En el día de ayer, Expansión se hizo eco del informe elaborado a través de Legal Insights, herramienta de extracción de datos desarrollada conjuntamente por Atlante y Goriz Advisors.
Como se aprecia en el gráfico, durante el primer periodo de huelga (LAJ), la acumulación de trabajo atrasado creció hasta su máximo, el día 28 de marzo, con un retraso acumulado medio a nivel nacional de unos 12 días. Al desconvocarse la huelga, se observó una tendencia de recuperación que continuó incluso al comenzar los paros de los funcionarios. Se alcanzó el mínimo el día 4 de mayo, con algo menos de 8 días de atraso aproximado. Sin embargo, la tendencia ha vuelto a cambiar tras el puente de mayo y se observa un ligero repunte, con una acumulación de más de 9 días a 6 de junio.
Según Sonia Benito Elices, managing director en Atlante, «Si antes de la huelga la duración promedio de un procedimiento monitorio era de aproximadamente 6,8 meses, prevemos que las cifras de 2023 después de casi medio año de huelgas consecutivas, hayan aumentado»
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Compartimos a continuación la publicación de Alejandro Galisteo Domingo: Las huelgas de Justicia retrasan los procedimientos en España
