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Hoy, 17 de julio, Iolanta Apresyan, Team Leader Señalamientos en Zelsior, ha ofrecido una tribuna de opinión para El Derecho bajo el título «Nueva regulación de los MASC en el sector de recuperación de deuda: ¿será la Justicia ágil o se convertirá en una cúpula de hierro?»

La Justicia española lleva años, o incluso décadas, reclamando la modernización de un sistema que ha quedado obsoleto y no responde a las necesidades actuales de la ciudadanía. En este contexto, la Ley 1/2025, de Modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Normas Complementarias, que entró en vigor el pasado 3 de abril, introduce una serie de cambios en el marco legal de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) en España, especialmente en el ámbito de la recuperación de deuda.

La Ley se configura como una respuesta, tanto a las dificultades tradicionales del sistema judicial, como a la creciente demanda de métodos más ágiles y accesibles para la resolución de conflictos. Poco más de tres meses desde su entrada en vigor, es útil recordar el propósito de esta Ley.

Gestión de los procedimientos judiciales

El tiempo medio de gestión de los procedimientos judiciales que los profesionales de la justicia utilizamos para la reclamación de cantidades tienen una duración larga y, estos tiempos de gestión, lejos de acortarse, cada vez se van alargando más y más, pasando de una duración media de 7 meses en 2014 a 10 meses en 2023, según las estadísticas oficiales del CGPJ.

Además de duraderos, son costosos, pues empezamos a sumar honorarios de abogados y procuradores, tasas judiciales, cuotas variables que dependerán de cada Colegio de Procuradores… A lo que hay que añadir todos los demás gastos que deriven del desarrollo de cada procedimiento y que, claramente, corren a cargo de la parte actora hasta que se dicte la Sentencia y se le resarza por ello.

Todo ello, sumado a un sistema judicial enterrado en toneladas de papel y sumamente garantista, ha generado la necesidad de crear alternativas más rápidas y eficaces.

Métodos alternativos

Los métodos alternativos de solución de conflictos, tales como la mediación, conciliación, arbitraje u oferta vinculante, han adquirido cada vez mayor relevancia en diversas áreas del Derecho, llegando definitivamente al sector de la recuperación de deuda.

La recientemente en vigor, ley 1/2025, que reforma ciertos aspectos del marco legal español, ha tenido un enfoque destacado en los MASC. En particular, busca adaptar y mejorar las posibilidades de resolver disputas fuera del sistema judicial, siempre que ambas partes (acreedor y deudor) acepten dicha solución. Los MASC son procesos de comunicación interpersonal que priorizan el diálogo y la cooperación entre las partes, en lugar del debate confrontativo. En estos procesos, la solución alcanzada se orienta más a satisfacer los intereses y necesidades reales de las personas involucradas que a lo que estipula la norma legal. Es decir, algo más enfocado a la realidad y peticiones de las partes siempre y dentro de la ley.

En el sector de la recuperación de deuda, la Ley impulsa la adopción de estas alternativas para la resolución de conflictos relacionados con el incumplimiento de pagos, promoviendo su utilización por encima de los procedimientos judiciales más formales, configurándolo como un requisito previo obligatorio a los mismos.

Entre las principales novedades de la Ley 1/2025 en relación con los MASC podemos encontrarnos con el papel destacado de la mediación, en la que un mediador imparcial puede ayudar a las partes a llegar a un acuerdo previo a recurrir a los tribunales. Buscamos de esta forma, liberar al Juzgado de la pesada carga de homologación de acuerdos que bien podrían resolverse sin que el asunto llegue a la fase de judicialización. El arbitraje se presenta como otra de las soluciones cuando la mediación no ha sido exitosa. En este contexto, la Ley refuerza el arbitraje en las disputas relacionadas con la recuperación de deuda, estableciendo que los laudos arbitrales tendrán la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial.

Queda aún por ver si, lo más novedoso de esta Ley de eficiencia procesal será la introducción de otros mecanismos como la opinión de un experto, la oferta vinculante, o el Derecho colaborativo.

Mientras que el primero de ellos alude a una resolución de conflicto basada la opinión de un experto, similitud que vemos con un perito en caso de un procedimiento declarativo, los dos últimos métodos ni siquiera vienen explicadas en la página oficial del Ministerio de Justicia, lo que expone estas vías a un ejercicio de interpretación y posiblemente un potencial más alto de inadmisión.

Puedes leer la tribuna completa publicada por ElDerecho.com a continuación: Nueva regulación de los MASC en el sector de recuperación de deuda: ¿será la Justicia ágil o se convertirá en una cúpula de hierro?

El Confidencial ha hecho público el informe de Zelsior, elaborado con Legal Insights, la herramienta de extracción de datos de la compañía.

El reportaje pone en valor la huelga de jueces y fiscales, señalando que el 35 % de las vistas judiciales programadas a nivel nacional durante ese periodo fueron suspendidas, lo que refleja una alteración significativa en la actividad judicial durante las jornadas de protesta.

En el análisis ha participado Pablo de la Viña Muhlack, CEO de Zelsior, y ha sido llevado a cabo por Alejandro Galisteo Domingo, redactor de El Confidencial.

«Estos datos evidencian no solo la magnitud del paro, sino también su impacto desigual según la región.»

Pablo de la Viña Muhlack, CEO de Zelsior

Puedes leer el artículo completo publicado en El Confidencial a continuación: La huelga de jueces y fiscales paraliza el 35% de las vistas judiciales

Bajo el título “Un impuesto europeo para los servicios digitales”, Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y experto internacional en Derecho digital, nos ofrece su visión sobre la necesidad urgente de establecer un marco fiscal justo, eficaz y adaptado a la economía digital, para asegurar una competencia equilibrada y una tributación equitativa entre empresas tradicionales y tecnológicas.

La economía digital ha experimentado un rápido crecimiento en la última década, lo que ha transformado radicalmente la dinámica económica mundial. Las grandes empresas digitales, conocidas comúnmente como gigantes tecnológicos, dominan ahora sectores clave como el comercio electrónico, las redes sociales, la computación en nube y la publicidad en línea. En la Unión Europea (UE), estas empresas generan ingresos sustanciales aprovechando su amplia base de consumidores. Sin embargo, la Unión se enfrenta a importantes dificultades para adaptar su marco fiscal, concebido para una era analógica.

A diferencia de las empresas tradicionales, que tributan en función de su presencia física y sus activos en jurisdicciones específicas, las empresas digitales pueden operar sin problemas a través de las fronteras con una presencia física mínima. Esta capacidad de trascender las fronteras nacionales ha puesto de manifiesto importantes lagunas en los mecanismos de recaudación de los Estados miembros de la UE. Como resultado, ha surgido un desequilibrio estructural: las empresas tradicionales, que dependen de activos tangibles y operaciones locales, a menudo se enfrentan a tipos impositivos efectivos mucho más altos, mientras que los gigantes digitales explotan las lagunas, las estrategias de traslado de beneficios y las discrepancias en los regímenes fiscales nacionales para minimizar su efectiva carga fiscal.

Actualmente, las principales empresas digitales pagan un tipo impositivo medio efectivo de sólo el 9,5 %, frente al 23,3 % de las empresas tradicionales. Esta disparidad distorsiona la competencia y priva a los Estados miembros de unos ingresos fiscales cruciales, obstaculizando su capacidad para financiar bienes y servicios públicos esenciales. La magnitud de este problema se ve subrayada por el hecho de que, en 2024, los gigantes tecnológicos generaron en la UE el 7,3 % de su volumen de negocios mundial.

Para abordar esta cuestión, la Comisión Europea propuso un impuesto sobre los servicios digitales (ISD, DST, digital services tax) en 2018, estableciendo un gravamen del 3 % sobre los ingresos procedentes de determinadas actividades digitales. Sin embargo, esta iniciativa quedó en suspenso debido a las negociaciones en curso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco del primer pilar, cuyo objetivo era establecer un marco global para la fiscalidad de las empresas digitales. Estas discusiones se han estancado, dejando a Europa sin un enfoque global de la fiscalidad digital.

Desde la propuesta de la Comisión en 2018, una serie de crisis mundiales -incluida la pandemia COVID- 19, la invasión rusa de Ucrania y un cambio en la política de los Estados Unidos con el regreso de la Administración Trump- han aumentado significativamente las necesidades de financiación de Europa. La UE se enfrenta a crecientes presiones presupuestarias en su intento de mejorar la defensa, la seguridad y la resiliencia económica. Además, garantizar una financiación suficiente para las empresas europeas, especialmente en sectores estratégicos, se ha convertido en una prioridad clave. En este contexto, reconsiderar la opción de un ISD se ha vuelto cada vez más urgente.

A mi juicio, el ISD ofrece a la UE la oportunidad de liderar la creación de un marco fiscal justo, transparente y eficaz para la economía digital. Esto permitiría a Europa sentar las bases para reformas globales más amplias, al tiempo que aborda sus propias necesidades fiscales inmediatas.

De cara al futuro, la UE debería dar prioridad a la introducción del ISD. Dado que la propuesta ya está sobre la mesa, los próximos pasos deben consistir en ultimar los detalles del ISD, garantizando su equidad y evitando disposiciones excesivamente complejas que podrían obstaculizar su aplicación en la práctica. Es esencial centrarse en las plataformas digitales que obtienen beneficios económicos sustanciales del mercado de la UE, con el fin de allanar el camino para la igualdad de condiciones con las empresas del mundo físico y evitar que las grandes corporaciones digitales obtengan una ventaja injusta sobre las empresas más tradicionales que ya contribuyen a los sistemas fiscales nacionales.

Además, la aplicación del ISD debe seguir siendo flexible para adaptarse al rápido ritmo de la innovación digital. A medida que surgen nuevos servicios, plataformas y modelos de negocio, la estructura fiscal debe evolucionar en consecuencia. El diseño del ISD debe incorporar mecanismos de adaptación al progreso tecnológico para garantizar que siga siendo pertinente en medio de la transformación digital en curso.

En conclusión, aunque la aplicación del ISD plantea retos, también ofrece importantes oportunidades. Asegurándose de que el sector digital contribuya equitativamente a las finanzas públicas, la UE puede apoyar sus objetivos más amplios de equidad social, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Y lo que es más importante, este planteamiento garantiza que los beneficios de la economía digital se repartan entre toda la sociedad de la UE, alineando así el crecimiento del sector digital con las prioridades a largo plazo de Europa.

Pablo de la Viña, CEO de Zelsior, en Confilegal: “Nuestra ventaja está en combinar inteligencia artificial con conocimiento jurídico experto”

En plena fase de expansión, coincidiendo su décimo aniversario y el lanzamiento de una nueva identidad corporativa, Zelsior afronta una etapa clave bajo el liderazgo de Pablo de la Viña Muhlack, quien ha asumido la dirección con una hoja de ruta clara: reforzar su posicionamiento como referente Legaltech, potenciar la innovación y escalar su estructura operativa.

“Mi prioridad es consolidar a Zelsior como actor clave en el ecosistema Legaltech español”, afirma en esta entrevista con Confilegal, donde subraya también el papel de la tecnología como motor de crecimiento. “Estamos en una etapa de madurez que exige reforzar capacidades internas y apostar decididamente por la escalabilidad tecnológica”.

Con más de 20 años de trayectoria en entidades como Citibank, Savia Asset Management y Link Finanzas, De la Viña aporta una visión estratégica orientada a resultados y eficiencia.

Hoy, Zelsior gestiona más de 18.000 notificaciones judiciales diarias con un equipo de más de 200 personas, y se ha consolidado como un referente en automatización procesal y recuperación judicial. “Nuestra ventaja está en combinar inteligencia artificial con conocimiento jurídico experto”, destaca.

El nuevo CEO apuesta por un futuro marcado por la interoperabilidad con la Administración de Justicia, la colaboración público-privada y soluciones cada vez más personalizadas. Su misión: “Innovar y liderar en el sector Legaltech, ofreciendo servicios integrales que maximicen el éxito de nuestros clientes”.

Ha asumido el liderazgo de Zelsior en un momento clave: décimo aniversario, nueva identidad corporativa y plena expansión. ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas inmediatas al frente de la compañía?

Mi prioridad es impulsar aún más el posicionamiento de Zelsior como actor clave en el ecosistema Legaltech español. Somos una compañía innovadora y moderna, inmersa en una etapa de crecimiento sostenido, por lo que nuestras prioridades pasan por reforzar capacidades internas tanto en nuestra sede de Madrid como en la oficina de Barcelona, ampliar nuestros servicios y, por supuesto, seguir apostando por la innovación tecnológica como palanca de escalabilidad.

La nueva imagen y la reciente renovación de nuestra identidad corporativa reflejan ese impulso. Espero que mi experiencia y refuerzo ayuden a consolidar aún más los logros de Zelsior en esta nueva etapa de madurez de la compañía.

A lo largo de estos diez años, Zelsior ha demostrado una fuerte capacidad de adaptación y crecimiento. ¿Cómo definiría la cultura corporativa de la compañía y cómo quiere consolidarla durante su mandato?

Es una cultura enfocada en la excelencia operativa, la innovación y el compromiso con nuestros clientes. Combinamos equipos multidisciplinares con perfiles tecnológicos y jurídicos, y trabajamos bajo una lógica de mejora continua.

Además, somos una compañía que pone en alto valor al equipo y a nuestros profesionales, apostando por la inclusión, el bienestar laboral y el desarrollo profesional. Estos valores han sido fundamentales para el éxito de Zelsior y seguirán siendo el núcleo de nuestra identidad. Queremos seguir siendo una compañía que retiene talento, crece con él y pone la tecnología al servicio del sector jurídico-legal y financiero.

En términos de expansión, ¿contemplan abrir nuevos mercados, introducir nuevas líneas de negocio o reforzar su posicionamiento en el ecosistema judicial español?

Siempre hay oportunidades de expansión. En términos de crecimiento, nuestra compañía ya cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona, desde las cuales ofrecemos servicios a todo el territorio nacional. Estas ubicaciones estratégicas nos permiten estar cerca de nuestros clientes y entender mejor sus necesidades.

Creemos que en el mercado aún hay mucho margen de especialización, desarrollo de negocio y automatización, por lo que siempre estamos dispuestos a explorar nuevas líneas de negocio que complementen nuestros servicios actuales y nos permitan ofrecer soluciones más integrales a nuestros clientes, desarrollando servicios complementarios al core de recuperación judicial, siempre bajo el prisma de la eficiencia procesal.

En definitiva, nuestro objetivo mantener nuestro posicionamiento en el mercado, expandir nuestras capacidades y continuar innovando para mantenernos a la vanguardia del sector, aprovechando nuestra experiencia y conocimiento para ofrecer servicios aún más especializados y de alta calidad. Estoy convencido de que, con el talento y la dedicación de nuestro equipo, seguiremos creciendo y adaptándonos a los desafíos del futuro.

La compañía ha crecido hasta convertirse en una referencia Legaltech en el sector de la recuperación de deuda judicial. ¿Qué papel juega hoy la tecnología, especialmente la IA, en este ámbito, y qué les diferencia de otros operadores?

El uso de la tecnología es nuestro sello de identidad. Y ahora, la IA generativa es clave. Nos permite clasificar y priorizar notificaciones, anticipar escenarios judiciales y automatizar decisiones que antes requerían intervención manual. Pero lo realmente diferencial es cómo combinamos esa tecnología con expertise jurídico y una operativa 100 % enfocada al recobro judicial. Ahí está nuestra ventaja competitiva frente a otras soluciones que existen en el mercado.

Puedes leer la entrevista completa publicada por Confilegal a continuación: “Nuestra ventaja está en combinar inteligencia artificial con conocimiento jurídico experto”

Bajo el título “IA en la abogacía… ¿Modelo a medida o prêt-à-porter?”, Carlos Fernández Hernández, consultor, docente y divulgador de Derecho digital, nos ofrece su visión sobre cómo la IA se está integrando en los despachos, desde herramientas comerciales listas para usar hasta los agentes de IA personalizados que permiten a las firmas crear soluciones a medida para optimizar su trabajo legal.

Ninguna tecnología parece avanzar hoy más rápido que la inteligencia artificial (IA). Solo en las últimas semanas hemos visto llegar la versión 4.5 de ChatGPT, la 2.5 de Gemini, Perplexity Lab y Grok 3, todas con mejores y más potentes prestaciones. Además, como veremos enseguida, una nueva figura, los agentes de IA, comienzan a llegar también a este escenario.

No extraña que un experto como Ramón López de Mántaras se manifestara recientemente sorprendido de los logros que está alcanzando esta tecnología. O que el propio Sundar Pichai, CEO de Google, acabe de decir que “Es impresionante lo rápido que avanzan nuestros modelos”.

Una afirmación aplicable a la mayoría de grandes empresas del sector y que hace que quizás no estemos ya tan lejos de esa IA general, capaz de resolver cualquier problema o tarea que pueda plantear un ser humano. Pero hoy no vamos a llegar tan lejos.

Me voy a quedar en ese propósito, anunciado por Pichai, de que la IA forme parte de todos sus productos y servicios, desde el buscador Google, al sistema operativo Android, pasando por Gmail, Google Drive o Google Maps. Una tendencia similar a la de OpenAI cuando anunció su adquisición de IO, la empresa de Jony Ive, el genio que ayudó a Steve Jobs a desarrollar el iPod, el iPad y el iPhone, orientada a la fabricación de un nuevo dispositivo de IA de uso cotidiano que supere los formatos habituales de interrelación conocidos hombre-máquina.

Por hacerlo corto: la IA, especialmente la IA generativa, va a estar presente en toda la actividad humana realizada a través de un dispositivo electrónico.

Trasladando ese mensaje al ámbito jurídico, conviene irse haciendo a esta idea: en muy poco tiempo, la IA, va a ser la nueva herramienta para todo de los despachos, grandes o pequeños.

Al igual que desde hace ya más de veinticinco años nos habíamos acostumbrado a usar el buscador de Google para localizar cualquier información, dato o hecho, a lo largo de los próximos años nos acostumbraremos a utilizar los sistemas de IA incorporados a nuestros diferentes dispositivos para, además, de esas tareas, la realización de otras como la búsqueda jurídica profunda (que permitirá buscar y resumir jurisprudencia, legislación y doctrina relevante), el análisis y la revisión de documentos legales como contratos, demandas o recursos (identificando cláusulas relevantes, inconsistencias o riesgos legales), la elaboración de borradores de escritos y documentos legales (con un lenguaje jurídico preciso, adaptado al contexto del caso) y la preparación de estrategias jurídicas y procesales que ayuden a los ayuda a los abogados a ofrecer un mejor asesoramiento a sus clientes.

Para realizar esas tareas, los profesionales podrán utilizar las herramientas que ya ofrecen los principales proveedores del sector. De hecho, no es nada recomendable utilizar para una tarea del ámbito jurídico productos que no estén especializados, en contenido y entrenamiento, en este sector. Las consecuencias de ignorar esa recomendación ya las han sufrido no pocos profesionales de diferentes partes del mundo que advirtieron, demasiado tarde, que la herramienta generalista y gratuita que habían utilizado les habían facilitado como respuesta normas derogadas o precedentes jurisprudenciales inexistentes.

Por tanto, la primera forma en que los profesionales de la abogacía podrán acceder a herramientas fiables de trabajo, con prestaciones de IA cada vez más potentes, serán las comerciales listas para usar. Lo que podríamos denominar IA prêt-à-porter. Te suscribes, te formas en su uso y te pones a trabajar utilizando los grandes fondos documentales actualizados y la avanzada tecnología de que disponen.

Pero últimamente han aparecido también los agentes de IA, unos modelos de lenguaje que, empleando volúmenes de datos más reducidos, están optimizados para la realización de tareas específicas (en vez de tareas de carácter general, como los LLM).

Como explicó David Hurtado en uno de sus últimos posts, estos nuevos sistemas abren un nuevo horizonte a aquellos profesionales que quieran (y, con un poco de esfuerzo, puedan), diseñarse sus propias herramientas de trabajo para optimizarlo y ofrecerles una ventaja competitiva.

Los agentes no se limitan a responder como un chat clásico, sino que son capaces de tomar decisiones según el contexto. Son herramientas adecuadas para incorporarse a procesos de toma de decisión que no dependan de reglas fijas o a los que resulta difícil someter a un sistema de reglas automatizadas, porque requieran considerar el contexto y matices o criterios no evidentes en datos no estructurados.

Estas nuevas herramientas abren la posibilidad de que una firma diseñe sus propias herramientas de IA a la medida de sus necesidades, con un nivel de personalización impensable hasta ahora.

Naturalmente, la construcción de uno de esos agentes no es trivial y convendrá acudir al asesoramiento de técnicos especialistas. Pero empresas como Microsoft o Mistral ya ofrecen herramientas para ello y, muy recientemente, OpenAI, la empresa que lanzó ChatGPT ha presentado una guía para la construcción de agentes (A practical guide to building agents). En ella se explican los criterios para decidir la construcción de un agente, sus fundamentos (el modelo, las herramientas y las instrucciones) así como las precauciones o guardrails que conviene implantar para su funcionamiento seguro.

La IA a medida ya está aquí, pero no olvides que se trata de una herramienta para tu trabajo, cuyos resultados deberás siempre supervisar antes de utilizar.

El pasado sábado, 7 de junio, tuvimos la suerte de vivir una experiencia muy especial en el Parque de Atracciones de Madrid, acompañados por nuestros amigos de la Fundación Down Madrid.

En Zelsior, creemos firmemente en el poder de las experiencias compartidas para construir un entorno más humano, inclusivo y enriquecedor. Por eso, organizamos esta salida junto a parte de nuestro equipo y los participantes de Down Madrid: una jornada llena de risas, emociones y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria.

Con la llegada del buen tiempo, no hay mejor momento para seguir fomentando encuentros que nos unen y enriquecen.

Fue una jornada verdaderamente única, en la que lo más importante fue disfrutar juntos, sin barreras, desde el respeto y la inclusión. Buscamos crear un espacio para desconectar de la rutina, convivir y fortalecer vínculos reales más allá del entorno laboral.

Gracias a Down Madrid por su entrega, su labor diaria y por permitirnos formar parte de una iniciativa tan bonita y enriquecedora. Nos llevamos aprendizajes, emociones… y muchas ganas de repetir.

Desde Zelsior, seguiremos apostando por acciones que promuevan el respeto, la diversidad y la convivencia. ¡Estamos seguros de que esta no será la última!

El pasado viernes 6 de junio, en Zelsior, disfrutamos de una jornada de Team Building en la Caja Mágica junto a todos los responsables de área de la compañía.

A través de charlas inspiradoras y una dinámica deportiva en pista, compartimos un día fuera del entorno habitual de trabajo para reflexionar, aprender y fortalecernos como equipo.

En línea con nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y el desarrollo de quienes formamos parte de Zelsior, comenzamos la mañana con dos sesiones realmente enriquecedoras:

▪ Manuel Coloma Lamigueiro nos ofreció una charla didáctica sobre equipos de alto rendimiento, en la que reflexionamos sobre qué significa ser un equipo, las diferencias entre el deporte y la empresa, y cómo alcanzar el máximo rendimiento.

▪ Pep Cargol compartió con nosotros una sesión experiencial sobre equipos de éxito, profundizando en el cambio de mentalidad necesario para pasar de perder a ganar, en la gestión emocional de la derrota y en cómo transformar los retos en oportunidades.

Cerramos la jornada con una dinámica en la pista de baloncesto, donde, a través del juego y la competición, desarrollamos habilidades clave como la asignación de roles, la adaptación al cambio, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.

¡Gracias, Manuel Coloma Lamigueiro y Pep Cargol, por compartir vuestra experiencia y energía con nosotros! Por supuesto un agradecimiento muy especial a Adolfo García Nicolas, Quique Ruiz Paz y a todo el equipo de Give And Go Sports por su estupenda organización, que hizo posible que todo saliera a la perfección.

Y por último gracias al equipo de Zelsior que asistió y participó con compromiso y ganas de seguir creciendo juntos.

Una experiencia que, sin duda, nos ha hecho crecer como equipo.

Hoy, 22 de mayo, Dagania Fraile, Responsable de Dirección Letrada en Zelsior, ha ofrecido una tribuna de opinión para El Confidencial bajo el título «Supremo y contratos revolving: un verdadero paradigma ¿o no?».

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo N.º 154/2025 y N.º 155/2025 de fecha 30 de enero no desdibujan el camino marcado hasta ahora por la jurisprudencia europea y nacional y, en cierto modo, tampoco cambian el paradigma existente.

Hasta ahora para que un contrato, o sus cláusulas concretas, se considere transparente debe superar el control formal de incorporación (que se lea y que pueda ser entendido), el control formal de transparencia (que tenga sentido lo que dice) y, para los consumidores y usuarios, el control material de transparencia o abusividad (que un consumidor al uso pueda entender en qué le afecta lo que está escrito, entienda su repercusión económica y jurídica).

Nótese que para poder entrar a analizar el control material de abusividad, el contrato ha debido superar los dos primeros controles y ser válido conforme a ellos. Todo ello, siempre y cuando la cláusula analizada no afecte a un elemento esencial del contrato, como es el precio.

En este sentido, las principales notas que aportan las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2025 en cuanto a transparencia se ciñen, sobre todo, al tercer control: transparencia material o abusividad.

Entendiendo que para superar dicho control, debe existir una diferenciación clara entre el momento de información previa facilitada al consumidor y el momento de información contractual facilitado al consumidor, debiendo contar con dicha información de manera clara y transparente en dos momentos diferenciados y, que, en ambas ocasiones, el consumidor cuente con información clara, concreta y concisa sobre el funcionamiento del producto que está contratando, su precio, su coste y sus características.

Ciñéndonos a los contratos revolving, que es el producto analizado por las citadas sentencias, en ambos momentos el consumidor tiene que ser consciente de:

• Que se trata de un crédito revolving (que conforme paga y cancela la deuda tiene posibilidad de seguir renovando y usando) y su funcionamiento
• Tener ejemplos de lo que implicaría su crédito en el tiempo con el tipo de interés determinado
• Cuota por abonar y que ésta incluye capital / intereses (en todos los contratos revolving se amortiza capital)
• Indicación de que, a mayor plazo, menor cuota y mayor interés abonado (no por el %, sino por el tiempo)
• Si se prevé o no el anatocismo

Teniendo en cuenta estos puntos y la legislación al efecto, que la inmensa mayoría de las entidades financieras cumplen por ser entes regulados y no chiringuitos financieros, debe tenerse en cuenta que un crédito revolving por el hecho de ser revolving no es falto de transparencia o abusivo, sino que deberá tenerse en cuenta el caso concreto, el contrato concreto y, el cliente concreto.

En este sentido, no tiene nada que ver un contrato suscrito conforme a la legislación y obligaciones establecidas en 2009, en 2016, en 2021 o en 2025.

Nada entran a valorar las últimas Sentencias en el concepto subjetivo de la abusividad relativo a si el deudor realmente tiene un perjuicio por el establecimiento de dicha cláusula.

Tampoco entran a valorar la debida responsabilidad de los consumidores al contratar un producto y estar informados de lo que realmente contratan, achacando toda la responsabilidad relativa a la información (no a la puesta a disposición, sino a la información en abstracto como concepto) a la parte predisponente.

Puedes leer la tribuna completa publicada por El Confidencial a continuación: Supremo y contractos revolving: un verdadero cambio de paradigma ¿o no?

Bajo el título «Legaltech 2.0: cómo la IA generativa impulsa el trabajo legal», Irene Fidalgo Fernández, Legal Engineer en Cuatrecasas, nos ofrece su visión sobre cómo estas tecnologías están transformando la práctica jurídica, mejorando la eficiencia, la precisión en el análisis documental y la gestión del conocimiento en los despachos.

La proliferación de tecnologías y herramientas legaltech ha revolucionado la gestión del conocimiento en el ámbito legal. Aunque sería imposible mencionarlas todas en un solo artículo, hablar de tecnología, a día de hoy, implica hablar de inteligencia artificial (IA) y en concreto de inteligencia artificial generativa (IA Generativa).

Da igual en qué ámbito nos encontremos o a qué nos dediquemos, desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en noviembre de 2022, no podemos evitar toparnos con este tipo de herramientas. La abundancia de cursos, ensayos y artículos dedicados a esta tecnología, y su protagonismo en eventos como el Mobile World Congress en Barcelona, son prueba de ello.

Como no podía ser menos, el ámbito del derecho también ha adoptado como suyas este tipo de herramientas y, en concreto, los Large Language Models (LLMs), como GPT-4o de OpenIA, han supuesto una revolución a la hora de hacer más eficiente el trabajo de los abogados.

Eficiencia y Precisión con Modelos de IA Generativa

Por una parte, los modelos de IA Generativa de uso general mejoran la eficiencia a la hora de extraer información de documentos, analizar y resumir textos e, incluso, al empezar a trabajar sobre un documento en blanco, ya que reducen significativamente el tiempo que se emplea para estas tareas en comparación con el trabajo manual, mejoran la precisión en tareas específicas y permite centrarse en tareas de valor añadido. Además, los LLMs “entrenados” en lenguaje jurídico o adaptados a casos de uso específicos del ámbito legal ofrecen mejores resultados.

Integración de IA Generativa con Herramientas Legaltech

Por otra parte, si en lugar de hablar de modelos “stand alone”, que toman como fuente de conocimiento todo el ideario disponible en la “World Wide Web” en un momento fijo en el tiempo (no actualizado necesariamente) y, a lo sumo, tienen un “fine- tuning” para adaptarlos al mundo jurídico, hablamos de modelos integrados en otras herramientas legaltech, como bases de datos jurídicas o con el propio conocimiento interno de un despacho, la revolución que supone para la gestión del conocimiento jurídico es aún mayor.

A día de hoy la gran mayoría de las herramientas de legaltech que existen pueden integrarse o ya están integradas con algún modelo de IA, tanto tradicional (machine learning, deep learning,…) como generativa, haciendo estas herramientas más precisas a la hora de realizar búsquedas y analizar datos y textos entre otras funcionalidades.

La integración con bases de datos supone tener un “asistente” que ayuda en las búsquedas de doctrina y de jurisprudencia y que es capaz de analizar y resumir textos y contenido jurídico de valor comprobado, puesto que la IA generativa conecta con el motor de búsqueda clásico de este tipo de herramientas legaltech y acota las búsquedas a su contenido curado y seleccionado, eliminando todo el ruido que aporta la inmensidad de internet. Además, estas herramientas pueden incluir flujos de trabajo pre-creados para casos de uso concretos (“prompts” de calidad que reflejan tareas habituales), lo que hace que el trabajo de búsqueda se simplifique más, ya que no tenemos que idear un prompt cada vez que necesitamos hacer este tipo de tareas.

En esta misma línea, la integración con el conocimiento interno de la firma, ya sea simultáneamente a la integración con bases de datos jurídicas, o como integración única, permite mejorar la precisión de la respuestas significativamente, ya que la aplicación de IA generativa tomará como base para responder a las consultas que se le planteen, aquellos documentos que los propios abogados del despacho han seleccionado como conocimiento estratégico (modelos, estándares e incluso criterios propios que se hayan emitido para resolver dudas jurídicas), dando una respuesta ajustada a los criterios sentados por los expertos en cada materia.

Igualmente, la integración de IA generativa con herramientas de redacción y gestión de contratos y con nuestro conocimiento interno implica que no estamos solos mientras redactamos un contrato u otro documento jurídico, ya que tenemos un “asistente” que analiza lo que escribimos y puede sugerirnos mejoras o cambios basados en documentos propios, que siguen las pautas y estándares de calidad del despacho.

Limitaciones, Riesgos y la Importancia del Factor Humano

Por supuesto, toda esta “ayuda” que presta la IA generativa debe ser revisada integramente por un experto en la materia, ya que, aunque cada modelo de IA generativa nuevo mejora al anterior, todavía existen riesgos inasumibles para el sector legal como las alucinaciones o el hecho de que la información disponible para la herramienta pueda estar desactualizada, entre otros.

En definitiva, la IA generativa nos hace más eficientes y productivos y permite a los abogados centrar su trabajo en tareas de mayor valor añadido. Los LLMs son excelentes en tareas de análisis de texto, resúmenes, traducciones y, en general, en cualquier tarea que implique trabajar con el lenguaje, no obstante, hay margen de mejora en cuanto a las respuestas generadas. Incluso de aquellos modelos especialmente diseñados para el sector jurídico.

Sin embargo, no podemos olvidar que las respuestas generadas por la IA generativa no son respuestas razonadas, basadas en conocimientos teóricos y prácticos, como las que daría un humano, sino que son respuestas generadas utilizando relaciones y patrones aprendidos para predecir el siguiente elemento de una secuencia mediante un cálculo probabilístico.

Más allá de mejorar los modelos y la forma en la que analizan texto, ahora mismo, la mejora en la usabilidad de estas herramientas pasa por integrarlas con materiales de calidad y acotar sus búsquedas para que no se extiendan a la totalidad de material con el que se le ha nutrido para “enseñarle a procesar el lenguaje natural”, sin olvidar la imprescindible revisión y adaptación del resultado obtenido por un abogado experto en la materia.

Por ello, podemos concluir que actualmente es imprescindible estar al día de las nuevas tecnologías que pueden hacer nuestro trabajo más eficiente, pero que el factor humano del abogado especializado es fundamental para asegurar que estas herramientas operen de forma precisa y segura.

El pasado 27 de abril, Inés Vallín Cifuentes, Team Leader Big Ticket en Zelsior, ofreció una tribuna de opinión para Confilegal bajo el título «La digitalización de la Justicia madrileña en 2026: ¿un fracaso anunciado?».

Cuando uno se imagina un Juzgado, piensa en togas, personas corriendo y esperas en pasillos; pero también piensa en torres de papel, en carpetas llenas de folios y en maletines repletos de expedientes.

La Comunidad de Madrid afirma que para 2026 este escenario desaparecerá, dejando paso a un sistema judicial cien por cien electrónico o de papel cero, donde los documentos físicos se verán sustituidos por el expediente digital, asumiendo la Administración el compromiso de renovar la infraestructura tecnológica.

Este ambicioso proyecto, fija en el horizonte la idea de una Administración ágil y eficaz, para la que el ejecutivo regional ha decidido destinar un presupuesto de más de 53 millones de euros en dos años. Sin embargo, aunque loable, este objetivo no está exento de desafíos y retos que se deben tener en cuenta para que la implantación sea real y eficiente.

Enfrentándonos diariamente a los medios tecnológicos precarizados de los Juzgados, parece difícil creer que en un año se vayan a unificar los sistemas informáticos y que, además, dicha unificación y digitalización no suponga un lastre en el quehacer diario de los profesionales y particulares.

Ya hemos visto los intentos de digitalización en otras Comunidades, y lo cierto es que las reticencias de los operadores son notables, puesto que, partiendo de un sistema creado para lo analógico, lo presencial y el papel, se pretende un giro de ciento ochenta grados, generando en muchas ocasiones una gran resistencia al cambio. Ya ocurrió así con la implantación del sistema Lexnet, y previsiblemente ocurrirá con este proyecto también.

En esa línea, parece interesante revelar los posibles costes ocultos que conlleva la digitalización, pues hablamos de cambiar el trabajo de miles de personas, desde jueces, fiscales o funcionarios, hasta abogados o procuradores. Un cambio que conlleva una pérdida de productividad en el proceso de aprendizaje y adaptación y que es probable que ahogue más a un sistema que ya está suficientemente colapsado.

Por otro lado, en un sistema donde las diferentes Administraciones regionales interaccionan continuamente, asombra la inexistencia y la falta de previsión de la gestión de los datos compartidos, así como la creación de un marco digital común que haría más eficiente el flujo de datos e información.

No debemos olvidarnos de los márgenes, y en los márgenes de este proyecto se quedan personas que interactúan constantemente con la Administración: personal con carencias tecnológicas, personas mayores o sin recursos.

Cuando hablamos de digitalizar la Justicia, un trámite necesario y urgente, no lo podemos hacer solamente desde el punto de vista del cambio de los sistemas informáticos, sino que inexorablemente debemos hacerlo también desde el cambio en la parte humana y en sus costumbres.

En relación a lo anterior, algo que suele fallar en este tipo de proyectos, es la falta de evaluación y control del impacto de los mismos. No se incluye a los operadores jurídicos en las posibles reformas o mejoras y no se mide el grado de satisfacción de los usuarios con el nuevo sistema. Así pues, se hace imperativa la medición del rendimiento, pues por muy alto que sea el coste de la evaluación, la inversión en la digitalización, si no tiene retorno, es una inversión perdida.

Otra de las figuras más controvertidas de este proyecto es el llamado “Buscador 360”. Esta herramienta, permite que los empleados públicos puedan buscar todo lo relacionado con un expediente judicial a la vez. Para ello, incorpora 60 millones de documentos y 500.000 videos transcritos automáticamente mediante inteligencia artificial.

Los principios de esta herramienta convergen directamente con lo regulado en la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que prohíbe las decisiones automatizadas en ciertas materias más sensibles como la Justicia. Aunque no queda clara la convivencia de esta figura con la norma, lo que sí que está claro, es que del error o del mal uso de esta herramienta se pueden derivar consecuencias jurídicas con gran impacto para el ciudadano.

Puedes leer la tribuna completa publicada por Confilegal a continuación: La digitalización de la Justicia madrileña en 2026: ¿un fracaso anunciado?