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Bajo el título «De Napoleón a la Inteligencia Artificial: La revolución en la captación de clientes en el sector legal», Yahaira Agredo Velásquez, Directora de Marketing en Economist&Jurist Group, nos ofrece su punto de vista sobre cómo la evolución tecnológica está transformando el sector legal.

Napoleón Bonaparte, el estratégico general que conquistó Europa, no solo fue un genio militar, sino también un visionario en la forma de abordar los problemas. En 1793, en la reconquista de Toulon, demostró que la clave del éxito no siempre está en atacar de frente, sino en identificar la debilidad del enemigo y enfrentarlo desde otra perspectiva. Su estrategia no se basó en la tradición, sino en el análisis de datos previos, el conocimiento del entorno y una ejecución precisa. Curiosamente, la transformación digital que está modificando el sector legal sigue principios similares: dejar atrás los métodos tradicionales y adoptar una estrategia data-driven.

El sector legal, por décadas, ha confiado en el boca a oreja y en modelos de negocio tradicionales para captar clientes. Sin embargo, al igual que Napoleón en Toulon, hoy las firmas que desean conquistar el mercado deben entender que las reglas del juego han cambiado. La digitalización del conocimiento, la estructuración de datos y la personalización de servicios son los nuevos pilares para diferenciarse y crecer estratégicamente.

De la captación tradicional a la estrategia Data-Driven

En el pasado, la captación de clientes en el sector legal dependía de la reputación, recomendaciones y estrategias de marketing convencionales como anuncios en revistas especializadas y directorios legales. Sin embargo, este enfoque no solo es ineficiente y anticuado, sino que impide una segmentación precisa del mercado real.

Hoy, gracias a la tecnología, los despachos pueden obtener y analizar datos sobre sus clientes potenciales, conocer sus necesidades y ofrecer soluciones adaptadas a cada asunto. Tal como Napoleón estudió las derrotas pasadas para formular su estrategia, las firmas inteligentes deben analizar los patrones de comportamiento de sus clientes para optimizar su captación y retención de cartera.

El poder de la Inteligencia Artificial en la captación de clientes

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el sector legal en varios frentes, pero uno de sus impactos más relevantes es en la captación de clientes. Herramientas de automatización permiten reducir los tiempos de conversión de potenciales clientes en clientes reales. Hoy, con un simple formulario online, un despacho puede obtener datos clave y ofrecer un diagnóstico inmediato del caso mediante algoritmos predictivos.

Este cambio no solo optimiza la captación, sino que también aumenta la eficiencia operativa, permitiendo que los abogados se centren en tareas de mayor valor, como la estrategia legal y la relación con el cliente.

Segmentación y personalización: la clave del éxito

En la era de la información, la personalización es la diferencia entre un despacho que crece y uno que desaparece. Tal como Napoleón adaptó su estrategia según el enemigo y el terreno, los despachos deben adaptar su oferta según el perfil del cliente.

La segmentación permite identificar clientes potenciales y dirigirse a ellos con mensajes adecuados. Un despacho especializado en litigios penales no necesita el mismo enfoque de captación que uno orientado a derecho de familia. La IA permite analizar datos y predecir qué tipo de cliente es más propenso a contratar un servicio, optimizando así los recursos y mejorando la tasa de conversión (CTA).

Digitalización del conocimiento: un requisito para la innovación

Uno de los mayores errores que cometen los despachos al intentar digitalizarse es pensar en la tecnología como un fin en sí mismo. Antes de implementar IA o herramientas digitales, es crucial estructurar el conocimiento del despacho: organizar bases de datos, categorizar información y establecer flujos de trabajo eficientes. Este punto daría para un artículo independiente.

La digitalización del conocimiento no solo permite una mejor gestión interna, sino que también mejora la experiencia del cliente. Al estructurar la información, los abogados pueden acceder rápidamente a casos similares, ofrecer respuestas más rápidas y mejorar la calidad de sus servicios. En otras palabras, tener una base de datos organizada es el equivalente a que Napoleón tuviera mapas detallados antes de cada batalla: la información es poder.

Conclusión: abrazar el cambio o quedarte atrás

La revolución en la captación de clientes en el sector legal ya está en la cocina de muchos y en la mesa de otros. Aquellos despachos que sigan confiando exclusivamente en métodos tradicionales se enfrentarán a la misma suerte que los generales que ignoraron las estrategias innovadoras de Napoleón.

La transición a un modelo data-driven no solo es necesaria, sino que es la clave para el crecimiento sostenible. La segmentación y personalización de servicios, combinadas con la digitalización del conocimiento, permitirán a los despachos diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo y volátil.

Napoleón no inventó nada nuevo, pero supo combinar lo que ya existía de una manera diferente. De la misma manera, los despachos del presente (que no del mañana) no deben reinventar la rueda, sino aprovechar la tecnología que existe para evolucionar y prosperar día a día. El momento de actuar es ahora.

Ayer, martes 5 de febrero, Daniel Jaume Pérez, Head of Sales & Business Development en Zelsior, participó en la entrevista organizada por Open Hub News, bajo el título: «La digitalización de Justicia: el impacto de las plataformas en la reclamación judicial».

La integración de nuevas tecnologías en los sectores legal y judicial siempre ha sido un proceso más gradual. A pesar de que se ha avanzado notablemente en esta materia, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la digitalización de estos sectores para lograr una adaptación transversal.

En una industria donde muchos de los procedimientos y métodos tradicionales todavía prevalecen de manera imperante, se están abriendo las puertas para los profesionales y consumidores que abogan por una justicia rápida, ágil e inmediata. Del mismo modo, la regulación está progresivamente apoyando dicha transformación.

En este contexto, se consolidan como un pilar fundamental las plataformas digitales de reclamación judicial. Estas soluciones tecnológicas facilitan la experiencia judicial a pequeños negocios e individuos profesionales. Son muchos los beneficios que ofrecen, hecho que explica la amplia aceptación por los usuarios, pero es innegable su vigente coexistencia con los métodos tradicionales.

Plataformas digitales vs despachos tradicionales

Daniel Jaume Pérez, Head of Sales & Business Development en Zelsior, identifica con claridad los factores diferenciadores: “Las plataformas online de reclamación judicial son más rápidas, accesibles y económicas, enfocándose en simplificar y automatizar el proceso judicial para casos más sencillos”. En este sentido, Óscar César Iroa, Socio Director de Desarrollo de Negocio e Innovación en Ka Recovering, añade: “Ofrecemos un canal ‘nuevo online’ para los clientes donde pueden subir sus facturas, realizar el seguimiento del expediente e interactuar tanto con nosotros como con sus clientes para la consecución de un acuerdo de pago y su correspondiente pago”.

Por otro lado, Daniel Jaume Pérez prosigue: “La reclamación de cantidades se realiza a través de procedimientos relativamente estandarizados y los supuestos están bastante tasados, de modo que se pueden desarrollar procesos muy eficientes y ofrecer condiciones a las pymes y autónomos como las que disfrutan los grandes tenedores y gestores de deuda”.

Rápidas, económicas y accesibles

Autonomía, sencillez, inmediatez y abaratamiento de coste son los principales beneficios que presentan estas plataformas. En las palabras de Daniel Jaume Pérez, “se ha facilitado el proceso de reclamación, permitiendo que más personas puedan defender sus derechos sin necesidad de grandes inversiones de tiempo y dinero”.

José A. Caballero, co-Founder y CEO en RedClaimer, profundiza en cada uno de estos beneficios. Con estas plataformas, “el cliente es el que, a través de la plataforma, sube la información, siendo él mismo el que arranca el proceso”. Además, “cualquier perfil puede iniciar un proceso judicial o amistoso, ya que hemos reducido los datos necesarios para comenzar”. No sólo eso, sino que: “El proceso arranca el mismo momento en el que el usuario sube la información”. Finalmente, “para el usuario es muchísimo más barato ya que hemos eliminado la intervención humana no necesaria, así como procesos que no aportaban valor”.

En este sentido, el directivo de Zelsior enumera las virtudes que aportan estas plataformas: “la accesibilidad sin necesidad de desplazamientos; la reducción de costes económicos; la rapidez, ya que detrás de la plataforma hay detrás una gran compañía de servicios de recuperación”. Así pues, estas plataformas han instaurado una facilidad que hasta ahora era desconocida en este ámbito. Tal y como resume Óscar César Iroa: “Por fin reclamar una factura judicialmente ya no es ni caro ni lento ni complejo.

Superando obstáculos

Aunque estas plataformas ofrecen numerosas ventajas, también abordan ciertos obstáculos. José A. Caballero identifica su origen: “Los principales desafíos son de índole comercial y procesal”. Bajo esta premisa, las plataformas digitales deben realizar un esfuerzo para consolidarse frente al modelo tradicional. “Esto supone o puede suponer, la ‘evangelización’ entre determinados tipos de usuarios como son autónomos y pymes, aunque ya está siendo bien acogido”, apunta el CEO de RedClaimer.

Por otro lado, Daniel Jaume Pérez suma el factor de la confianza: “Es nuestro deber saber comunicar y hacer sentir al cliente que detrás de una experiencia digital como la que ofrecemos, existe el trabajo de profesionales altamente cualificados y con gran experiencia”. Y sabe cómo lograrlo: “Con atención al detalle en la información que le llega en su experiencia de usuario, con resultados y con una atención al cliente cercana”.

La regulación es otro de los retos que enfrentan estas plataformas. “Se realizan diferentes auditorías y pruebas de seguridad para garantizar todo el cumplimiento legal ofreciendo información al cliente clara para su tranquilidad”, comenta Óscar César Iroa. También destaca la importancia de la transparencia: “Es importante que nuestros servicios sean claros, y eso se consigue gracias a una capacidad de experiencia del usuario donde el cliente es partícipe del proceso, tanto desde el punto de vista operativo como informativo, y por lo tanto formando un equipo único con nuestros clientes”.

A pesar de que existen limitaciones, cómo por ejemplo la gestión de casos complejos, Óscar César Iroa tiene claro cuál es el aliado: “Toda esta innovación nos permitirá trabajar aquellos casos más difíciles con mayor seguridad y eficacia, pudiendo dedicar más tiempo los abogados y especialistas en aportar su valor y experiencia en la gestión de cada caso”.

Puedes leer la entrevista completa a continuación: La digitalización de la Justicia: el impacto de las plataformas en la reclamación judicial

Ayer, 27 de enero, Leticia Nevado Ramos, Team Leader Back Office en Zelsior, ha ofrecido una tribuna de opinión para El Economista bajo el título «Digitalización y retos legales de las empresas de recobro: el uso masivo de datos sensibles».

Hace ya años que entre juristas se comenzaba a hablar de una nueva plataforma digital que revolucionaría el mundo jurídico, ya que iba a ser de obligado cumplimiento para todos los profesionales que se relacionasen con la Administración de Justicia: Lexnet.

Comenzaba así el largo camino de la «era de la digitalización». Varios años después, nos encontramos de lleno dentro de un entramado de datos y metadatos que nos impactan en nuestra profesión día a día.

Efectivamente, la adaptación a las nuevas tecnologías es de vital importancia para todos los sectores, incluido el de las empresas dedicadas al recobro de deuda, siendo la automatización la clave de la digitalización. La implementación de tecnologías como la IA y el machine learning permiten personalizar estrategias de cobros, identificando comportamientos comunes a determinados tipos de deudores, aumentando así la efectividad de recuperación de la deuda, reduciendo tiempos de gestión, dando un servicio óptimo al cliente que desea un proceso judicial rápido y con reducción de costes.

Una cuestión nada baladí si se tiene en cuenta que la morosidad es un indicador crítico del desempeño financiero para bancos y fintechs y la salud financiera de un país. En concreto, según un informe de la consultora Gloval y Prime Yield con cifras de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), las entidades bancarias suman 76.200 millones de euros en estos préstamos, con datos hasta mitad de año 2024. El informe pronostica, además, que este año las entidades financieras españolas cerrarán operaciones de venta de carteras de préstamos dudosos por 22.300 millones.

En este contexto, los últimos avances tecnológicos están marcando una nueva era en la mitigación de riesgos crediticios. No obstante, esta transformación también trae consigo una serie de retos legales que se deben tener en cuenta para garantizar un funcionamiento efectivo y ético en un entorno cada vez más competitivo.

La digitalización nos enfrenta al desafío de gestionar grandes volúmenes de expedientes. Por eso, uno de los grandes retos de las empresas de recuperación de deuda es implementar medidas de seguridad adecuadas en materia de protección de datos, ya que, el incumplimiento de estas normas puede generar sanciones severas y afectar a la reputación de la empresa. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, complementado por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) clasifican estas sanciones en leves, graves y muy graves dependiendo de la infracción cometida, alcanzando las leves la cuantía de 40.000€; las graves, de 40.001€ a 300.000 y las muy graves de 300.001 a 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual de la empresa, imponiéndose en este caso, la que tenga mayor cuantía.

Por citar algunos ejemplos de empresas que han sido sancionadas en los últimos años, podríamos hablar de gigantes como Amazon, con una sanción de 746 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo en el año 2021; o WhatsApp con una multa de 25 millones de euros, impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en el año 2021. Solo en España, podemos citar a Vodafone España con una multa de 8,1 millones de euros en 2021, a BBVA con una multa de 5 millones de euros en el año 2018 o CaixaBank con una multa de 6 millones de euros.

Entre los motivos de estas sanciones destacan el incumplimiento de los requisitos de consentimiento libre e informado, la carencia de base sólida a la hora de ceder los datos a otras entidades o la comisión de infracciones en las comunicaciones electrónicas y telefónicas con los clientes donde no siempre existe una autorización previa por escrito para tratar determinados datos.

En aras de evitar estas altas sanciones, entre las medidas que deben llevar a cabo las empresas podemos enumerar algunas como cifrar los datos confidenciales; realizar copias de seguridad de forma periódica; implementar un plan de respuesta a incidentes; contar con un CMP o plataforma de gestión del consentimiento; o incorporar a la plantilla a un delegado en protección de datos que vele por el cumplimiento de la normativa, etc.

Habida cuenta de la obligatoriedad de cumplir con la normativa en materia de protección de datos, conviene no olvidar que es necesario implementar un sistema de seguridad interno que se adapte a las fintech, puesto que gracias a las facilidades de pago que las plataformas digitales nos ofrecen, debemos comprobar que, efectivamente, los pagos realizados son seguros y que no hay riesgo de un posible fraude. En este sentido, las plataformas de pagos digitales son vulnerables a ataques BIN (número de identificación bancaria), puesto que una filtración en sus sistemas puede tener una repercusión perjudicial para las empresas y sus clientes; pueden también sufrir robos de datos personales, ataques de phishing o de malware introducido en la infraestructura de pago. Esto se puede evitar mediante análisis de comportamiento, tokenización y cifrado de datos, el uso del 3D Secure 2 para la realización de transacciones en línea y, como hemos apuntado anteriormente, mediante la figura del delegado de protección de datos en este tipo de empresas para la realización de un plan de medidas de seguridad adaptadas a la normativa vigente.

En definitiva, la digitalización y automatización de procesos trae considerables ventajas para la eficiencia y desarrollo del sector, al mejorar la experiencia con el cliente y posicionarnos como un buen competidor de mercado. Pero esto también implica una serie de retos que debemos ir superando para no quedarnos atrás. Aún queda mucho camino por recorrer, pero debemos tener en cuenta que la clave de todo es alcanzar el equilibrio entre una buena propuesta de digitalización que nos permita el correcto cumplimiento en materia de protección de datos y mediante la cual brindemos la mayor seguridad a los datos con los que trabajamos.

Puedes leer la tribuna completo publicada por El Economista a continuación: Digitalización y retos legales de las empresas de recobro: el uso masivo de datos sensibles

Las compañías Atlante y Proinvest han culminado su integración y comenzado a operar bajo una única marca, Zelsior, acometiendo un «profundo cambio de imagen y de renovación de su identidad corporativa», según ha indicado en un comunicado este lunes, 11 de noviembre.

En concreto, la integración ha supuesto la consolidación de todas las áreas productivas y equipos, así como la homogeneización completa de sus servicios, al tiempo que se ha impulsado la eficiencia operativa del Grupo a través de la centralización y reorganización de la estructura de soporte y dirección, manteniendo sus dos sedes en Madrid y Barcelona.

Como parte de esta evolución, la compañía ha pasado a operar bajo una marca única, Zelsior, que refleja la visión de futuro del Grupo y su «apuesta por la innovación».

IMAGEN MÁS ALINEADA CON DIGITALIZACIÓN Y VANGURDIA

Esta renovación se ha acompañado, además, de un cambio de logotipo y la actualización de su identidad corporativa, logrando, según ha señalado la firma, «una imagen más moderna y alineada con los valores de digitalización y vanguardia que caracterizan a la empresa».

Cabe recordar que Proinvest, compañía especializada en la prestación de servicios jurídicos, recuperación de deudas y gestión documental de créditos, fue adquirida por Atlante, «legaltech» especializada en servicios legales en el ámbito de recuperación integral de la deuda, en el año 2022.

Dicha operación permitió a Atlante sumar nuevos servicios, a la vez que fortalecer líneas de negocio, con lo que la creación de Zelsior representa una nueva etapa de madurez en la compañía, que adapta su identidad a su «apuesta para liderar la transformación digital del sector legal, mejorando la eficiencia en la gestión procesal y utilizando la tecnología para ofrecer servicios más eficaces».

Por su parte, Zelsior, fundada en 2015, ofrece servicios legales 360º en el ámbito de la gestión del crédito gracias a la aplicación de la tecnología propia (software Lyra) que permite la gestión y automatización de procedimientos masivos y la optimización de recursos mediante la Inteligencia Artificial aplicada al ámbito legal, transformando la «lentitud burocrática en un servicio ágil».

Puedes leer la noticia completa a continuación: Atlante y Proinvest culminan su integración y renuevan su identidad corporativa bajo la marca Zelsior

Hoy, 9 de julio, Javier Gasalla Palla, responsable del departamento de Procura en Atlante, ha ofrecido una tribuna de opinión para Expansión bajo el título «Tendencias y retos a los que se enfrentan los procuradores en un entorno judicial cada vez más digitalizado».

No hace falta remontarse mucho en el tiempo para descubrir el hecho que lo cambió todo en el mundo de la procura: la obligatoriedad de uso de la plataforma LexNET. Este hecho dejó atrás la rutina del procurador de salir por la mañana de su despacho con el maletín cargado de escritos y demandas para presentar en papel, para volver pasadas unas horas con el mismo maletín, pero esta vez cargado de notificaciones.

Por aquel tiempo, pocos imaginarían que solo unos años más tarde la tecnología habría evolucionado hasta el punto en el que estamos ahora, dejando a un lado el maletín para echar mano de las múltiples herramientas digitales que hacen que todos los procesos se realicen de forma cada vez más eficiente.

Los requisitos marcados por los Juzgados, así como los estándares de calidad que exigen los clientes hoy en día tanto a procuradores como a sociedades de procura, han obligado al procurador a mantenerse en constante evolución, poniendo a prueba su capacidad de adaptación, y aquellos que decidan no subirse al barco de la digitalización corren el riesgo de quedar obsoletos. La adaptación a las nuevas tecnologías no solo es una necesidad para cumplir con la normativa vigente, sino también una ventaja competitiva que permite ofrecer un servicio más eficiente y preciso.

Procesos, datos y metadatos, ciberseguridad, eficiencia, inteligencia artificial, interoperabilidad, machine learning… son términos que utilizamos prácticamente a diario en nuestro trabajo y que se han convertido en nuestra rutina. Términos que muchos podrán pensar que están provocando o provocarán una deshumanización del proceso judicial, aunque mi opinión es totalmente opuesta: esta eficiencia en los procesos hará que el trabajo del humano sea más humano, dejando a un lado las tareas más repetitivas y monótonas para centrarnos en otras que realmente aporten valor al proceso, la atención personalizada a los clientes, el análisis de los casos en profundidad y la toma de decisiones estratégicas. De esta forma, la tecnología se está convirtiendo en un aliado que potencia nuestras capacidades y nos permite dedicar más tiempo a aspectos fundamentales que requieren juicio, empatía y demás habilidades humanas que siempre son y serán irremplazables.

Puedes leer la tribuna al completo a continuación: Tendencias y retos a los que se enfrentan los procuradores en un entorno judicial cada vez más digitalizado

El pasado 22 de mayo, Atlante celebró junto con el Global LegalTech Hub una webinar bajo el título: «Los contratos del futuro», en la que reunieron a especialistas de instituciones públicas y empresas privadas para analizar el impacto de los ‘Contratos Inteligentes’ en los consumidores.

“Es necesario un marco regulatorio específico que garantice la protección del consumidor en el ámbito de los Contratos Inteligentes o Smart Contracts, a través de información clara, la transparencia y la comprensión de las condiciones generales de contratación”. Así lo han asegurado expertas del sector jurídico-legal en el encuentro organizado por la compañía Legaltech Atlante junto con Global Tech Hub (GLTH), en el que pusieron de manifiesto que “si bien los consumidores se beneficiarán de esta nueva tecnología autoejecutable que permitirá reducción de costes y tiempos, también se plantean nuevos desafíos con respecto a la protección y la garantía del equilibrio entre las partes que ofrecen los contratos tradicionales”, por lo que auguraron “una sinergia muy interesante entre tecnología y Derecho para avanzar en materia de Contratos Inteligentes”.

El encuentro, que reunió a profesionales de instituciones públicas y empresas privadas del sector jurídico-legal para analizar la situación en España de estos mecanismos que utilizan la tecnología Blockchain, estuvo moderado por Dagania Fraile, responsable de dirección letrada en Atlante, que sostuvo que “el uso de Contratos Inteligentes no implica que se dejen de lado los contratos tradicionales, sino que ambas formas de contratación pueden y deben convivir”.

Por su parte, Marisa Protomártir, responsable de servicios jurídicos en ASUFIN, señaló la especial atención que se debe poner en las condiciones de la contratación en este tipo de contratos. A este respecto, aseguró que “existe una jurisprudencia y una legislación comunitaria que permite que nos adaptemos a este tipo de contratos».

A su juicio, desde el punto de vista del consumidor, existen tres aspectos preocupantes. En primer lugar, la claridad y sencillez que deben acompañar a las condiciones generales de la contratación para que el consumidor comprenda qué es lo que está contratando. De ahí que, en su opinión, ahora “se abre una oportunidad de revisar cómo se presentan las condiciones de la contratación, y como el empresario se cerciora de que el consumidor ha leído y comprendido estas condiciones y, por lo tanto, el consentimiento que ha prestado. Se deben establecer medios y formas que garanticen esa claridad y sencillez que obliga la ley” apostilló. En segundo lugar, desde su punto de vista, otro tema que preocupa especialmente en relación con los derechos de los consumidores en estos contratos autoejecutables es “cómo se puede garantizar el derecho de desistimiento”. Como tercer punto, Protomártir señaló la dificultad de detectar sesgos existentes durante desarrollo de los Contratos Inteligentes. Para concluir, aseguró que “aún existe una brecha digital”, y defendió que “una contratación a través de internet debe tener en cuenta el poder llegar a todo el mundo”, de modo que el uso de los Contratos Inteligentes “sea posible para todos los ciudadanos sin importar dónde residen o las dificultados de conectividad que tengan”.

Durante el encuentro, Irene Fidalgo, Legal Engineer en Cuatrecasas, planteó los desafíos legales que se deben considerar, “a pesar de las ventajas en términos de eficiencia y seguridad que conllevan los Contratos Inteligentes”. Una de las características principales que destacó la experta es la inmutabilidad de estos contratos. Señaló que la tecnología Blockchain que se utiliza para su almacenaje plantea varios problemas, “ya que cualquier error en la codificación o término abusivo se automatiza y se ejecuta sin posibilidad de intervención humana, eliminando la flexibilidad de subsanación como tiene en la actualidad un contrato tradicional”. Por ello apeló a la necesidad de “desarrollar marcos regulatorios específicos para abordar sus particularidades y que garanticen la protección de los consumidores”. En este contexto, añadió que “es vital promover la transparencia, la comprensión de esos contratos asegurando que los consumidores no queden en desventaja frente a las empresas”.

En este sentido, Dagania Fraile, aludió a que la legislación actual de consumidores y usuarios implica, en cierto modo, un traslado de la responsabilidad a quien emite un Contrato Inteligente frente al consumidor, aunque, apostilló, “no debe olvidarse que es el usuario quien finalmente decide utilizar un sistema y adquirir un producto de una determinada manera frente a las múltiples opciones del mercado”.

También intervino la profesora ayudante de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, Helena Palomino, que animó al uso de «todas las nuevas herramientas que supongan agilizar tiempos, ahorrar costes y otorguen seguridad y confianza en las transacciones”. Y coincidió en que “se deben articular una serie de mecanismos en el marco de los Contratos Inteligentes que garantice la protección del consumidor que ya está regulada en las relaciones de consumo, y que no se traslade en un perjuicio a la parte más débil, es decir al consumidor”.

Asimismo, Palomino puso de relieve que entre los problemas que los Smart Contracts pueden plantear a los consumidores “se encuentra el de su anonimato, una de sus principales características, lo que puede llevar a que se desconozca la condición de consumidor de una de las partes”, así como “los conflictos que puede generar la discrepancia entre el lenguaje máquina generado por el programador y el lenguaje natural”.

En conclusión, todas las especialistas auguraron un auge de este tipo de contrataciones vía Smart Contract bajo el amparo del marco regulatorio actual.

Puedes acceder a la nota de prensa a continuación: Expertas piden establecer un marco regulatorio en los ‘Contratos Inteligentes’ para consumidores y empresas – Confilegal

Los expertos han advertido en el 10º Congreso Nacional de Recuperación Judicial que una de las mayores preocupaciones del sector es la falta de automatización de procesos.

En el marco del 10º Congreso Nacional de Recuperación Judicial, evento de referencia en España que reúne a las principales firmas legales, servicers, entidades financieras, proveedores de servicios BPO especializados en recuperación judicial y, en general, a entidades vinculadas al fintech, regtech y legaltech, Sonia Benito, directora general de Atlante, ha revindicado la figura del procurador en los procesos judiciales en la era de la digitalización de la Justicia.

“La figura del procurador tiene un papel irrenunciable en la representación eficiente en procesos judiciales, y ha sabido adaptarse y evolucionar en un momento de constantes cambios en el que la tecnología ha impactado en la profesión, dotando de mayor eficiencia a los procesos y aportando soluciones innovadoras indiscutibles”, ha señalado Benito.

En este 10º Congreso distintos expertos han explorado los servicios de procura actuales y su papel crucial en los procesos judiciales, poniendo de manifiesto la conveniencia de optar por servicios de procura con tratamiento masivo o especializado.

Asimismo, se ha abordado esta cuestión mediante un análisis detenido de las tendencias actuales y los retos a los que se enfrentan los procuradores en la era de la digitalización de la justicia.

En este sentido, Benito manifestó que “hay mucha variedad de modelos de procura, siendo lo más importante que nos adaptemos al tipo de cliente, al tipo de necesidad y producto de que se trate”. Es así como, la experta aseguró que “lo verdaderamente relevante es poder prestar el servicio que nos estén exigiendo en cada momento”. Y añadió que “para Atlante lo importante en los trabajos masivos es focalizarnos en los procesos, invertir en tecnología y poder trabajar para aplicar esa eficiencia en beneficio de nuestros clientes”.

Los operadores jurídicos tienen que adquirir competencias digitales

En el foro, que ha estado moderado por el socio en Savia Asset Management, Alejandro Lucero, también se puso de manifiesto cómo a través de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia, se ha logrado un avance en la dotación de medios, en la digitalización y puesta en marcha del Expediente Judicial Electrónico.

En este sentido, los expertos destacaron la constante evolución y adaptación a los cambios de la figura del procurador, así como sus nuevos roles.

Por su parte, Javier Hernández, socio en Ataliter, señaló que “procurador y adaptación es lo mismo” y aseguró que “los procuradores nos hemos estado adaptando continuamente a lo largo de los años; hemos sido pioneros en aplicar tecnología y en automatizar, y seguimos en esa línea que es fundamental”.

En la misma línea, José Cecilio Castillo, socio director de Castillo & Campos Procura, manifestó que “siendo procurador, o te modernizas o te has quedado por el camino”. Castillo también aprovechó su intervención para denunciar “el desarrollo a distintas velocidades de la implantación de la tecnología o procesos según las comunidades autónomas o regiones”.

Los asistentes concordaron en que una de las mayores preocupaciones del sector es la automatización de procesos. Precisamente señalaron que, si bien la figura del procurador ha avanzado mucho y ha hecho sus procesos más eficientes, no ha sido así en las instituciones. Además, coincidieron en la necesidad de que se invierta y haya voluntad por parte de los operadores de Justicia para adquirir competencias digitales.

Los expertos coincidieron en que, más allá de las brechas existentes en el sector, el uso de la tecnología es de gran ayuda para la procura, pues eficientiza los procesos y aporta soluciones innovadoras ante los retos de la era digital. Y finalizaron resaltando que hay un cambio y evolución en la profesión de procurador.

Puedes acceder a la nota de prensa a continuación: Atlante destaca el papel de los procuradores en los procesos judiciales en la era de la digitalización | E&J (economistjurist.es) o a través de Atlante reivindica «el rol esencial» del procurador en los procesos judiciales en la era de la digitalización judicial – Confilegal.

El pasado 22 de mayo, Atlante celebró junto con el Global LegalTech Hub una webinar bajo el título: «Los contratos del futuro».

¿Cómo pueden los contratos inteligentes adaptarse para una interacción justa con los consumidores? ¿La resolución de disputas podrá ser resuelta por la IA? ¿Qué papel jugarán las tecnologías emergentes en la evolución de los contratos?

Durante la webinar se abordaron temas de gran interés, como los contratos inteligentes y su impacto en la relación con los consumidores, cómo la IA podrá gestionar la resolución de disputas y cómo las tecnologías emergentes mejorarán la eficiencia, transparencia y seguridad de los contratos, entre otros.

La webinar contó con la participación de grandes ponentes como Irene Fidalgo Fernández, Legal Engineer en Cuatrecasas; Marisa Protomártir Sánchez-Cascado, Responsable Servicios Jurídicos en ASUFIN; Helena Palomino Moraleda, Profesora Ayudante de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha y Dagania Fraile, Responsable de Dirección Letrada en Atlante, como moderadora.

Si no pudiste asistir a la webinar, puedes verla a través de nuestro canal de YouTube: GLTH/Tables «Los contratos del futuro»

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Bajo el título «¡Hasta el infinito y más allá! Las nuevas formas de financiación del sector audiovisual», Joaquim Matinero Tor, Banking & Finance and Blockchain en Ceca Magán Abogados, nos ofrece su punto de vista sobre cómo la industria del sector audiovisual ha experimentado una gran evolución.

La industria del entretenimiento audiovisual ha experimentado una gran evolución desde sus inicios donde la única formula de consumir era mediante la visualización de producciones en blanco y negro en teatros o salas de proyecciones. En este sentido, junto con la evolución de las nuevas tecnologías, se crearon nuevas formas de distribución y monetización desde las cintas VHS de los 80 hasta el boom de los DVDs en la década de los 2000, hasta el día de hoy donde las plataformas de streaming reinan en casi todos los hogares del mundo occidental.

En la actualidad, la gran variedad de alternativas online de consumo de producto audiovisual pone en jaque, no solo que tipo de producciones (consumo intensivo de series, en detrimento de las producciones tradicionales destinadas al séptimo arte) sino también las formulas de pago, donde un incremento del precio puede provocar un tsunami de transferencia de usuarios de una plataforma a cualquiera de sus competidores. Por ejemplo, plataformas como Disney + han creador programas de fidelización, hasta ofrecer experiencias en el mundo real si se consumía cierto contenido premium o se adquiría cualquier activo digital de su catálogo.

Por consiguiente, este auge del “Far West digitalizado”, conlleva problemas a la hora de obtener financiación, por parte de productores y directores, y convencer a los inversores que su producto es el idóneo después de eternas negociaciones que numerosas veces no acaban con final feliz. Si el supuesto, es favorable, se abren demás complicaciones de seguimiento de la inversión y la certificación de cumplimento de ciertos pasos, que muchas veces crean desconfianza ante la falta de transparencia en ambos lados.

En esta situación de boom de producciones, la tecnología blockchain (conocida en sus inicios únicamente por el sector de las criptomonedas) y gracias a sus contratos inteligentes “Smart Contracts” nos ofrece nuevas soluciones para los productores, guionistas o hasta actores, para financiar sus proyectos, siendo plenamente transparentes en la gestión de los fondos y además ofrecer a los inversores la experiencia de como se crea un proyecto audiovisual desde dentro, disfrutando de experiencias únicas o como no, obteniendo una rendimiento de la inversión como si se tratara de una inversión de capital riesgo.

En consecuencia, ¿Cómo un proyecto puede financiarse mediante esta nueva fórmula? Principalmente determinar si el producto interesa a no solo inversores, sino fans del genero (terror, comedia o recreación bélica, entre otros), sino también, tiene lógica para captar el interés de comunidades digitales (producciones vinculadas a los e-Sports, K-Pop o Música Electrónica, se han financiado fácilmente, ya que las comunidades interactúan principalmente en formato digital).

Si el primer escollo ha quedo solucionado, se valorará emitir unos activos digitales (o también denominados, “tokens”) que se venderán otorgando al inversor determinado rendimiento sobre el proyecto, un pase VIP o la propiedad sobre un fotograma del proyecto audiovisual. Asimismo, dicho activo digital, podrá asimismo transferirse a un tercero si está interesado en el mismo, y conllevará potencialmente una ganancia extrafuncional si el proyecto audiovisual funciona.

De esta forma, se crea un mercado que puede llegar a parecerse en cierta forma a los mercados financieros, con la ventaja que este nuevo mercado está abierto 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año, y que los mismos tokens, pueden comercializarse con anterioridad al lanzamiento del producto final, y que, para el inversor inicial, puede ofrecer una vía de liquidez inmediata si un tercero interesado en adquirir el activo digital.

A nivel nacional, unos de los primeros precedentes de financiación mediante la emisión de tokens fue la película “Bull Run” que logró reunir 320.000 € en menos de 24 horas, gracias a la venta de sus activos digitales a inversores privados, que facilitaron el inició de la producción de la película al día siguiente de la ronda. Este hito marco, un punto de inflexión en el panorama audiovisual español, y justamente en el Festiva del Cine de Málaga 2024, celebrado hace pocas semanas en la ciudad, pudimos ver la premier de otra película financiada también por la venta de tokens (en este caso, mediante la fórmula de NFTs), “Calladita” del Miguel Faus, quien recaudo la increíble cifra de 700.000 €.

En base a todo lo anterior, las nuevas formas de financiación vía la tokenización, y gracias a la tecnología Blockchain ha revolucionado la industria del entretenimiento, ofreciendo la posibilidad de que cualquier interesado pueda formar parte y ofrecer una opción más inclusiva, transparente y accesible a nivel global. Por consiguiente, a medida que se creen nuevos proyectos, es probable que la financiación de nuevas producciones mediante la tecnología Blockchain, se convierta en el formato habitual para industria audiovisual en los próximos años.

Bajo el título «La recuperación de deuda mediante vía extrajudicial y judicial», Alba Aliaga Guzmán, Responsable de Recuperación de Deuda Judicial en Proinvest, nos ofrece su punto de vista sobre cómo recuperar impagos mediante vía extrajudicial y judicial.

Actualmente los acreedores tienen varias vías para poder recuperar su deuda, como es recurrir a la vía extrajudicial o judicial. Quien padece dicha situación suele acudir a empresas de recobro de deuda, que se convierten en un intermediario entre el acreedor y el deudor, con la finalidad de exigir el pago a este último.

Cabe hacer mención que hoy en día no existe una regulación específica para las empresas que dedican su actividad al recobro, sino que la gestión de la recuperación se encuentra limitada por el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y la Ley de Protección de Datos.

En este contexto, ¿cómo podemos recuperar una deuda?

La estrategia a seguir debe de ser mediante la explotación del binomio extrajudicial y judicial.

La vía extrajudicial o amistosa, puede ser la más conocida por todos, ya que hace unos años encontrábamos una figura bastante peculiar como es el “cobrador del frac”. Su misión era sencilla, obviando lo poco ético de esta figura: perseguir al moroso hasta que pagara la deuda. Actualmente, encontramos herramientas que nos ayudan a poder perseguir los impagos sin la necesidad de “crear espectáculo”. La forma más habitual es mediante una llamada telefónica, es decir, un gestor llama al deudor y le informa de la deuda que tiene contraída ofreciéndole el pago directo o bien un acuerdo de pago.

Otra forma de contactar con el particular es mediante correo electrónico o SMS, si bien lo que ofrece mayor seguridad para el que recibe este tipo de mensajes es una llamada telefónica. En todo caso, cualquier tipo de comunicación con el deudor debe de respetar su dignidad e intimidad, además de ofrecer unos estándares de calidad y ética profesional, para que ambas partes puedan ver satisfechas sus pretensiones. También hay que tener en cuenta que quien recibe una comunicación de este tipo necesita una respuesta rápida, pues le surgen dudas o bien no entiende de dónde proviene la deuda, y poder hablar con quien se encuentra al otro lado del teléfono da mayor resultado.

Una vez establecido el contacto debemos plantear las diferentes formas con las que se puede solventar la reclamación, teniendo en cuenta los requisitos preestablecidos por el acreedor. No obstante, dependiendo del tipo de deuda y de la situación personal del contrario, plantear un pago único puede ser inviable y puede hacer que no haya un final fructífero para ambas partes. Es por ello por lo que el acuerdo de pago es la forma más habitual de poder liquidar la deuda.

Ahora bien, si la vía extrajudicial no funciona, ¿qué otras opciones hay?

Existen otras opciones para poder saldar la deuda, en caso de que la vía amistosa no haya dado sus frutos, como es la mediación o la conciliación, pero hay que tener en cuenta que si éstas no surten efecto hay que recurrir a los tribunales.

Una vez que nos encontramos con que no se ha conseguido el pago de la deuda y tenemos que acudir a la vía judicial es necesario plantear la estrategia a seguir. En este caso, el planteamiento estará regido por la cantidad pendiente de abono, ya que dependiendo del importe podemos reclamarlo mediante el procedimiento monitorio o declarativo (verbal u ordinario). Debemos que tener en cuenta la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en la que se establece que mediante juicio verbal se podrán reclamar aquellas cantidades que no excedan de 15.000€ y todo lo que exceda de dicho importe deberá de seguir la tramitación del juicio ordinario.

El procedimiento monitorio es la forma más ágil de poder reclamar una deuda dineraria, ya que se inicia con la mera interposición de la demanda en la que quede acreditada la deuda. Es un procedimiento relativamente sencillo, pues una vez admitida a trámite la demanda se notificará al contrario y en el plazo de 20 días podrá pagar o bien oponerse. En caso de que pague, el procedimiento se archivará y, en caso de que se oponga, se transformará en verbal u ordinario finalizando con una sentencia. También se puede dar la situación en la que la parte contraria sea notificada pero no se oponga ni pague, por lo tanto, tendremos un archivo para ejecutar.

Una vez que tengamos un título ejecutivo, ya sea una sentencia o archivo para ejecutar, se interpondrá la correspondiente demanda ejecutiva y el consiguiente despacho de ejecución. Iniciado el procedimiento ejecutivo llega el peor escenario para el deudor, el embargo de los bienes de su titularidad hasta recuperar el importe reclamado y las costas e intereses generados.

En definitiva, debe haber sinergia entre la vía amistosa y judicial e intentar ponernos en contacto con el demandado o su letrado para poder llegar a un acuerdo. Hay diferentes momentos procesales que son clave para satisfacer las pretensiones del acreedor sin necesidad de continuar con el procedimiento judicial, como puede ser en el momento en que se ha notificado al demandado, antes de la vista, una vez que haya sentencia estimatoria a favor del demandante o antes de interponer la correspondiente demanda ejecutiva.

Por lo tanto, no podemos entender la recuperación de la deuda por la vía amistosa sin la judicial y viceversa.