El pasado 21 de diciembre, Sonia Benito Elices, Managing Director de Atlante, ofreció una tribuna de opinión para El Derecho «Transformación Judicial en España: Retos y Oportunidades en la Era Digital».
Este inesperado parón político podría haber sido una ventana de oportunidad para reflexionar y perfeccionar la redacción de las propuestas legales que buscaban la modernización y digitalización de la Justicia. No obstante, los plazos apremian y los fondos europeos, de los que dependía en gran medida el éxito de la modernización de la justicia, han llevado al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley para la transformación digital y procesal del servicio público de Justicia.
La modernización de la Justicia no solo es responsabilidad de la Administración de Justicia, sino de todos los actores involucrados: sector privado, profesionales que interactúan con la Justicia, jueces, LAJS y funcionarios. Es crucial que cada actor contribuya para crear una Justicia más ágil y efectiva. Sin embargo, el papel primordial recae en la Administración, ya que sin voluntad política y un presupuesto adecuado, los esfuerzos del sector privado podrían quedar en un segundo plano.
El Plan Justicia 2030, con sus pilares fundamentales de eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad, refleja el compromiso del Gobierno con una Justicia orientada al dato y completamente digitalizada. En el epicentro de esta transformación se encontraba reflejada en la Ley de Eficiencia Digital, que hoy, transformada en su gran mayoría en Real Decreto-ley pretende sentar las bases para una justicia ágil, eficiente y alineada con la era digital.
Medidas de eficiencia digital
Sin embargo, las medidas de eficiencia digital no se pueden entender sin las leyes hermanas de eficiencia procesal y organizativa, que persiguen el dinamismo en la Administración de Justicia. El Real Decreto-ley aborda de forma poco profunda cambios en las leyes procesales, olvidando alguna de las propuestas planteadas en los proyectos de ley anteriores. Desconocemos si se concretarán más adelante o todas las reformas ya se han incluido en el actual Real Decreto-ley.
El Real Decreto-ley basado en la anterior Ley de Eficiencia Digital aborda, de manera transversal, la interoperabilidad de los sistemas operativos, proponiendo un registro único de entrada y una plataforma única de comunicación. Busca una extracción uniformada del dato y metadata para fines estadísticos y de análisis, destacando la necesidad de una justicia orientada al dato. Además, plantea la implementación de tareas automatizadas, proactivas y asistidas dentro de la Administración de Justicia para agilizar los procedimientos.
Puedes leer la tribuna al completo a continuación: Transformación Judicial en España: Retos y Oportunidades en la Era Digital
