Bajo el título “Un impuesto europeo para los servicios digitales”, Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y experto internacional en Derecho digital, nos ofrece su visión sobre la necesidad urgente de establecer un marco fiscal justo, eficaz y adaptado a la economía digital, para asegurar una competencia equilibrada y una tributación equitativa entre empresas tradicionales y tecnológicas.
La economía digital ha experimentado un rápido crecimiento en la última década, lo que ha transformado radicalmente la dinámica económica mundial. Las grandes empresas digitales, conocidas comúnmente como gigantes tecnológicos, dominan ahora sectores clave como el comercio electrónico, las redes sociales, la computación en nube y la publicidad en línea. En la Unión Europea (UE), estas empresas generan ingresos sustanciales aprovechando su amplia base de consumidores. Sin embargo, la Unión se enfrenta a importantes dificultades para adaptar su marco fiscal, concebido para una era analógica.
A diferencia de las empresas tradicionales, que tributan en función de su presencia física y sus activos en jurisdicciones específicas, las empresas digitales pueden operar sin problemas a través de las fronteras con una presencia física mínima. Esta capacidad de trascender las fronteras nacionales ha puesto de manifiesto importantes lagunas en los mecanismos de recaudación de los Estados miembros de la UE. Como resultado, ha surgido un desequilibrio estructural: las empresas tradicionales, que dependen de activos tangibles y operaciones locales, a menudo se enfrentan a tipos impositivos efectivos mucho más altos, mientras que los gigantes digitales explotan las lagunas, las estrategias de traslado de beneficios y las discrepancias en los regímenes fiscales nacionales para minimizar su efectiva carga fiscal.
Actualmente, las principales empresas digitales pagan un tipo impositivo medio efectivo de sólo el 9,5 %, frente al 23,3 % de las empresas tradicionales. Esta disparidad distorsiona la competencia y priva a los Estados miembros de unos ingresos fiscales cruciales, obstaculizando su capacidad para financiar bienes y servicios públicos esenciales. La magnitud de este problema se ve subrayada por el hecho de que, en 2024, los gigantes tecnológicos generaron en la UE el 7,3 % de su volumen de negocios mundial.
Para abordar esta cuestión, la Comisión Europea propuso un impuesto sobre los servicios digitales (ISD, DST, digital services tax) en 2018, estableciendo un gravamen del 3 % sobre los ingresos procedentes de determinadas actividades digitales. Sin embargo, esta iniciativa quedó en suspenso debido a las negociaciones en curso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco del primer pilar, cuyo objetivo era establecer un marco global para la fiscalidad de las empresas digitales. Estas discusiones se han estancado, dejando a Europa sin un enfoque global de la fiscalidad digital.
Desde la propuesta de la Comisión en 2018, una serie de crisis mundiales -incluida la pandemia COVID- 19, la invasión rusa de Ucrania y un cambio en la política de los Estados Unidos con el regreso de la Administración Trump- han aumentado significativamente las necesidades de financiación de Europa. La UE se enfrenta a crecientes presiones presupuestarias en su intento de mejorar la defensa, la seguridad y la resiliencia económica. Además, garantizar una financiación suficiente para las empresas europeas, especialmente en sectores estratégicos, se ha convertido en una prioridad clave. En este contexto, reconsiderar la opción de un ISD se ha vuelto cada vez más urgente.
A mi juicio, el ISD ofrece a la UE la oportunidad de liderar la creación de un marco fiscal justo, transparente y eficaz para la economía digital. Esto permitiría a Europa sentar las bases para reformas globales más amplias, al tiempo que aborda sus propias necesidades fiscales inmediatas.
De cara al futuro, la UE debería dar prioridad a la introducción del ISD. Dado que la propuesta ya está sobre la mesa, los próximos pasos deben consistir en ultimar los detalles del ISD, garantizando su equidad y evitando disposiciones excesivamente complejas que podrían obstaculizar su aplicación en la práctica. Es esencial centrarse en las plataformas digitales que obtienen beneficios económicos sustanciales del mercado de la UE, con el fin de allanar el camino para la igualdad de condiciones con las empresas del mundo físico y evitar que las grandes corporaciones digitales obtengan una ventaja injusta sobre las empresas más tradicionales que ya contribuyen a los sistemas fiscales nacionales.
Además, la aplicación del ISD debe seguir siendo flexible para adaptarse al rápido ritmo de la innovación digital. A medida que surgen nuevos servicios, plataformas y modelos de negocio, la estructura fiscal debe evolucionar en consecuencia. El diseño del ISD debe incorporar mecanismos de adaptación al progreso tecnológico para garantizar que siga siendo pertinente en medio de la transformación digital en curso.
En conclusión, aunque la aplicación del ISD plantea retos, también ofrece importantes oportunidades. Asegurándose de que el sector digital contribuya equitativamente a las finanzas públicas, la UE puede apoyar sus objetivos más amplios de equidad social, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Y lo que es más importante, este planteamiento garantiza que los beneficios de la economía digital se repartan entre toda la sociedad de la UE, alineando así el crecimiento del sector digital con las prioridades a largo plazo de Europa.
