de prensa a continuación: Expertas piden establecer un marco regulatorio en los ‘Contratos Inteligentes’ para consumidores y empresas – Confilegal

Los expertos han advertido en el 10º Congreso Nacional de Recuperación Judicial que una de las mayores preocupaciones del sector es la falta de automatización de procesos.

En el marco del 10º Congreso Nacional de Recuperación Judicial, evento de referencia en España que reúne a las principales firmas legales, servicers, entidades financieras, proveedores de servicios BPO especializados en recuperación judicial y, en general, a entidades vinculadas al fintech, regtech y legaltech, Sonia Benito, directora general de Atlante, ha revindicado la figura del procurador en los procesos judiciales en la era de la digitalización de la Justicia.

“La figura del procurador tiene un papel irrenunciable en la representación eficiente en procesos judiciales, y ha sabido adaptarse y evolucionar en un momento de constantes cambios en el que la tecnología ha impactado en la profesión, dotando de mayor eficiencia a los procesos y aportando soluciones innovadoras indiscutibles”, ha señalado Benito.

En este 10º Congreso distintos expertos han explorado los servicios de procura actuales y su papel crucial en los procesos judiciales, poniendo de manifiesto la conveniencia de optar por servicios de procura con tratamiento masivo o especializado.

Asimismo, se ha abordado esta cuestión mediante un análisis detenido de las tendencias actuales y los retos a los que se enfrentan los procuradores en la era de la digitalización de la justicia.

En este sentido, Benito manifestó que “hay mucha variedad de modelos de procura, siendo lo más importante que nos adaptemos al tipo de cliente, al tipo de necesidad y producto de que se trate”. Es así como, la experta aseguró que “lo verdaderamente relevante es poder prestar el servicio que nos estén exigiendo en cada momento”. Y añadió que “para Atlante lo importante en los trabajos masivos es focalizarnos en los procesos, invertir en tecnología y poder trabajar para aplicar esa eficiencia en beneficio de nuestros clientes”.

Los operadores jurídicos tienen que adquirir competencias digitales

En el foro, que ha estado moderado por el socio en Savia Asset Management, Alejandro Lucero, también se puso de manifiesto cómo a través de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia, se ha logrado un avance en la dotación de medios, en la digitalización y puesta en marcha del Expediente Judicial Electrónico.

En este sentido, los expertos destacaron la constante evolución y adaptación a los cambios de la figura del procurador, así como sus nuevos roles.

Por su parte, Javier Hernández, socio en Ataliter, señaló que “procurador y adaptación es lo mismo” y aseguró que “los procuradores nos hemos estado adaptando continuamente a lo largo de los años; hemos sido pioneros en aplicar tecnología y en automatizar, y seguimos en esa línea que es fundamental”.

En la misma línea, José Cecilio Castillo, socio director de Castillo & Campos Procura, manifestó que “siendo procurador, o te modernizas o te has quedado por el camino”. Castillo también aprovechó su intervención para denunciar “el desarrollo a distintas velocidades de la implantación de la tecnología o procesos según las comunidades autónomas o regiones”.

Los asistentes concordaron en que una de las mayores preocupaciones del sector es la automatización de procesos. Precisamente señalaron que, si bien la figura del procurador ha avanzado mucho y ha hecho sus procesos más eficientes, no ha sido así en las instituciones. Además, coincidieron en la necesidad de que se invierta y haya voluntad por parte de los operadores de Justicia para adquirir competencias digitales.

Los expertos coincidieron en que, más allá de las brechas existentes en el sector, el uso de la tecnología es de gran ayuda para la procura, pues eficientiza los procesos y aporta soluciones innovadoras ante los retos de la era digital. Y finalizaron resaltando que hay un cambio y evolución en la profesión de procurador.

Puedes acceder a la nota de prensa a continuación: Atlante destaca el papel de los procuradores en los procesos judiciales en la era de la digitalización | E&J (economistjurist.es) o a través de Atlante reivindica «el rol esencial» del procurador en los procesos judiciales en la era de la digitalización judicial – Confilegal.

El pasado 22 de mayo, Atlante celebró junto con el Global LegalTech Hub una webinar bajo el título: «Los contratos del futuro».

¿Cómo pueden los contratos inteligentes adaptarse para una interacción justa con los consumidores? ¿La resolución de disputas podrá ser resuelta por la IA? ¿Qué papel jugarán las tecnologías emergentes en la evolución de los contratos?

Durante la webinar se abordaron temas de gran interés, como los contratos inteligentes y su impacto en la relación con los consumidores, cómo la IA podrá gestionar la resolución de disputas y cómo las tecnologías emergentes mejorarán la eficiencia, transparencia y seguridad de los contratos, entre otros.

La webinar contó con la participación de grandes ponentes como Irene Fidalgo Fernández, Legal Engineer en Cuatrecasas; Marisa Protomártir Sánchez-Cascado, Responsable Servicios Jurídicos en ASUFIN; Helena Palomino Moraleda, Profesora Ayudante de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha y Dagania Fraile, Responsable de Dirección Letrada en Atlante, como moderadora.

Si no pudiste asistir a la webinar, puedes verla a través de nuestro canal de YouTube: GLTH/Tables «Los contratos del futuro»

#Atlante #Webinar #GLTH #Contratos #Futuro #SectorLegal

Bajo el título «¡Hasta el infinito y más allá! Las nuevas formas de financiación del sector audiovisual», Joaquim Matinero Tor, Banking & Finance and Blockchain en Ceca Magán Abogados, nos ofrece su punto de vista sobre cómo la industria del sector audiovisual ha experimentado una gran evolución.

La industria del entretenimiento audiovisual ha experimentado una gran evolución desde sus inicios donde la única formula de consumir era mediante la visualización de producciones en blanco y negro en teatros o salas de proyecciones. En este sentido, junto con la evolución de las nuevas tecnologías, se crearon nuevas formas de distribución y monetización desde las cintas VHS de los 80 hasta el boom de los DVDs en la década de los 2000, hasta el día de hoy donde las plataformas de streaming reinan en casi todos los hogares del mundo occidental.

En la actualidad, la gran variedad de alternativas online de consumo de producto audiovisual pone en jaque, no solo que tipo de producciones (consumo intensivo de series, en detrimento de las producciones tradicionales destinadas al séptimo arte) sino también las formulas de pago, donde un incremento del precio puede provocar un tsunami de transferencia de usuarios de una plataforma a cualquiera de sus competidores. Por ejemplo, plataformas como Disney + han creador programas de fidelización, hasta ofrecer experiencias en el mundo real si se consumía cierto contenido premium o se adquiría cualquier activo digital de su catálogo.

Por consiguiente, este auge del “Far West digitalizado”, conlleva problemas a la hora de obtener financiación, por parte de productores y directores, y convencer a los inversores que su producto es el idóneo después de eternas negociaciones que numerosas veces no acaban con final feliz. Si el supuesto, es favorable, se abren demás complicaciones de seguimiento de la inversión y la certificación de cumplimento de ciertos pasos, que muchas veces crean desconfianza ante la falta de transparencia en ambos lados.

En esta situación de boom de producciones, la tecnología blockchain (conocida en sus inicios únicamente por el sector de las criptomonedas) y gracias a sus contratos inteligentes “Smart Contracts” nos ofrece nuevas soluciones para los productores, guionistas o hasta actores, para financiar sus proyectos, siendo plenamente transparentes en la gestión de los fondos y además ofrecer a los inversores la experiencia de como se crea un proyecto audiovisual desde dentro, disfrutando de experiencias únicas o como no, obteniendo una rendimiento de la inversión como si se tratara de una inversión de capital riesgo.

En consecuencia, ¿Cómo un proyecto puede financiarse mediante esta nueva fórmula? Principalmente determinar si el producto interesa a no solo inversores, sino fans del genero (terror, comedia o recreación bélica, entre otros), sino también, tiene lógica para captar el interés de comunidades digitales (producciones vinculadas a los e-Sports, K-Pop o Música Electrónica, se han financiado fácilmente, ya que las comunidades interactúan principalmente en formato digital).

Si el primer escollo ha quedo solucionado, se valorará emitir unos activos digitales (o también denominados, “tokens”) que se venderán otorgando al inversor determinado rendimiento sobre el proyecto, un pase VIP o la propiedad sobre un fotograma del proyecto audiovisual. Asimismo, dicho activo digital, podrá asimismo transferirse a un tercero si está interesado en el mismo, y conllevará potencialmente una ganancia extrafuncional si el proyecto audiovisual funciona.

De esta forma, se crea un mercado que puede llegar a parecerse en cierta forma a los mercados financieros, con la ventaja que este nuevo mercado está abierto 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año, y que los mismos tokens, pueden comercializarse con anterioridad al lanzamiento del producto final, y que, para el inversor inicial, puede ofrecer una vía de liquidez inmediata si un tercero interesado en adquirir el activo digital.

A nivel nacional, unos de los primeros precedentes de financiación mediante la emisión de tokens fue la película “Bull Run” que logró reunir 320.000 € en menos de 24 horas, gracias a la venta de sus activos digitales a inversores privados, que facilitaron el inició de la producción de la película al día siguiente de la ronda. Este hito marco, un punto de inflexión en el panorama audiovisual español, y justamente en el Festiva del Cine de Málaga 2024, celebrado hace pocas semanas en la ciudad, pudimos ver la premier de otra película financiada también por la venta de tokens (en este caso, mediante la fórmula de NFTs), “Calladita” del Miguel Faus, quien recaudo la increíble cifra de 700.000 €.

En base a todo lo anterior, las nuevas formas de financiación vía la tokenización, y gracias a la tecnología Blockchain ha revolucionado la industria del entretenimiento, ofreciendo la posibilidad de que cualquier interesado pueda formar parte y ofrecer una opción más inclusiva, transparente y accesible a nivel global. Por consiguiente, a medida que se creen nuevos proyectos, es probable que la financiación de nuevas producciones mediante la tecnología Blockchain, se convierta en el formato habitual para industria audiovisual en los próximos años.

Bajo el título «La recuperación de deuda mediante vía extrajudicial y judicial», Alba Aliaga Guzmán, Responsable de Recuperación de Deuda Judicial en Proinvest, nos ofrece su punto de vista sobre cómo recuperar impagos mediante vía extrajudicial y judicial.

Actualmente los acreedores tienen varias vías para poder recuperar su deuda, como es recurrir a la vía extrajudicial o judicial. Quien padece dicha situación suele acudir a empresas de recobro de deuda, que se convierten en un intermediario entre el acreedor y el deudor, con la finalidad de exigir el pago a este último.

Cabe hacer mención que hoy en día no existe una regulación específica para las empresas que dedican su actividad al recobro, sino que la gestión de la recuperación se encuentra limitada por el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y la Ley de Protección de Datos.

En este contexto, ¿cómo podemos recuperar una deuda?

La estrategia a seguir debe de ser mediante la explotación del binomio extrajudicial y judicial.

La vía extrajudicial o amistosa, puede ser la más conocida por todos, ya que hace unos años encontrábamos una figura bastante peculiar como es el “cobrador del frac”. Su misión era sencilla, obviando lo poco ético de esta figura: perseguir al moroso hasta que pagara la deuda. Actualmente, encontramos herramientas que nos ayudan a poder perseguir los impagos sin la necesidad de “crear espectáculo”. La forma más habitual es mediante una llamada telefónica, es decir, un gestor llama al deudor y le informa de la deuda que tiene contraída ofreciéndole el pago directo o bien un acuerdo de pago.

Otra forma de contactar con el particular es mediante correo electrónico o SMS, si bien lo que ofrece mayor seguridad para el que recibe este tipo de mensajes es una llamada telefónica. En todo caso, cualquier tipo de comunicación con el deudor debe de respetar su dignidad e intimidad, además de ofrecer unos estándares de calidad y ética profesional, para que ambas partes puedan ver satisfechas sus pretensiones. También hay que tener en cuenta que quien recibe una comunicación de este tipo necesita una respuesta rápida, pues le surgen dudas o bien no entiende de dónde proviene la deuda, y poder hablar con quien se encuentra al otro lado del teléfono da mayor resultado.

Una vez establecido el contacto debemos plantear las diferentes formas con las que se puede solventar la reclamación, teniendo en cuenta los requisitos preestablecidos por el acreedor. No obstante, dependiendo del tipo de deuda y de la situación personal del contrario, plantear un pago único puede ser inviable y puede hacer que no haya un final fructífero para ambas partes. Es por ello por lo que el acuerdo de pago es la forma más habitual de poder liquidar la deuda.

Ahora bien, si la vía extrajudicial no funciona, ¿qué otras opciones hay?

Existen otras opciones para poder saldar la deuda, en caso de que la vía amistosa no haya dado sus frutos, como es la mediación o la conciliación, pero hay que tener en cuenta que si éstas no surten efecto hay que recurrir a los tribunales.

Una vez que nos encontramos con que no se ha conseguido el pago de la deuda y tenemos que acudir a la vía judicial es necesario plantear la estrategia a seguir. En este caso, el planteamiento estará regido por la cantidad pendiente de abono, ya que dependiendo del importe podemos reclamarlo mediante el procedimiento monitorio o declarativo (verbal u ordinario). Debemos que tener en cuenta la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en la que se establece que mediante juicio verbal se podrán reclamar aquellas cantidades que no excedan de 15.000€ y todo lo que exceda de dicho importe deberá de seguir la tramitación del juicio ordinario.

El procedimiento monitorio es la forma más ágil de poder reclamar una deuda dineraria, ya que se inicia con la mera interposición de la demanda en la que quede acreditada la deuda. Es un procedimiento relativamente sencillo, pues una vez admitida a trámite la demanda se notificará al contrario y en el plazo de 20 días podrá pagar o bien oponerse. En caso de que pague, el procedimiento se archivará y, en caso de que se oponga, se transformará en verbal u ordinario finalizando con una sentencia. También se puede dar la situación en la que la parte contraria sea notificada pero no se oponga ni pague, por lo tanto, tendremos un archivo para ejecutar.

Una vez que tengamos un título ejecutivo, ya sea una sentencia o archivo para ejecutar, se interpondrá la correspondiente demanda ejecutiva y el consiguiente despacho de ejecución. Iniciado el procedimiento ejecutivo llega el peor escenario para el deudor, el embargo de los bienes de su titularidad hasta recuperar el importe reclamado y las costas e intereses generados.

En definitiva, debe haber sinergia entre la vía amistosa y judicial e intentar ponernos en contacto con el demandado o su letrado para poder llegar a un acuerdo. Hay diferentes momentos procesales que son clave para satisfacer las pretensiones del acreedor sin necesidad de continuar con el procedimiento judicial, como puede ser en el momento en que se ha notificado al demandado, antes de la vista, una vez que haya sentencia estimatoria a favor del demandante o antes de interponer la correspondiente demanda ejecutiva.

Por lo tanto, no podemos entender la recuperación de la deuda por la vía amistosa sin la judicial y viceversa.

Bajo el título «ESG, la tecnología nos guía», Albert Ferré, CEO de Global LegalTech Hub, nos ofrece su punto de vista sobre cómo los factores ESG y la tecnología legal desempeñan un papel fundamental en nuestras organizaciones.

En esta era de rápidos avances tecnológicos y creciente conciencia individual, social y ambiental, los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y la tecnología legal están destinados a desempeñar un papel crucial en nuestras organizaciones.

Me encanta hablar de las semejanzas entre el viento y la tecnología, y creo que es muy clarificador porque ambas son fuerzas poderosas e incontrolables al 100%.

Ambas pueden ser aprovechadas para impulsar la innovación, el cambio y el progreso. Sin embargo, también pueden provocar resistencias, desastres y conflictos si no se manejan correctamente.

Sin embargo, creo que muchas veces obviamos lo más simple, en ambos casos de momento somos las personas los que podemos desencadenar lo mejor y lo peor en el uso de una y otra fuerza.

Así que en ese caso, los factores ESG cobran aún mucho más sentido en la forma en que las organizaciones operan.

Los clientes y la sociedad en general exigen una mayor responsabilidad y transparencia, y en este contexto, la tecnología legal se presenta como una herramienta esencial para marcar la ruta correcta de navegación.

Igual que hoy en día no nos planteamos navegar sin instrumental, brújulas, radar o sonar, no nos podemos plantear navegar en el mundo empresarial sin contramedidas técnicas, como sistemas de control de cumplimiento o sistemas de alerta temprana de posibles vulneraciones de derechos.

En el sector legal, la tecnología ya se usa en las plataformas de control y auditoría, que permiten a las firmas legales monitorizar y mejorar su cumplimiento.

También tenemos sistemas donde podemos almacenar todo nuestro conocimiento y pulir nuestros sesgos, creando bases de una gran calidad para nuestros sistemas de AI. Actualmente, los grandes compradores de servicios jurídicos y algunos estados ya usan compradores de servicios legales, con el objetivo de alinearse con las últimas necesidades, el compliance europeo, y esto no ha hecho más que empezar.

Incluso los sistemas de auto resolución de conflictos en grandes e-commerces como Amazon, son sistemas que mejoran la calidad no solo del servicio, sino la percepción del ciudadano de la justicia.

Por no hablar de los sistemas de mejora de la accesibilidad a la información en la contratación en algunas administraciones mediante legal design + AI, Todos estos son ejemplos de cómo la tecnología está transformando, mejorando y unificando la calidad del sector.

Sin duda, con las herramientas adecuadas y con una visión orientada al bien común, podemos navegar usando a nuestro favor este viento de cambio y utilizarlo para impulsar un futuro más sostenible y equitativo. Desde el Global LegalTech Hub / GLTH, creemos que esta confluencia es un regalo que debemos aprovechar, al máximo, para mejorar el mundo en el que vivimos. Al hacerlo, no solo estaremos contribuyendo a un futuro más seguro, sino que también estaremos construyendo organizaciones más fuertes y resilientes al cambio.

El pasado 19 de febrero, Marina Cristóbal Márquez, Gestor Procesal en Atlante, ofreció una tribuna de opinión para Economist&Jurist.

La relevancia del procurador en procedimientos civiles, especialmente en materia de ejecución ha sido todo un descubrimiento para mí. Muchas veces se tiene la percepción de que la importancia del procurador queda eclipsada por la del letrado y la realidad es que ambos cooperan de la mano en el buen curso de los procedimientos. Cuando digo que me dedico a la procura, la gente suele poner cara de desconcierto. Creo que no está muy claro y definido en la sociedad cuál es realmente el papel del procurador en los procedimientos, por lo que me parece necesario reconocer y plasmar la importante labor del mismo en las actuaciones judiciales.

Es por todos sabido el gran retraso que acumulan los Juzgados y Tribunales en muchos de nuestros partidos judiciales, especialmente en materia de ejecución. Es esta una de las razones por las que el papel del procurador es fundamental en este tipo de procedimientos, evitando así las dilaciones derivadas por el distinto funcionamiento que reina en cada juzgado, pues es cierto que no todos los juzgados funcionan al mismo ritmo, ni su personal se encuentra igual de comprometido con la función pública en la Administración de Justicia.

El procurador se encarga, principalmente, de representar a las partes, así como de conseguir la cooperación y fácil comunicación entre letrados y Juzgados-Tribunales, presentación de todo tipo de escritos dirigidos a un procedimiento, elaboración de calendarios de vencimientos y plazos, así como ser el primer receptor de comunicaciones judiciales para su posterior traslado al letrado con lo que se consigue garantizar el cumplimiento de los requisitos procesales establecidos por nuestro ordenamiento.

Cabe destacar su papel dentro de la Administración de Justicia. En su día a día están en contacto directo con los funcionarios, impulsan los procedimientos, y acompañan a las partes durante toda la vida de estos, incluso llegan a matizar y/o corregir, si las circunstancias lo exigen, para evitar errores que puedan dar lugar a confusiones dentro del pleito.

Es relevante el protagonismo que adquiere esta figura tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015 de 5 de octubre que reforma de la LEC 1/2000 de 7 de enero. Son muchos los avances y aciertos conseguidos desde su aplicación, entre ellos, se facilita el cumplimiento de los deberes del procurador al permitirle la presentación de escritos de forma telemática, consiguiendo así una mayor garantía en el cumplimiento de los plazos procesales, pues hasta entonces los escritos debían presentarse a través de los respectivos registros de cada juzgado y en los salones de procuradores retirar las notificaciones judiciales de forma presencial, respetando la territorialidad que imperaba hasta el momento.

Otra de las ventajas concedidas, que promueve de la reducción de los plazos de las ejecuciones civiles viene dada por la reforma anteriormente mencionada, consistente en otorgar al procurador la capacidad de certificación para llevar a cabo los actos de comunicación, recogida en el artículo 152 LEC, los cuales hasta el momento se llevaban a cabo por medio de los funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial de forma exclusiva, lo que suponía el colapso de los Servicios Comunes de Notificaciones y el retraso en obtener los resultados.

Es necesario indicar que dicha habilitación al procurador debe ser solicitada a instancia de parte y de forma expresa, y la misma será concedida bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia, esto supone a partir de este momento que los actos de comunicación llevados a cabo por procuradores tengan la misma validez que un acto de comunicación llevado a cabo por funcionario público, acelerando así el trámite de notificación.

A pesar de estos avances, quedan objetivos que cumplir y que mejorarían el curso de los procedimientos. Una de las propuestas perseguidas es dar a esta figura acceso directo al Punto Neutro Judicial, instrumento creado para servir de apoyo a la gestión de los órganos judiciales. Entre sus principales funciones se encuentra el acceso a consultas patrimoniales y/o domiciliarias, intercambio de información entre organismos del Estado, consultas penitenciarias, embargos telemáticos.

Con el acceso a esta red de servicios para la Administración de Justicia podría establecerse una estrategia eficaz junto al letrado para solicitar el embargo de bienes concretos, garantizando así la posición del ejecutante. Del mismo modo, permitiría obtener directamente información sobre averiguaciones domiciliarias, facilitando así la práctica de requerimientos de pago por medio de la habilitación del artículo 152 LEC. Todo ello supondría obtener con inmediatez lo que en la práctica se puede dilatar meses. Por supuesto, bajo la dirección y supervisión del LAJ y amparado por el secreto profesional propio de la procura.

En mi opinión, muy distinta a lo que pensaba hace unos años, es de suma relevancia la existencia del procurador, pues a pesar de ser un papel llevado a cabo para muchos en la sombra, lo cierto es que resulta fundamental a la hora de agilizar los diferentes momentos procesales. Y es, desde mi punto de vista, precisamente la discreción del papel del procurador lo que le dota de importancia.

Puedes leer la tribuna al completo a continuación: La procura como impulsora de las ejecuciones civiles, ¿error o acierto?

Sonia Benito Elices, Managing director de Atlante, en una entrevista para Derecho Práctico repasa el intenso año 2023 que vivió la compañía: Desde el premio a la Mejor Start Up Legal en la VIII Edición de los Premios Expansión Jurídico, el patrocinio del Global LegalTech Hub / GLTH y hasta la puesta en valor de sus herramientas Lyra y Legal Insights.

Sonia, os vimos muy activos durante el 2023, participando en grandes eventos del sector y cosechando prestigiosos reconocimientos. En este sentido, enhorabuena por el galardón que Atlante recibió como la Mejor Start Up Legal en España en la VIII Edición de los Premios Expansión Jurídico. Sin duda, es un reconocimiento a vuestro trabajo alrededor del legaltech y la innovación, que se puede resumir en el claim que aparece en vuestra web: #SomosLegaltech.

Muchas gracias, efectivamente este prestigioso premio en el sector jurídico-legal es un reconocimiento al trabajo de nuestro equipo durante todos estos años.

¿Qué motivos crees que llevó al jurado, formado por exministros de Justicia, secretarios del Consejo del Ibex35 y socios directores de los principales despachos, a concederos este premio?

Atlante se concibe desde sus inicios como una compañía Legaltech, es parte de nuestro ADN. Creamos soluciones en las que aplicamos tecnología para nuestra gestión interna pero también para nuestros clientes.

Desde nuestros inicios hemos invertido mucho en IA, especialmente en Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural, apostando por las personas, la tecnología y los procesos, que son los tres pilares fundamentales en Atlante. Indudablemente esto es lo que han visto y entendido muy bien los miembros del jurado.

Nosotros sospechamos que vuestras dos herramientas, Lyra y Legal Insights, han sido determinantes en vuestro éxito en estos premios. ¿Estás de acuerdo?

Si, efectivamente Atlante se ha apoyado en su ADN tecnológico basado en IA y Machine Learning para crear un ecosistema propio, LYRA, el cual gestiona miles de procedimientos judiciales. Este software lleva procesados más de 8 millones de documentos legales, que se traducen en datos más automatizados, organizados y homogéneos, claves para lograr una gestión optimizada y la reducción del error humano al mínimo.

Puedes leer la entrevista completa a continuación: «Somos una compañía Legaltech, es parte de nuestro ADN: Creamos soluciones para nuestra gestión interna y también para nuestros clientes»