marzo 2023

Tras dos meses de huelga, este martes 28 de marzo, los LAJ -Letrados de la Administración de Justicia- y el Ministerio de Justicia firmaron un acuerdo para recuperar la actividad judicial normal.

Desde el inicio de la huelga el 24 de enero hasta el 24 de marzo de 2023, el descenso en las notificaciones fue del 43% respecto al mismo período del año anterior, según los datos extraídos a través de Legal Insights, herramienta desarrollada por Atlante en colaboración con Goriz Advisors.

Le herramienta de análisis de datos masivos también arroja que, al cumplirse 62 días de la huelga en la que los LAJ reivindicaban mejoras salariales, las provincias más afectadas por el paro, con mayor volumen de descenso en las notificaciones mensuales -más de 10.000- en el mismo periodo del 2022 son Murcia (-76%), Santa Cruz de Tenerife (-70%), Alicante (-58%) y Asturias (-58%). Por el contrario, las provincias que registraron menos caídas de notificaciones en este periodo fueron Málaga, con un 23% menos, Sevilla (-24%), Valencia y Cádiz (-36%).

En relación con las comunidades autónomas con más casos de descenso en las notificaciones por los juzgados en el mismo periodo del 2022 fueron: La Rioja (-95%), Murcia (-76%), País Vasco (-62%) y Galicia (-61%).

Por otro lado, las autonomías con menos descensos de notificaciones en estos dos meses de huelga y, por lo tanto, las menos afectadas por el paro de la actividad fueron: Andalucía, con un 29% menos de notificaciones emitidas durante el mismo periodo de 2022, seguida por Aragón (-36%), Cataluña (-40%) y Madrid (-42%).

Por úttimo, según el informe elaborado por Legal Insights, la media de suspensiones diarias debido a la huelga durante este periodo ha sido del 30% del total de los señalamientos y vistas programadas.

«Aunque la Circular 2/2023 emitida por la Administración para evitar una avalancha de notificaciones nos indica que está previsto un sobreesfuerzo dedicado a compensar los efectos de la huelga, podría tardarse de cinco a diez meses en compensar el atraso generado por la huelga; y eso solo si los Letrados de la Administración de Justicia son un 15% o un 20% más eficientes que antes. Si no, este tiempo se puede alargar hasta que la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal introduzca mejoras que signifiquen mayor eficiencia en los juzgados y, por lo tanto, capacidad para gestionar más volumen»

Sonia Benito, Managing director de Atlante.

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«Los procuradores somos los ojos y las manos de los letrados en los juzgados, impulsamos las gestiones y las estrategias jurídicas»

Belén Núñez, directora del área de procuradores de Atlante.

Recientemente, Atlante ha nombrado como nueva directora del área de procuradores a Belén Núñez, que desarrollará la gestión de todas las carteras y demandas de los clientes del sector, así como el seguimiento de los KPI –indicadores clave de rendimiento– y los SLA –acuerdos del nivel de servicio-. De esta noticia se han hecho eco diversos medios, entre ellos Confilegal, que realizó una entrevista a Belén Núñez sobre su nuevo puesto.

Belén Núñez destacó la necesidad de modernización de los procuradores para «adquirir más protagonismo en los pleitos como colaboradores en las ejecuciones». Tras esto, señaló que la relación entre los procuradores y los medios digitales disponibles es una de sinergia, y no de rivalidad ya que, como dijo, «la tecnología no compite con la procura, sino que el legaltech presta su servicio gracias a la información proporcionada por los procuradores, que toman el pulso diario de la situación de gestión procesal en España»

«A su vez, esta tecnología hace que seamos capaces de generar informes y estudios sobre asuntos como lo sería, por ejemplo, el impacto de la huelga de letrados de la Administración de Justicia», indicó Núñez. «Los profesionales tienen que evolucionar y adaptarse, pero no significa que no sean necesarios, sino que se ligan a la tecnología».

La amplia experiencia de Belén, que abarca entidades financieras y bancarias, una red de procuradores y un «servicer», le ha dado la oportunidad de «ver todas las perspectivas del mundo de la recuperación», que ahora se ve transformado por el legaltech.

«El cliente necesita seguridad y cero incidencias en la gestión, certeza y rigor en los procedimientos, control, agilidad y proactividad (…) requieren calidad en la información, que esta esté depurada y actualizada, especialmente si llevan carteras con muchos clientes, y un buen sistema de reporting«

Belén Núñez, directora del área de procuradores de Atlante.

La procuraduría es un área más, en la que «el legaltech ofrece un servicio integral de letrados y procuradores que demanda el cliente», añadió, poniendo en relieve la potencia de los medios tecnológicos de Atlante. «Somos pioneros introduciendo tecnología en los procedimientos, como con la gestión de notificaciones; siempre contamos con la revisión de los gestores procesales, pero se ha triplicado su calidad de gestión»

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El pasado día 16 de marzo, Atlante, en colaboración con LA LEY, celebró la webinar: la nueva forma de ejercer la abogacía gracias a la tecnología, donde se permitió conocer el impacto que las nuevas tecnologías como ChatGPT e inteligencia artificial están teniendo y van a tener sobre las nuevas formas de ejercer la abogacía, la formación de los profesionales y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el sector.

«Legaltech son ese conjunto de herramientas que sirven para mejorar la eficiencia o la calidad del servicio jurídico o, en el caso, de su aplicación al ámbito de la Justicia, de hacerla más accesible.»

Patricia Manca, Socia Líder de New Law, PwC Tax and Legal.

Que la tecnología iba a transformar la forma de prestar servicios jurídicos era algo sabido, pero que esa transformación se iba a acelerar en la forma en que está haciendo en los últimos tiempos, y previsiblemente lo va a seguir haciendo en los que vienen, no parecía tan claro.

La llegada y la difusión masiva de una sola tecnología, como ChatGPT, ha conmocionado profundamente al sector legal y no cesa de plantear, casi día a día, nuevos interrogantes y perspectivas sobre las posibilidades que ofrece. Y que, sin duda, no van a cesar de aumentar en los próximos meses.

En cuanto a la forma en que estas herramientas están transformando la forma de prestar servicios jurídicos profesionales, Patricia Manca recordó que este cambio ha sido paulatino pero incesante a lo largo de los últimos años. En su opinión, el reflejo más relevante de este cambio es el surgimiento de nuevos modelos de negocio, a partir de la automatización de procesos internos y la explotación de los datos disponibles por las firmas y con los que anteriormente no era posible trabajar.

Esta posibilidad de trabajar con los datos facilita la toma de decisiones para el negocio y, en sí mismo, implica la transformación de la profesión y el surgimiento de nuevas áreas de especialización.

En este sentido, Elen Irazabal señaló que los perfiles híbridos o técnico-jurídicos son ya una necesidad que se está acelerando progresivamente, a causa de la cada vez mayor llegada al sector de la IA. Y ello pese a que, en su opinión, los abogados no están preparados para enfrentarse al desafío de la IA, ni desde el punto de vista regulatorio que, por ejemplo, va a implicar la necesidad de trabajar junto a los técnicos para realizar auditorias de los sistemas, ni en el de su aprovechamiento para la innovación. Algo preocupante teniendo en cuenta, advirtió, que la IA va a incorporarse mucho más fuertemente de lo que ya lo venía haciendo a herramientas de uso cotidiano por los juristas, como el correo electrónico o el entorno Office, de forma que la innovación va a estar marcada por la IA.

Esta tecnología se está utilizando en la automatización de procesos, como el envío de emails o el reporting a cliente, explicó Sonia Benito. Para ello es necesario segmentar los procesos y analizar las necesidades que generan y la tecnología disponible. Pero, como explicó Elen Irazabal, tiene utilidad también en la gestión de asuntos en los que hay “mucho de algo”, como es la gestión de las notificaciones judiciales y en los casos masivos.

Puedes leer el artículo completo escrito por LA LEY a continuación: https://diariolaley.laleynext.es/dll/2023/03/17/la-innovacion-en-el-sector-juridico-va-a-estar-marcada-por-la-inteligencia-artificial

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Elena Trujillo, Abogada de Atlante, realizó una tribuna para Lefebvre, compañía líder en el suministro de información jurídica, acerca de la tecnología en la abogacía.

Lee el artículo completo a continuación:

Que vivimos en una vorágine tecnológica no es ninguna novedad, pero que la tecnología pueda desplazar la función imprescindible de esgrimir argumentos jurídicos que realizan a diario los abogados en los juicios, sí que es un verdadero giro de guion para estos profesionales.

La tecnología se ha adueñado de la cotidianidad, pero aún quedan espacios donde parece que la digitalización se halla ante obstáculos. La Justicia es uno de estos ámbitos donde la digitalización no ha conseguido colarse por todos sus procesos, sin embargo, el tren del legaltech no desiste en su empeño.

A principios de año la firma DoNotPay daba a conocer su robot abogado en EE. UU. Una novedad que revolucionaría el legaltech, pero ¿era el primer robot abogado anunciado?

DoNotPay no es del todo pionero en este anuncio. La firma Baker & Hostetler en Estados Unidos ya contrató la IA conocida como ROSS basado en tecnología IBM que funciona como “asistente” del abogado. Se considera a ROSS como inteligencia cognitiva, capaz de aprender, entender y razonar.

Este robot, una vez se le plantea el caso, analiza toda la normativa aplicable al mismo, la doctrina, jurisprudencia relacionada, procesa toda esa información y da una conclusión al abogado sobre cuál sería la estrategia jurídica a seguir, pero no ofreciendo diferentes opciones (como hace actualmente cualquier buscador en internet), sino que ofrece al abogado la respuesta que considera más conveniente teniendo en cuenta todas las variables que ha procesado. Además, este robot es dinámico, es decir, su uso del machine learning hace que cuantos más casos estudia, más “aprenda” de ellos y más específica dará su respuesta ante los futuros casos planteados.

Este robot es utilizado como “asistente” del letrado, pero, si le proporciona la respuesta, ¿acaso no está desplazando la función del abogado a un simple actor que reproduce los argumentos obtenidos por un software?

Y es justamente esta ambiciosa propuesta la que esgrimía la firma DoNotPay. Esta empresa iba a ser capaz de sustituir a los letrados y el propio demandado o demandante podría acudir al juicio solo con la aplicación y reproducir sus argumentos.

Esta firma ha desarrollado una IA basada en el modelo de procesamiento de lenguaje desarrollado por OpenAI conocido como GPT. Esta IA se basa en el entrenamiento en lenguaje natural en un vasto volumen de textos en distintos idiomas. Una vez esta IA se encuentra alimentada con todos estos textos, es capaz de devolver sus propios contenidos coherentes.

Por tanto, este robot abogado no es más que una iteración de esta IA, preparada para dar consejos y textos legales, estandarizando todos los argumentos y discursos legales que podría ofrecer un abogado ante miles de casuísticas. ¿Se imaginan estandarizar todas las casuísticas de un proceso judicial?

Sin embargo, el éxito que pretendía esta aplicación como potencial abogado no ha llegado a buen puerto por dos motivos principales. El primero, por el rígido proceso judicial. para que esta aplicación pudiera ser usada de forma efectiva en un proceso, debía grabar todo el juicio. En España, la grabación de las vistas orales se hace de forma oficial por el propio juzgado, difícilmente podría encajar el uso de grabaciones de particulares. En todo caso, debería contar con un consentimiento expreso del juez. En el caso de EE. UU., donde esta aplicación iba a probar suerte, la corte Suprema prohíbe expresamente el uso de aparatos electrónicos durante el proceso judicial. Asimismo, esta aplicación podría llegar a tener dos formas de uso y solo una de ellas sería “viable”. Que el demandado/demandante fuese representado por su abogado, pero solo como requisito formal, ya que sería un mero interlocutor entre los resultados que ofreciera el software y el juez, o la segunda opción, la cual excluye la figura del abogado y el mismo demandado/demandante, sería el interlocutor entre el software y el juez. Sin embargo, esta segunda opción queda aún más descartada, ya que la representación judicial tanto en España como en EE. UU. debe ser ejercida por una persona colegiada.

En segundo lugar, la falta de desarrollo. El inicio de esta IA no era esgrimir argumentos jurídicos en el momento de recibir todos los datos de un caso judicial, sino que su función original era que cualquier ciudadano pudiera “contar” al ChatGPT qué le había ocurrido ante una multa de tráfico y esa aplicación devolvía el escrito jurídico para presentar ante el tribunal pertinente. Ciertamente esta funcionalidad de preparar recursos para multas de tráfico sí que se ofrece para poder estandarizarse de una manera mucho más sencilla, sin embargo, ¿estandarizar un divorcio? Efectivamente, no ha habido éxito en este trámite, ya que un testeo externo por una abogada offline indicó que, tras introducir los datos para conseguir una demanda de divorcio, el tiempo aproximado que la aplicación preveía para devolver este escrito era de 8 horas, aunque dos días más tarde aún no disponía del documento.

Ahora bien, a pesar de que DoNotPay no ha conseguido posicionarse como pionera en generar el primer abogado robot que pudiera defender en sala, ¿es posible que una IA almacenase todas las variables de un caso, que entendiera  los argumentos del contrario y los interrogatorios y pudiera relacionar el caso con las nuevas variables que se presentan en el momento del juicio, volver a procesar una vez teniendo estos nuevos argumentos los precedentes judiciales, otros argumentos jurídicos, textos legales, artículos de investigación y normativa aplicable al caso y responder en tiempo real de acuerdo a lo argumentado de contrario? ¿Será posible que la IA pudiera proporcionar argumentos jurídicos coherentes a todas las alegaciones esgrimidas en sala por los participantes y los relacionará con la normativa y jurisprudencia?

Fuera del ámbito judicial, si tenemos en cuenta que la IA fue capaz de diseñar el sistema AlphaGo, que no solo aprendió a jugar al juego de mesa Go, sino que innovó y creó nuevas jugadas que nunca le enseñaron sus creadores de carne y hueso, sino que las aprendió de forma autónoma, dando mejor respuesta que la que daría un humano a través de aprendizaje supervisado, quizá haya que reformular la pregunta y no debemos cuestionarnos si es posible que la IA pudiera ostentar de manera eficaz la representación en un juicio, sino cuándo sucederá.

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Sonia Benito, Managing director en Atlante, ofreció una entrevista en Dirigentes acerca de la digitalización en el sector jurídico.

Puedes leer la entrevista completa a continuación:

¿En qué punto está el sector legal en cuanto a digitalización?

La digitalización en el sector legal español se ha convertido en una necesidad porque nuestro actual sistema lleva años de retraso. En el sector público si bien ya se han dado los primeros pasos gracias a los Fondos Next Generation, aún hay un camino largo por recorrer y alcanzar el objetivo de contar con una justicia eficiente, sostenible e interconectada. Con respecto al sector privado, desde mediados de 2020, en gran parte gracias al auge tecnológico derivado de la crisis del COVI-19,  cada vez son más los operadores jurídicos que nos apalancamos en la tecnología para hacer más eficiente la prestación de los servicios jurídicos.

¿Cómo está transformando el sector legaltech el campo jurídico?

Las legaltech estamos transformando la forma de ejercer la abogacía y de prestar servicios legales. Somos empresas que desarrollan sus servicios de una forma alternativa a los prestadores de servicios jurídicos tradicionales. Fundamentamos nuestra actividad sobre los criterios de eficiencia y eficacia sin olvidar en ningún momento la calidad y especialidad que requiere la profesión jurídica. En Atlante colaboramos en poner nuestra más alta tecnología al servicio de nuestros clientes para dotarlos de eficiencia. Con el fin de gestionar de forma optimizada procedimientos judiciales y convertirnos en un verdadero partner de nuestros clientes, nos apoyamos en nuestro ADN tecnológico basado en IA y Machine Learning, lo cual permite la automatización de procesos y la reducción del error humano.

En España, ¿ha sabido el sector legal sacar partido a la tecnología o aún no está tan implantada como en otras áreas?

El sector legal está visto como uno de los más precarios en tecnología e innovación, por ello uno de los grandes propósitos de este 2023 es terminar con esa leyenda negra por la vía de los hechos. Tenemos siete años para ser un país próspero en este aspecto, necesitamos de una Administración pública de vanguardia capaz de proporcionar servicios de calidad homologables, capaces de intercambiar información y procedimientos con facilidad, tanto internamente como a los países más desarrollados, de modo que los operadores jurídicos privados que hayamos implantado el factor tecnológico podamos actuar con la Administración en todo un abanico de posibilidades que van a cambiar el mundo legal, por su extensión a procedimientos donde hoy aún es impensable una actuación propia del ssiglo XXI.

No obstante, es importante reconocer que se ha dado un primer paso con el desarrollo del proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, pero que hasta hoy no se ha empezado a ejecutar.

¿De qué forma puede la tecnología conseguir la eficiencia?

La tecnología bien aplicada y con el acompañamiento de conocimiento jurídico correcto, consigue la reducción de tiempo, de recursos y ayuda, a su vez, a prestar un servicio de calidad y confiable.

La tecnología es una aliada que nos puede ayudar en multitud de tareas asociadas a los servicios jurídicos: automatización de tareas administrativas y de poco valor añadido, el análisis de documentos legales y extracción de sus entidades para crear procesos internos de trabajo eficientes, generación de escritos legales de forma automatizada, predicción a través del análisis del dato los comportamientos de los tribunales o, incluso, revisión de hitos y estado de procedimientos.

En Atlante trabajan con machine learning e IA para, entre otros, procesar documentos judiciales o rastrear cuentas de consignaciones bancarias, ¿cómo funciona?

Atlante se ha apoyado en su ADN tecnológico basado en IA y Machine Learning para crear un ecosistema propio, LYRA, el cual gestiona miles de procedimientos judiciales. Este software ha procesado más de 8 millones de documentos legales, que se traducen en datos más automatizados, organizados y homogéneos, claves para lograr una gestión optimizada y la reducción del error humano al mínimo. Nacimos con una vocación tecnológico y nuestro sistema nos permite ir aprendiendo y creciendo sobre la base de nuestra propia gestión.

Desde la puesta en marcha del ecosistema de IA de la compañía, éste acumula más de 340.000 expedientes de gestión, llegando a tramitar 190.000 demandas solo en 2021, registrando un volumen de más de 16.000 notificaciones diarias y 8 millones de documentos.  Asimismo, contamos con una conexión directa y automatizada con Banco Santander, que ha permitido rastrear automáticamente miles de cuentas de consignaciones bancarias en las que nos encontramos personados.

¿Cuáles son las últimas innovaciones que han adoptado?

Atlante ha impulsado hace unos meses dos nuevas líneas de negocio dotadas de tecnología. La primera es Dividae, una plataforma 100% online que ofrece a asesores, gestores y abogados una solución para ayudar a sus clientes a reclamar aquellas facturas no cobradas. Con esta herramienta buscamos que las pymes y autónomos reclamen una deuda sea cual sea su importe a través de tecnología avanzada, eficiente, con seguridad jurídica y transparencia en su proceso.

La segunda es Legal Insights, una plataforma de análisis de datos diseñada para el sector jurídico con la ambición de generar y trabajar con la mayor información del dato para alcanzar los objetivos del área legal. Legal Insights utiliza más de 15 millones de líneas de información provenientes de procedimientos judiciales y analiza todo tipo de procedimientos en cualquier fase y a cualquier nivel, desde el autonómico hasta el de un juzgado concreto. De esta forma, permite realizar valoración de carteras y estrategias legales, optimizar la gestión interna, realizar benchmarking legal, establecer sistemas de alertas a nivel de juzgados o crear documentos informativos que reflejen las tendencias legales en formatos ejecutivos. Una innovación disruptiva que queremos compartir con nuestros partners, instituciones y administración.

El Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, ¿cómo va a cambiar el panorama?

La importancia del proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia radica en poder dar salida (con lo que ello supone en término económicos) a los 11.000 millones de euros (más del 1% del PIB) que, según un estudio de SIGMA DOS, se hallan paralizados sin ejecutar en la justicia española, pero también en aprovechar el dato como fuente de información cada vez que realizamos una actuación judicial. Cabe resaltar que, respecto a este último, la homogeneización del dato en el ámbito judicial es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta en este proyecto, pues ayudará a analizar las necesidades de las administraciones, la carga de trabajo de los juzgados y establecer dónde se pueden aplicar mayores recursos tanto humanos como tecnológicos. De modo que funcionaríamos de forma efectiva al mismo tiempo que ponemos a la tecnología a nuestra disposición. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para una exitosa homologación de los sistemas se necesita de la voluntad del Ministerio de Justicia como de las Comunidades Autónomas para su efectiva implantación. Solo así se trazaría un dato más limpio, del que se pueda obtener estadísticas y metodologías para que la justicia sea mucho más eficiente.

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