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julio 2025

Iolanta Apresyan, Team Leader Señalamientos en Zelsior, en El Derecho: «Nueva regulación de los MASC en el sector de recuperación de deuda: ¿será la Justicia ágil o se convertirá en una cúpula de hierro?»

Iolanta Apresyan, Team Leader Señalamientos en Zelsior, en El Derecho: «Nueva regulación de los MASC en el sector de recuperación de deuda: ¿será la Justicia ágil o se convertirá en una cúpula de hierro?» 150 150 Zelsior

Hoy, 17 de julio, Iolanta Apresyan, Team Leader Señalamientos en Zelsior, ha ofrecido una tribuna de opinión para El Derecho bajo el título «Nueva regulación de los MASC en el sector de recuperación de deuda: ¿será la Justicia ágil o se convertirá en una cúpula de hierro?»

Iolanta Apresyan, Team Leader Señalamientos en Zelsior

La Justicia española lleva años, o incluso décadas, reclamando la modernización de un sistema que ha quedado obsoleto y no responde a las necesidades actuales de la ciudadanía. En este contexto, la Ley 1/2025, de Modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Normas Complementarias, que entró en vigor el pasado 3 de abril, introduce una serie de cambios en el marco legal de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) en España, especialmente en el ámbito de la recuperación de deuda.

La Ley se configura como una respuesta, tanto a las dificultades tradicionales del sistema judicial, como a la creciente demanda de métodos más ágiles y accesibles para la resolución de conflictos. Poco más de tres meses desde su entrada en vigor, es útil recordar el propósito de esta Ley.

Gestión de los procedimientos judiciales

El tiempo medio de gestión de los procedimientos judiciales que los profesionales de la justicia utilizamos para la reclamación de cantidades tienen una duración larga y, estos tiempos de gestión, lejos de acortarse, cada vez se van alargando más y más, pasando de una duración media de 7 meses en 2014 a 10 meses en 2023, según las estadísticas oficiales del CGPJ.

Además de duraderos, son costosos, pues empezamos a sumar honorarios de abogados y procuradores, tasas judiciales, cuotas variables que dependerán de cada Colegio de Procuradores… A lo que hay que añadir todos los demás gastos que deriven del desarrollo de cada procedimiento y que, claramente, corren a cargo de la parte actora hasta que se dicte la Sentencia y se le resarza por ello.

Todo ello, sumado a un sistema judicial enterrado en toneladas de papel y sumamente garantista, ha generado la necesidad de crear alternativas más rápidas y eficaces.

Métodos alternativos

Los métodos alternativos de solución de conflictos, tales como la mediación, conciliación, arbitraje u oferta vinculante, han adquirido cada vez mayor relevancia en diversas áreas del Derecho, llegando definitivamente al sector de la recuperación de deuda.

La recientemente en vigor, ley 1/2025, que reforma ciertos aspectos del marco legal español, ha tenido un enfoque destacado en los MASC. En particular, busca adaptar y mejorar las posibilidades de resolver disputas fuera del sistema judicial, siempre que ambas partes (acreedor y deudor) acepten dicha solución. Los MASC son procesos de comunicación interpersonal que priorizan el diálogo y la cooperación entre las partes, en lugar del debate confrontativo. En estos procesos, la solución alcanzada se orienta más a satisfacer los intereses y necesidades reales de las personas involucradas que a lo que estipula la norma legal. Es decir, algo más enfocado a la realidad y peticiones de las partes siempre y dentro de la ley.

En el sector de la recuperación de deuda, la Ley impulsa la adopción de estas alternativas para la resolución de conflictos relacionados con el incumplimiento de pagos, promoviendo su utilización por encima de los procedimientos judiciales más formales, configurándolo como un requisito previo obligatorio a los mismos.

Entre las principales novedades de la Ley 1/2025 en relación con los MASC podemos encontrarnos con el papel destacado de la mediación, en la que un mediador imparcial puede ayudar a las partes a llegar a un acuerdo previo a recurrir a los tribunales. Buscamos de esta forma, liberar al Juzgado de la pesada carga de homologación de acuerdos que bien podrían resolverse sin que el asunto llegue a la fase de judicialización. El arbitraje se presenta como otra de las soluciones cuando la mediación no ha sido exitosa. En este contexto, la Ley refuerza el arbitraje en las disputas relacionadas con la recuperación de deuda, estableciendo que los laudos arbitrales tendrán la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial.

Queda aún por ver si, lo más novedoso de esta Ley de eficiencia procesal será la introducción de otros mecanismos como la opinión de un experto, la oferta vinculante, o el Derecho colaborativo.

Mientras que el primero de ellos alude a una resolución de conflicto basada la opinión de un experto, similitud que vemos con un perito en caso de un procedimiento declarativo, los dos últimos métodos ni siquiera vienen explicadas en la página oficial del Ministerio de Justicia, lo que expone estas vías a un ejercicio de interpretación y posiblemente un potencial más alto de inadmisión.

Puedes leer la tribuna completa publicada por ElDerecho.com a continuación: Nueva regulación de los MASC en el sector de recuperación de deuda: ¿será la Justicia ágil o se convertirá en una cúpula de hierro?

Zelsior en El Confidencial «La huelga de jueces y fiscales paraliza el 35% de las vistas judiciales»

Zelsior en El Confidencial «La huelga de jueces y fiscales paraliza el 35% de las vistas judiciales» 150 150 Zelsior

El Confidencial ha hecho público el informe de Zelsior, elaborado con Legal Insights, la herramienta de extracción de datos de la compañía.

El reportaje pone en valor la huelga de jueces y fiscales, señalando que el 35 % de las vistas judiciales programadas a nivel nacional durante ese periodo fueron suspendidas, lo que refleja una alteración significativa en la actividad judicial durante las jornadas de protesta.

En el análisis ha participado Pablo de la Viña Muhlack, CEO de Zelsior, y ha sido llevado a cabo por Alejandro Galisteo Domingo, redactor de El Confidencial.

«Estos datos evidencian no solo la magnitud del paro, sino también su impacto desigual según la región.»

Pablo de la Viña Muhlack, CEO de Zelsior
La huelga paraliza el 35% de las vistas – Legal Insights

Puedes leer el artículo completo publicado en El Confidencial a continuación: La huelga de jueces y fiscales paraliza el 35% de las vistas judiciales

Invitamos a Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y experto internacional en Derecho digital, a reflexionar sobre «Un impuesto europeo para los servicios digitales»

Invitamos a Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y experto internacional en Derecho digital, a reflexionar sobre «Un impuesto europeo para los servicios digitales» 150 150 Zelsior

Bajo el título “Un impuesto europeo para los servicios digitales”, Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y experto internacional en Derecho digital, nos ofrece su visión sobre la necesidad urgente de establecer un marco fiscal justo, eficaz y adaptado a la economía digital, para asegurar una competencia equilibrada y una tributación equitativa entre empresas tradicionales y tecnológicas.

Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y experto internacional en Derecho digital

La economía digital ha experimentado un rápido crecimiento en la última década, lo que ha transformado radicalmente la dinámica económica mundial. Las grandes empresas digitales, conocidas comúnmente como gigantes tecnológicos, dominan ahora sectores clave como el comercio electrónico, las redes sociales, la computación en nube y la publicidad en línea. En la Unión Europea (UE), estas empresas generan ingresos sustanciales aprovechando su amplia base de consumidores. Sin embargo, la Unión se enfrenta a importantes dificultades para adaptar su marco fiscal, concebido para una era analógica.

A diferencia de las empresas tradicionales, que tributan en función de su presencia física y sus activos en jurisdicciones específicas, las empresas digitales pueden operar sin problemas a través de las fronteras con una presencia física mínima. Esta capacidad de trascender las fronteras nacionales ha puesto de manifiesto importantes lagunas en los mecanismos de recaudación de los Estados miembros de la UE. Como resultado, ha surgido un desequilibrio estructural: las empresas tradicionales, que dependen de activos tangibles y operaciones locales, a menudo se enfrentan a tipos impositivos efectivos mucho más altos, mientras que los gigantes digitales explotan las lagunas, las estrategias de traslado de beneficios y las discrepancias en los regímenes fiscales nacionales para minimizar su efectiva carga fiscal.

Actualmente, las principales empresas digitales pagan un tipo impositivo medio efectivo de sólo el 9,5 %, frente al 23,3 % de las empresas tradicionales. Esta disparidad distorsiona la competencia y priva a los Estados miembros de unos ingresos fiscales cruciales, obstaculizando su capacidad para financiar bienes y servicios públicos esenciales. La magnitud de este problema se ve subrayada por el hecho de que, en 2024, los gigantes tecnológicos generaron en la UE el 7,3 % de su volumen de negocios mundial.

Para abordar esta cuestión, la Comisión Europea propuso un impuesto sobre los servicios digitales (ISD, DST, digital services tax) en 2018, estableciendo un gravamen del 3 % sobre los ingresos procedentes de determinadas actividades digitales. Sin embargo, esta iniciativa quedó en suspenso debido a las negociaciones en curso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco del primer pilar, cuyo objetivo era establecer un marco global para la fiscalidad de las empresas digitales. Estas discusiones se han estancado, dejando a Europa sin un enfoque global de la fiscalidad digital.

Desde la propuesta de la Comisión en 2018, una serie de crisis mundiales -incluida la pandemia COVID- 19, la invasión rusa de Ucrania y un cambio en la política de los Estados Unidos con el regreso de la Administración Trump- han aumentado significativamente las necesidades de financiación de Europa. La UE se enfrenta a crecientes presiones presupuestarias en su intento de mejorar la defensa, la seguridad y la resiliencia económica. Además, garantizar una financiación suficiente para las empresas europeas, especialmente en sectores estratégicos, se ha convertido en una prioridad clave. En este contexto, reconsiderar la opción de un ISD se ha vuelto cada vez más urgente.

A mi juicio, el ISD ofrece a la UE la oportunidad de liderar la creación de un marco fiscal justo, transparente y eficaz para la economía digital. Esto permitiría a Europa sentar las bases para reformas globales más amplias, al tiempo que aborda sus propias necesidades fiscales inmediatas.

De cara al futuro, la UE debería dar prioridad a la introducción del ISD. Dado que la propuesta ya está sobre la mesa, los próximos pasos deben consistir en ultimar los detalles del ISD, garantizando su equidad y evitando disposiciones excesivamente complejas que podrían obstaculizar su aplicación en la práctica. Es esencial centrarse en las plataformas digitales que obtienen beneficios económicos sustanciales del mercado de la UE, con el fin de allanar el camino para la igualdad de condiciones con las empresas del mundo físico y evitar que las grandes corporaciones digitales obtengan una ventaja injusta sobre las empresas más tradicionales que ya contribuyen a los sistemas fiscales nacionales.

Además, la aplicación del ISD debe seguir siendo flexible para adaptarse al rápido ritmo de la innovación digital. A medida que surgen nuevos servicios, plataformas y modelos de negocio, la estructura fiscal debe evolucionar en consecuencia. El diseño del ISD debe incorporar mecanismos de adaptación al progreso tecnológico para garantizar que siga siendo pertinente en medio de la transformación digital en curso.

En conclusión, aunque la aplicación del ISD plantea retos, también ofrece importantes oportunidades. Asegurándose de que el sector digital contribuya equitativamente a las finanzas públicas, la UE puede apoyar sus objetivos más amplios de equidad social, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Y lo que es más importante, este planteamiento garantiza que los beneficios de la economía digital se repartan entre toda la sociedad de la UE, alineando así el crecimiento del sector digital con las prioridades a largo plazo de Europa.