abril 2025

El pasado 27 de abril, Inés Vallín Cifuentes, Team Leader Big Ticket en Zelsior, ofreció una tribuna de opinión para Confilegal bajo el título «La digitalización de la Justicia madrileña en 2026: ¿un fracaso anunciado?».

Cuando uno se imagina un Juzgado, piensa en togas, personas corriendo y esperas en pasillos; pero también piensa en torres de papel, en carpetas llenas de folios y en maletines repletos de expedientes.

La Comunidad de Madrid afirma que para 2026 este escenario desaparecerá, dejando paso a un sistema judicial cien por cien electrónico o de papel cero, donde los documentos físicos se verán sustituidos por el expediente digital, asumiendo la Administración el compromiso de renovar la infraestructura tecnológica.

Este ambicioso proyecto, fija en el horizonte la idea de una Administración ágil y eficaz, para la que el ejecutivo regional ha decidido destinar un presupuesto de más de 53 millones de euros en dos años. Sin embargo, aunque loable, este objetivo no está exento de desafíos y retos que se deben tener en cuenta para que la implantación sea real y eficiente.

Enfrentándonos diariamente a los medios tecnológicos precarizados de los Juzgados, parece difícil creer que en un año se vayan a unificar los sistemas informáticos y que, además, dicha unificación y digitalización no suponga un lastre en el quehacer diario de los profesionales y particulares.

Ya hemos visto los intentos de digitalización en otras Comunidades, y lo cierto es que las reticencias de los operadores son notables, puesto que, partiendo de un sistema creado para lo analógico, lo presencial y el papel, se pretende un giro de ciento ochenta grados, generando en muchas ocasiones una gran resistencia al cambio. Ya ocurrió así con la implantación del sistema Lexnet, y previsiblemente ocurrirá con este proyecto también.

En esa línea, parece interesante revelar los posibles costes ocultos que conlleva la digitalización, pues hablamos de cambiar el trabajo de miles de personas, desde jueces, fiscales o funcionarios, hasta abogados o procuradores. Un cambio que conlleva una pérdida de productividad en el proceso de aprendizaje y adaptación y que es probable que ahogue más a un sistema que ya está suficientemente colapsado.

Por otro lado, en un sistema donde las diferentes Administraciones regionales interaccionan continuamente, asombra la inexistencia y la falta de previsión de la gestión de los datos compartidos, así como la creación de un marco digital común que haría más eficiente el flujo de datos e información.

No debemos olvidarnos de los márgenes, y en los márgenes de este proyecto se quedan personas que interactúan constantemente con la Administración: personal con carencias tecnológicas, personas mayores o sin recursos.

Cuando hablamos de digitalizar la Justicia, un trámite necesario y urgente, no lo podemos hacer solamente desde el punto de vista del cambio de los sistemas informáticos, sino que inexorablemente debemos hacerlo también desde el cambio en la parte humana y en sus costumbres.

En relación a lo anterior, algo que suele fallar en este tipo de proyectos, es la falta de evaluación y control del impacto de los mismos. No se incluye a los operadores jurídicos en las posibles reformas o mejoras y no se mide el grado de satisfacción de los usuarios con el nuevo sistema. Así pues, se hace imperativa la medición del rendimiento, pues por muy alto que sea el coste de la evaluación, la inversión en la digitalización, si no tiene retorno, es una inversión perdida.

Otra de las figuras más controvertidas de este proyecto es el llamado “Buscador 360”. Esta herramienta, permite que los empleados públicos puedan buscar todo lo relacionado con un expediente judicial a la vez. Para ello, incorpora 60 millones de documentos y 500.000 videos transcritos automáticamente mediante inteligencia artificial.

Los principios de esta herramienta convergen directamente con lo regulado en la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que prohíbe las decisiones automatizadas en ciertas materias más sensibles como la Justicia. Aunque no queda clara la convivencia de esta figura con la norma, lo que sí que está claro, es que del error o del mal uso de esta herramienta se pueden derivar consecuencias jurídicas con gran impacto para el ciudadano.

Puedes leer la tribuna completa publicada por Confilegal a continuación: La digitalización de la Justicia madrileña en 2026: ¿un fracaso anunciado?

Bajo el título «¿Vida después de la muerte? Hablemos de patrimonio digital», Helena Palomino Moraleda, Profesora de Derecho Civil en Universidad de Castilla-La Mancha, nos ofrece su visión sobre un tema cada vez más relevante: la sucesión del patrimonio digital tras el fallecimiento. Reflexiona sobre cómo la huella online que dejamos plantea nuevos desafíos jurídicos y sucesorios.

¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrirá con tu perfil de redes sociales cuando fallezcas? O, en caso de invertir en monedas virtuales, ¿cuál será su destino tras tu muerte? Considero erróneo afirmar que hoy en día vivimos una revolución digital. Al menos datar esta cómo algo novedoso de nuestros días. Ya en el nuevo siglo, la presencia de Internet, las redes sociales, los asistentes virtuales e incluso los coches autónomos forman parte de nuestro día a día y conquistarán más terreno gracias a los avances de la tecnología. En España conviven los llamados nativos digitales y quienes, no siempre por propia elección, se han adaptado a la nueva realidad digital. Pero ¿qué impacto tiene esta inmortal vida online cuando la naturaleza del ser humano se abre paso?

Tradicionalmente, el patrimonio que una persona transmitía a sus sucesores estaba formado por sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguían con su muerte. Estos elementos no han variado, pero sí lo ha hecho su naturaleza. La irrupción de la digitalización ha introducido nuevos factores en el proceso sucesorio. Las personas ya no son titulares, únicamente, de bienes tangibles, sino que, debido a que nuestras vidas tienen lugar -la mayor parte del tiempo- online (interacción en redes sociales, comercio electrónico, banca digital, etc.) dejamos una huella digital que será imborrable; una presencia que perdurará después de nuestra muerte. Este hecho ha generado numerosos interrogantes entre los juristas españoles quienes, ante la pregunta de qué ocurrirá con esta identidad digital cuando ya no estemos, debatimos sobre la necesidad de crear nuevos instrumentos jurídicos para ordenar la sucesión de estos bienes digitales o si es suficiente con los ya existentes.

Aunque la cuestión no está exenta de polémica, considero que nada obsta para interpretar que el Código Civil español permite que la herencia, cómo objeto de sucesión mortis causa, comprenda tantos bienes analógicos cómo digitales (artículo 659). Lo que hace irrelevante para la cuestión, más allá de la esfera conceptual, diferenciar entre unos y otros. Por lo tanto, no existe duda de que el patrimonio digital será objeto de transmisión a la muerte de su titular. Igualmente, los instrumentos que el ordenamiento jurídico dispone en la actualidad para ordenar la sucesión (voluntad del causante y ley) resultan válidos para tal fin.

Uno de los principales problemas que se plantean es el conocimiento del legado digital. Cómo es habitual, el otorgamiento de testamento reduce el foco de oscuridad. El titular de bienes digitales puede determinar cuáles son sus bienes digitales y ordenar su destino para cuando él ya no esté, así como comunicar las claves de acceso para acceder a ellos o imponer cargas a sus sucesores sobre el modo en el que estos deben ser gestionados. Sin embargo, no siempre quien fallece ha otorgado testamento, lo que complica la cuestión. En este escenario resulta fácil conocer, por ejemplo, los bienes inmuebles del fallecido a través del Registro de la Propiedad, pero la inexistencia de una institución similar para los bienes digitales obstaculiza su transmisión. Además, la existencia de sistemas de auto custodia cómo las billeteras propias (wallets) en materia de criptoactivos pueden suponer una barrera para la sucesión hereditaria, aumentando las posibilidades de que se pierdan para siempre si su titular no ha comunicado su existencia o las claves privadas.

En todo caso, el patrimonio digital puede observarse desde dos perspectivas, la patrimonial o como protección de datos personales. Aunque solo esta última ha sido objeto de regulación, a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos, habrá ocasiones en que ambos escenarios converjan cómo es el caso de los perfiles en redes sociales monetizados. Para la transmisión del patrimonio digital se debe tener también en cuenta la presencia de los prestadores de servicios o bienes digitales, encargados de permitir el acceso. El art. 96 LOPD legitima a un amplio número de personas para acceder a los contenidos digitales de la persona fallecida. No se reconoce legitimación únicamente a sus herederos sino también a las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o, de hecho. En caso de que se haya dispuesto en testamento, considero que debería primar la voluntad del causante (et voluntas illius lex sit) por encima de tal regulación y reconocer solo cómo sucesores en los contenidos digitales a las personas que este hubiera designado.

Sin embargo, la cuestión no es tan clara cuando la sucesión está ordenada por ley, pudiendo generar controversias, en especial, con respecto a la intimidad de la persona fallecida. Aunque es cierto que el derecho a la intimidad, al ser personalísimo, no se extiende tras la muerte, sí existe una protección a la personalidad pretérita del fallecido que puede verse afectada. Esta amplia legitimación puede generar también otros conflictos en la praxis, cómo por ejemplo la falta de unanimidad entre los legitimados en cuanto a las decisiones de gestión de ese patrimonio o la incompatibilidad con la voluntad que expresó el fallecido a las plataformas. Compañías cómo Apple prevén que pueda designarse en vida un representante digital que estará legitimado para acceder a los datos almacenados en la cuenta tras el fallecimiento del titular. ¿Debe Apple reconocer el acceso a estos contenidos digitales únicamente a quien la persona haya designado cómo representante o a todos a quienes la LOPD reconoce legitimación? Considero que solo quien haya designado el fallecido debe estar legitimado para acceder.

Cómo se observa la sucesión del patrimonio digital plantea interesantes retos de futuro en los que el papel de los Notarios será fundamental, así como la creación de depósitos de contraseñas o registros de bienes digitales que faciliten la transmisión. Estaremos expectantes al alumbramiento de nuevas figuras que aporten seguridad jurídica a la cuestión.

Anunciamos la incorporación de Pablo de la Viña Muhlack como nuevo CEO. Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, de la Viña se suma a la dirección de la compañía tras la fusión total de Atlante y Proinvest bajo la marca Zelsior.

Pablo de la Viña Muhlack cuenta con una amplia experiencia en estrategia y análisis de cobros, habiendo ocupado puestos clave en reconocidas instituciones financieras y bancarias (Link Finanzas, Savia Asset y Citibank). A lo largo de sus más de 20 años de carrera, ha liderado con éxito equipos en la implementación de soluciones innovadoras para la optimización de procesos de recuperación de deuda, contribuyendo significativamente al crecimiento y la eficiencia de las organizaciones en las que ha trabajado. Con un enfoque constante en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, su experiencia será fundamental para llevar a Zelsior hacia nuevos horizontes, consolidando su liderazgo en el sector y abriendo oportunidades de expansión en el sector judicial, principalmente el de recuperación de deuda.

Asimismo, su fichaje coincide en el año de la celebración del décimo aniversario de la empresa, un hito que refleja diez años de crecimiento, innovación y compromiso en el sector de la recuperación de deuda.

Crecimiento y transformación

Fundada en 2015, y gracias a la combinación de tecnología propia basada en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning como herramienta estratégica para automatizar procesos, y a sus profesionales altamente cualificados, Zelsior se ha convertido en la compañía líder en el ámbito de los servicios de gestión procesal y uno de los principales referentes Legaltech en España. La firma ofrece servicios legales 360º en el ámbito de la gestión del crédito gracias a la aplicación de la tecnología avanzada propia (software Lyra) que permite la gestión y automatización de procedimientos masivos y la optimización de recursos mediante la IA aplicada al ámbito legal, transformando la lentitud burocrática en un servicio ágil y al alcance de todos.

La reciente integración de Atlante y Proinvest ha supuesto la consolidación de todas las áreas productivas y equipos, así como la homogeneización completa de sus servicios, impulsando la eficiencia operativa del Grupo a través de la centralización y reorganización de la estructura de soporte y dirección, manteniendo sus dos sedes en localizaciones estratégicas como Madrid y Barcelona. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 200 empleados, y recibe más de 18.000 notificaciones judiciales al día. Zelsior, cerró su facturación en el año 2024 con un incremento del 15,72% respecto al año anterior.

“Nos complace enormemente dar la bienvenida a Pablo. Su liderazgo y amplia experiencia serán fundamentales para impulsar nuestro crecimiento continuo”, afirma Sonia Benito, managing director de Zelsior. “Este décimo aniversario, además, nos ofrece la oportunidad ideal para reflexionar sobre los logros alcanzados y mirar al futuro con optimismo”, añade.

Por su parte, Pablo de la Viña Muhlack asegura que afronta con gran ilusión su incorporación a “una empresa innovadora y moderna, que ofrece un servicio exquisito y de máximo nivel a sus clientes”. “Espero que mi experiencia y esfuerzo ayuden a consolidar aún más los logros de Zelsior en esta nueva etapa de madurez de la compañía”, asegura.

Puedes leer más sobre esta incorporación en Confilegal: La ‘Legaltech’ Zelsior incorpora a Pablo de la Viña Muhlack como nuevo CEO