Más de 150 asistentes nos acompañaron el pasado 23 de noviembre a nuestro primer encuentro presencial sobre digitalización: ¿Hacia una digitalización real de la Justicia?
Reunimos a expertos del sector legal público y privado para debatir sobre la situación actual de la transformación digital de la Justicia en España y aportar propuestas para alcanzar un Sistema Judicial eficaz, accesible y sostenible.
Legaltech en la Justicia Española
“Venimos de una tradición jurídica analógica y ahora vemos que comienza a haber voluntad para incorporar herramientas tecnológicas, pero queda mucho por recorrer”, comentó Sonia Benito, Managing Director de Atlante, mientras repasaba los principales avances recientes en materia de digitalización de la Justicia del país.
Destacó, además, la necesidad de homogeneizar y tipologizar las distintas herramientas tecnológicas que se utilizan en cada Comunidad Autónoma para centralizar procesos, señalando la importancia de promover la interoperabilidad en la Justicia en línea con lo dispuesto en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.
Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional, se mostró optimista en todo momento en cuanto a los avances tecnológicos de la justicia de cara a los próximos años.
«Esperamos que Europa sea una isla legal y ética en digitalización gracias a la nueva normación que va a venir en materia de criptomonedas, infraestructuras y redes de almacenamiento, el comercio online, la protección de datos o las finanzas digitales.»
Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional.
Al hilo de esto, Carlos Ruiz, presidente de ANGECO, reflejó el impacto económico que tiene una justicia poco eficiente. “Tenemos 436 mil millones de euros de deuda pendientes de recuperación, y casi la mitad de esa deuda (231 mil millones) está ya en los juzgados a través de 11 millones de expedientes. Digitalizar la Justicia no solo es positivo para la eficacia del sistema, sino que además inyectaría una gran cantidad de dinero en nuestra economía”, comentó. En esto coincidió Sonia Benito, quién aportó, además, el hecho de que, de los 11 millones de euros sin expediente de ejecución, 4.900 millones de ellos están ya embargados y en cuentas de consignación.
«Las organizaciones del sector tenemos una responsabilidad también para evitar la saturación de la Justicia, y seguiremos ofreciendo soluciones al sector público desde lo privado, pero es necesario que haya una mayor voluntad de la Administración.»
Carlos Ruiz, Presidente de ANGECO
En esta línea, Eloy Velasco mencionó su apuesta por la implantación de proyectos piloto de vanguardia para comenzar a tirar del carro de la digitalización. Además, el Magistrado se mostró convencido de que “veremos una Justicia digitalizada y con procesos integrados para 2030, e incluso antes si hay voluntad e inversión”.
Entidad especializada: Una propuesta digital necesaria
Tras un breve descanso donde los invitados compartieron sus ideas en un ambiente más distendido, comenzó la segunda fase del encuentro, donde los expertos debatieron acerca del papel de las entidades especializadas en los procesos de subasta extrajudicial frente a las adjudicaciones realizadas a través del Boletín Oficial del Estado.
Bárbara de Ron, Business Development de Oportunalia, señaló que “actualmente, (el BOE) adjudica alrededor de un 10% de los activos”, coincidiendo los expertos en la necesaria colaboración público-privada para una justicia más ágil que evite la pérdida de valor de los activos y unidades productivas.
Ángel Rubio, director de Servicios Legales en Altamira, puso el foco en la dificultad de realizar una subasta por el BOE y en la ralentización de los Juzgados, lo que “se traduce en la pérdida tanto del valor del activo como de millones de euros que afectan directamente al sector público”.
“No existe actualmente ninguna medida legal ante una infracción técnica durante el proceso de pujas, como puede suceder durante la inserción de un dato monetario”, destacó Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado Mercantil Nº11.
Por su parte, Adrián Gómez, Letrado de la Administración de Justicia, alertó sobre la falta de una inversión en justicia que ofrezca seguridad jurídica, rendimiento y eficiencia.
Los expertos coincidieron en que la colaboración de la Administración de Justicia con la entidad especializada brindaría, entre otras cosas, una mayor seguridad jurídica en los procesos de subasta, además de aumentar la transparencia y asegurar la maximización de la visibilidad del activo o unidad productiva.
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